El Congreso se planta ante la maniobra del juez Puente para echar a Ábalos: “Ya está bien”

La respuesta del Congreso de los Diputados a la intromisión del juez Leopoldo Puente de recomendar al gobierno de la Cámara retirar el acta de diputado al que fuera número tres del PSOE José Luis Ábalos, imputado en la causa que investiga la llamada trama Koldo. Así lo sugirió el magistrado en su último auto, relativo a la libertad del ex ministro de Transportes, para articularse por ley “algún mecanismo apto” para tal fin. Injerencia que ha unificado las posiciones en el grueso de los grupos parlamentarios. De derecha a izquierda, a excepción de Vox. Todas las fuerzas han rechazado de pleno el planteamiento del juez al entender que su escrito podría suponer una vulneración de los derechos constitucionales tanto de los diputados como de los votantes.

El Hemiciclo fue un clamor tras el escrito del juez Puente y la respuesta fue prácticamente unánime contra la propuesta, aunque varía el tono en función del grupo parlamentario en cuestión. Los grupos de la izquierda parlamentaria se mostraron tremendamente duros contra el magistrado, especialmente el Partido Socialista. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, abrió fuego a preguntas de los medios de comunicación, con un mensaje directo al instructor para recordar que la Justicia no debe inmiscuirse en los otros poderes del Estado. “A los jueces no se les puede criticar porque salen todos en tromba. ¿Pero que hacen huelgas o declaraciones como las de éste diciéndonos lo que tenemos que hacer?”, censuró el ex lehendakari.

El socio minoritario del Ejecutivo no se ha quedado atrás. Su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez, reclamaba este viernes al instructor del caso Koldo “respeto al poder legislativo” tras sugerir la modificación de la normativa parlamentaria. La dirigente magenta lamentaba que se haya normalizado que los jueces “hagan política”, reprochando que éstos busquen “hacer de legisladores” y recordándoles que su radio de acción se ciñe a la pata judicial de los poderes del Estado. Ni más ni menos. “Ustedes juzguen, nosotros legislamos”, esgrimía diputada de los magentas, al tiempo que afeaba que este tipo de conductas “dañan la confianza ciudadana en la política”.

Respuesta unánime

El bloque de la investidura sigue la misma línea, en especial desde Podemos. La eurodiputada y candidata morada a las próximas generales, Irene Montero, quien al margen de atacar al PSOE y su “evidente” corrupción, cuestiona la “incapacidad” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer frente a la “guerra sucia judicial”. Así se ha pronunciado al ser interrogada por la reforma legislativa que demanda el instructor del caso Koldo, reivindicando la necesidad de articular una “izquierda fuerte” que pueda responder al “golpismo judicial”, pero también de “gobernar sin corrupción”.

Montero se ha dado golpes de pecho al recordar que su formación sufrió en primera persona una “guerra judicial y mediática” que fue “legitimada” por los sectores progresistas del país. Tacha de “increíble” la reacción de los socialistas cuando la dinamita de las togas alcanza sus cenáculos. “En estos años los sectores progresistas han estado más preocupados con acabar con la izquierda y de meter en un cajón al movimiento feminista que de hacer frente al golpismo judicial y a esos sectores reaccionarios que están haciéndole la guerra a la democracia”, espetaba este viernes.

El resto de miembros del bloque de la investidura se posicionan contra los planteamientos de Puente. Según han revelado desde el PNV a eldiario.es, entienden que un auto judicial no es el espacio idóneo para que la magistratura vuelque sus opiniones políticas. “Apliquen la ley y juzguen”, exponen, en contraposición con la dureza narrativa de EH Bildu, a cuyos diputados no causa sorpresa alguna ni las declaraciones ni las acciones del instructor del caso Koldo o de otros componentes de la judicatura. Es más, creen que sus actos ponen de relieve la necesidad de una depuración democrática de calado.

El sector independentista catalán recuerda los posos de Llarena tras el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017. En otras palabras, llueve sobre mojado a ojos de, por ejemplo, Junts per Catalunya. Los neoconvergentes, por tanto, abogan por la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es al que se aferró el magistrado en su momento para suspender a los dirigentes independentistas Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull.

El PP, a dos aguas

Lo chocante del asunto es que en sectores de la derecha, la respuesta es prácticamente idéntica. No en términos de dureza, pero los populares sí han acogido con reticencias el auto del juez Puente. Si bien en público han optado por adoptar un perfil más conservador – no contravenir al magistrado, pero tampoco ratificar su actuación -, en privado cambia la narrativa según exponen en eldiario.es. De hecho, el jefe del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, exhibió esa posición más timorata, limitándose a valorar los avances de la instrucción y censurar que Ábalos “siga a las órdenes del Gobierno”.

El relato cambia lejos del foco mediático, recordando que el escaño no es propiedad del partido, sino del diputado, pivotando su argumentación sobre una sentencia del Tribunal Constitucional de 1983. Un dictamen que expone que el derecho a participar “corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos”. “Los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos”, por lo que “la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad” de los grupos políticos sino de la “expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicos”.

Moncloa se pronuncia

La respuesta desde el Gobierno, si bien es contrario al movimiento de Puente, alberga una tonalidad más institucional. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se limitó a percutir en el “respeto absoluto por el procedimiento judicial” que guarda el Ejecutivo. No obstante, recordó que el PSOE reclamó a Ábalos su escaño “incluso antes de que existiera una investigación abierta”.

En este sentido, el titular de Presidencia ha reiterado que el PSOE ya tomó posición antes de la causa judicial, solicitando a Ábalos que dejara su escaño para proteger la imagen del partido. “Solo podemos reiterar lo que ya le pedimos entonces: que renunciara al acta de diputado socialista”, zanjó Bolaños.