El PSOE y el resto de los grupos del bloque de la investidura aceleran la tramitación de la reforma del Reglamento del Congreso que abre la puerta a sancionar a “pseudoperiodistas” como Vito Quiles o Bertrand Ndongo por obstaculizar la labor parlamentaria o de la prensa en la Cámara Baja. El objetivo es aprobarla este mismo mes de julio, con dos plenos antes de acabar el verano. El primero, el debate de totalidad, se celebrará el próximo 8 de julio, un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante sus señorías en doble sesión para dar explicaciones sobre el informe Cerdán y las cumbres internacionales (OTAN, ONU) y el Consejo de Europa. Según apuntan fuentes parlamentarias, la segunda se iría a la penúltima semana del mes.
La proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados se registró después de una concatenación de incidentes con los catalogados como “pseudoperiodistas” acreditados de medios digitales que se enfrentaron a políticos y otros corresponsales parlamentarios. Busca regular la renovación de las credenciales de los informadores que concede la Cámara Baja, así como la creación de un régimen sancionador para aplicarlo a aquellos profesionales acreditados cuya actividad se considere perjudicial para la actividad de la institución o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación.
PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria responden con este texto a las numerosas peticiones cursadas por colectivos profesionales de periodistas, que reclamaron a la Cámara Baja la implantación de medidas para “evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo”, como los que habitualmente llevan a cabo rostros como el de Javier Negre, Vito Quiles o Bertrand Ndongo tanto en las instalaciones del propio Congreso de los Diputados como en las zonas aledañas. Según subrayan fuentes parlamentarias, el espíritu de la normativa no pasa por limitar la labor de los corresponsales, sino que está diseñada como herramienta de contención ante “activistas de ultraderecha” que asisten a ruedas de prensa.
Blindaje a la normativa de la Cámara
El Reglamento del Congreso encargó a la Mesa de la Cámara la concesión de acreditaciones a representantes de los medios en 1982. La reforma, sin embargo, orbita sobre la regulación del procedimiento para la renovación de las mismas, así como el establecimiento de “requisitos que resulten exigibles”. Por otro lado, se creará un órgano de carácter consultivo, compuesto por un miembro de cada grupo y delegados de los medios de comunicación, que tendrá potestad para proponer sanciones contra un informador acreditado. No obstante, será la Mesa quien tenga la última palabra en cada caso.
De este modo, se obliga a todos los profesionales de la información acreditados a respetar las “reglas de cortesía parlamentaria”, así como las directrices de la Mesa. Es decir, quedará totalmente prohibido grabar imágenes sin contar con la acreditación, amén de sanciones que conlleven a la suspensión de las credenciales de manera temporal o incluso su revocación definitiva.
La Cámara Baja ya pisó el acelerador hace unos días al reunir 178 firmas de diputados – por encima de la mayoría absoluta – para habilitar cuantas sesiones parlamentarias fueran necesarias para aprobar el Reglamento antes de las vacaciones. De esta manera, podría entrar en vigor en el próximo periodo de sesiones, que arranca en el mes de septiembre. Los impulsores de la reforma ya pidieron tramitar la proposición por la vía de urgencia, por lo que se acortaron los plazos a la mitad.
Enmiendas a la totalidad
Así las cosas, tras el último impulso del bloque que sostiene a la coalición, se prevé que el próximo martes por la tarde se celebre una sesión plenaria para debatir y votar las enmiendas a la totalidad que PP y Vox presentaron a la proposición. Conservadores y ultraderechistas, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), fueron los únicos que votaron en contra de la admisión a trámite del articulado.
El Grupo Popular registró su propia alternativa en la que se suprime todo lo vinculado a la regulación de credenciales a los medios de comunicación. Los conservadores sostienen que la Presidencia del Congreso ostenta poderes de policía en dependencias parlamentarias y para el mantenimiento del orden. De este modo, el PP sugiere que se pueden adoptar “cuantas medidas consideren oportunas” contra los “alborotadores”. De hecho, apuntan que podría conllevar la expulsión y puesta a disposición judicial de quien perturbara el orden público. Asimismo, afean que “cualquier pretensión para hurtar” esa facultad y delegarla en la Mesa de la Cámara u otros órganos “conculcaría ese principio general”.
En cambio, la segunda parte de la proposición de ley se mantiene intacta en el proyecto conservador. Este otro ámbito de actuación incide en los supuestos en los que los diputados pueden solicitar el voto telemático, de manera que se ponga sobre la mesa la opción de hacerlo cuando haya urgencias familiares cercanos o su fallecimiento. La idea es “compatibilizar el ejercicio del cargo con situaciones de evidente gravedad y excepcional trascendencia”.
Vox, a lo suyo
Por su parte, los ultraderechistas ponen el foco sobre las lenguas oficiales, no sin el consiguiente rechazo frontal a las iniciativas para regular el derecho de información en la Cámara. Por ello, recopila en su texto varias reivindicaciones clásicas de la formación de Santiago Abascal, como la supresión del catalán, gallego, valenciano y euskera o la regulación de las fórmulas de acatamiento de la Constitución para nuevos parlamentarios y así evitar añadidos. Por otro lado, también proponen recortar a la mitad el número de comisiones parlamentarias o exigir informes jurídicos al presentar proposiciones de ley.
Sendos textos alternativos se debatirán y votarán el próximo 8 de julio y, a juzgar por los posicionamientos del resto de grupos, todo apunta a que serán rechazados. Lo que implica que la propuesta del PSOE y sus aliados continúe el carril de la tramitación hasta llegar al 22 de julio, cuando se prevé que se apruebe en lectura única “sin pasar por ponencia ni comisión”.