El pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde a la ley que castiga con penas de prisión las llamadas terapias de conversión para el colectivo LGTBI después de que el año pasado el PSOE presentara el texto. No obstante, pese a salir adelante, ha contado con los votos en contra de los 32 diputados de Vox, 138 abstenciones del Partido Popular (PP) y 178 votos a favor. De esta forma, la norma inicia su trámite en el Senado.

Con la norma aprobada sobre la mesa, el objetivo que se busca es la modificación del Código Penal con la introducción del artículo 173.bis para establecer penas de prisión "de seis meses a dos años y multa de ocho a veinticuatro meses para aquel que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal" este tipo de terapias para "modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género". Pese a que ahora, todo ello está bajo pena con cárcel, hasta ahora y desde la Ley trans de 2023, también estaban castigadas pero solo con una sanción administrativa.

Entre otras cosas, con esta modificación del Código Penal se incluye la inhabilitación temporal de aquellos que ejerzan las terapias de conversión y vetos para los que trabajen con menores. En este sentido, se considerará un agravante que las víctimas de estas terapias sean menores de edad, si ha habido violencia, intimidación o daño, si se ha producido abuso, o cuando quien la ejerce pertenezca a una organización dedicada a la ejecución de estas prácticas.

Al término del debate, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tildado la jornada de "mañana histórica" y ha señalado que estas prácticas de conversión suponen una "tortura, violencia y tratos inhumanos o degradantes" que vulneran el artículo 15 de la Constitución. En esta línea, Redondo ha puesto de relieve el papel de referentes históricos del activismo LGTBI+ como Pedro Zerolo o Manolita Chen, y ha agradecido el compromiso de los grupos parlamentarios que han defendido que "la dignidad y los derechos no tienen límites".

"Hoy somos reconocidos como el país del mundo donde una persona LGTBI puede desarrollarse, puede ser feliz, puede amar a quien quiera amar y ser como es. Y esa ha sido nuestra aportación a la historia. Creo que es un momento histórico", ha subrayado.

Ser uno mismo "sin miedo, culpa ni violencia"

Al hilo de todo ello, el diputado del PSOE Víctor Gutiérrez ha reprochado que estas prácticas no son terapias, sino "una forma de tortura" y ha celebrado que la norma castigará estos procedimientos con penas de seis meses a dos años de prisión, independientemente de que medie el consentimiento de la víctima, argumentando que una "tortura" lo sigue siendo aunque se acceda a ella bajo la presión del entorno.

Asimismo, ha cargado contra el PP y Vox por situarse en el lado "incorrecto de la historia", recriminándoles sus enmiendas y los recortes autonómicos en materia de diversidad, para concluir con un mensaje de reparación a las víctimas al afirmar que la verdadera libertad consiste en poder ser uno mismo "sin miedo, culpa ni violencia".

Por su parte, desde Sumar, Tesh Sidi ha defendido la vía penal argumentando que las meras sanciones económicas no bastan. No obstante, el grupo ha lamentado que, si bien la reforma hace justicia contra los agresores, se queda corta al no ofrecer una reparación "efectiva" a las víctimas, un objetivo por el cual ha asegurado que seguirán luchando.

En líneas similares, desde Compromís, Àgueda Micó ha cargado contra el PSOE por no permitir incluir planes de ayuda habitacional y económica para las víctimas. "¿Tan difícil de entender es que las víctimas necesitan seguridad económica y habitacional para poder blindar su derecho a la denuncia?", ha cuestionado, al mismo tiempo que ha preguntado qué votaría el activista y político Pedro Zerolo.

PP se abstiene y Vox carga contra el "absoluto despropósito"

Por otra parte, el diputado del PP Jaime de los Santos ha afirmado que la ley contra las terapias de conversión es necesaria por tratarse de un delito "inaceptable" contra la dignidad humana, a la vez que ha defendido que estas prácticas requieren "todo el peso de la ley" y la vía penal en lugar de meras sanciones administrativas. Sin embargo, el 'popular' ha denunciado el "sectarismo" y la "instrumentalización" del colectivo LGTBI+ por parte de la izquierda.

Asimismo, ha reivindicado la gestión histórica del PP en la defensa de la diversidad en municipios y comunidades autónomas donde gobierna. "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres", ha concluido.

En otro orden de cosas, desde Vox han rechazado la iniciativa al calificarla como un "absoluto despropósito" y un ataque directo "a la libertad individual", acusando a la izquierda de pretender "imponer" su pensamiento "a golpe de Código Penal". "Esta proposición de ley va de encarcelar a quienes no piensan como ustedes, a quienes no quieren actuar como ustedes", ha recalcado.

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