La Comunidad Valenciana mira a su futuro a través de una ventana opaca: PP y Vox apenas deslizan contenidos del pacto en el que trabajan

Más allá de por las declaraciones que Mazón dejó a su pasó por la Comisión de Investigación del Gongreso de los Diputados en relación a la DANA, las cuales le han valido ya denuncias por falso testimonio ante las afirmaciones que realizó que resultaron ser contrarias a los hechos probados, la Comunidad Valenciana sigue siendo protagonista y no halla todavía descanso ni a la incertidumbre del futuro por venir en este territorio ni a ser una región marcada por la polémica en los últimos meses. La dimisión del presidente de la comunidad autónoma, quien estaba demasiado rodeado por su gestión del 29 de octubre, no supuso el final de la controversia, sino que ahora se siguen abriendo caminos ante las negociaciones que mantiene el Partido Popular con Vox para investir a Juan Francisco Pérez-Llorca.

Son 99 los diputados que componen la cámara parlamentaria de las Cortes Valencianas, por lo que la mayoría necesaria para impulsar a un candidato a la presidencia y aprobar medidas de gestión se ubica en los 50 escaños. Cifra que no alcanza el Partido Popular al contar con 40, lo que hace que necesite los 13 de Vox y que las exigencias que marcan los Abascal deban de ser atendidas por los populares si quieren seguir gobernando en esta región y no verse obligados a convocar unos comicios electorales, que poco les interesan tanto por los resultados de las últimas encuesta como por la mermada imagen de la formación fruto de la catástrofe y el descontento de los ciudadanos con Carlos Mazón por su nula implicación en la gestión de la DANA y las mentiras que ha vertido sobre ello a lo largo del último año.

La votación de investidura de Juan Francisco Pérez-Llorca se ha convocado el próximo 27 de noviembre, si bien todavía no se ha concretado si habrá finalmente un apoyo efectivo de Vox a su candidatura a la presidencia ni los detalles de las conversaciones que mantienen ambos partidos, lo cual genera dudas de cuáles serán las líneas de trabajo que seguirá el posible futuro Ejecutivo de esta comunidad autónoma y que afectará a la vida de los ciudadanos de esta región en las competencias de las que dispone.

PP y Vox negocian con la persiana echada

Aunque la opacidad es casi total, PP y Vox están dejando algunas rendijas, muy pequeñas, para conocer algunas de las condiciones que se están poniendo sobre la mesa. Si bien, puede ser que esos pequeños detalles que salen a la luz no terminen tampoco de ser definitivos y que, precisamente, se hagan públicos para tratar de hacer algún tipo de presión en la otra parte ante la reacción que pueda generar en la ciudadanía. 

Entre los aspectos que se están negociando y que ya se van conociendo hay asuntos que despiertan polémica como la materia migratoria, donde Vox está reclamando que se recaben estadísticas diferenciadas entre población nacional y migrante con las cuales se exponga su contribución al estado del bienestar, el uso de la sanidad (urgencias), donaciones de sangre y absentismo laboral.  No solo eso, sino que los de Abascal pretenden marcar diferencias sociales limitando el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión, para lo cual estarían pidiendo que se lleve a cabo una reforma que no solo condiciones el acceso de determinados inmigrantes, sino que también modifique la definición legal de violencia. De hecho, se pide que se niegue el pago de esta renta a las mujeres que utilicen pañuelo o 'hiyab' para taparse la cara.

En asuntos que son motivo de controversia en el ideario que Vox plantea en todo el territorio nacional, los de Abascal han planteado que, como ya han hecho en varias ocasiones, que se elimine el término “violencia de género” y que este sea sustituido por expresiones como “violencia intrafamiliar” o “violencia contra la mujer”. 

En lo referido a otros ámbitos en los que la posición de Vox ha provocado gran polémica, el cambio climático no ha quedado fuera en lo que se ha ido conociendo en la mesa de negociación. Vox está reclamando la derogación o flexibilización de diversas normas verdes. Así, los de Abascal están pidiendo en Valencia que se supriman las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y abolir restricciones locales ya aprobadas. Medidas que ponen como condicionantes para apoyar a Pérez-Llorca y que no quedan ahí, pues también piden que se dejen de imponer sanciones asociadas a esas zonas y que deje de aplicarse la Ley Valenciana de Cambio Climático y normativas de residuos, argumentando que imponen una carga injusta sobre la movilidad, la industria y el comercio. 

Otro de los grandes puntos en torno a al que están pivotando las negociaciones es el desarrollo urbanístico de la comunidad autónoma. Desde la parte de Vox se están pidiendo que se considere llevar a cabo modificaciones de relevancia en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) lo que supondría que los promotores inmobiliarios dispongan de más poder, dándoles pie incluso modificar planes generales que normalmente dependen de los ayuntamientos. También se estaría valorando un nuevo plan en el parque natural de l’Albufera que, en lugar de reforzar el bienestar de este espacio, podría tener el efecto contrario y debilitar su protección ambiental.

Estos son algunos de los asuntos que están abordando el PP y Vox en las negociaciones pero que, como se hacía mención, se están conociendo a cuenta gotas y de los que no se halla mayor detalle más allá del titular. Cabe recordar que durante todo este tiempo, los de Abascal han subrayado que su posición de dureza en las negociaciones, que no poseen ninguna prisa y que sus condicionantes debían de ser atendidos para que el PP pueda investir a Pérez-Llorca.

El PSPV habla de "fraude democrático" y recalca una opacidad que no atiende a lo que votaron los ciudadanos

Desde el PSPV-PSOE lo tienen claro, tildan de “fraude democrático” el nuevo acuerdo entre el Partido Popular y VOX en la Comunitat Valenciana y subrayan que todo lo se está tratando en las negociaciones está basado en la opacidad y en la mentira, recalcando que "no es lo que votó la gente en las últimas elecciones autonómicas”. Así se ha pronunciado este el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, en declaraciones posteriores a la junta de portavoces durante las que ha instado al PP y VOX a “hacer públicas las condiciones de su acuerdo” y ha asegurado que “ese pacto secreto ya lo tienen firmado, el problema es que es tan vergonzoso que no se atreven a enseñarlo”.

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que “en el Partido Popular están en una carrera para ver quién es más facha y quién gusta más a Abascal” y ha alertado que “los populares han renunciado a su papel de derecha moderada para asumir totalmente el ideario de la ultraderecha”. Además, ha subrayado que “vemos a una extrema derecha que está pletórica porque está viendo como su ideario se está imponiendo en la Comunitat Valenciana” y ha insistido en que “todo en ese nuevo pacto está mal: se hace sobre la memoria de 229 personas, el candidato es el número 2 de Mazón que viene a tapar sus vergüenzas y, por si fuera poco, lo esconden”.

Finalmente, los y las socialistas valencianos han exigido la convocatoria electoral en la Comunitat Valenciana y ha preguntado al Partido Popular “cómo pueden ser motivos para abrir las urnas unos presupuestos, pero no la pérdida de 229 vidas”. “¿De qué tiene miedo el Partido Popular?”, ha remarcado, al tiempo que indicado que “no vamos a tolerar ni quedarnos callados mientras la derecha convierte a los valencianos en los conejillos de indias de toda España”. “Queremos urnas”, ha concluido.