Compromís y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una solicitud para que se realice una comisión de investigación “relativa a las presuntas ilegalidades cometidas por el ex Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, y para determinar, en su caso, las consiguientes responsabilidades éticas y políticas.

“Desde Compromís entendemos que por salud democrática y por la propia salud de la institución, se debe investigar y determinar cuál ha sido el comportamiento del anterior Jefe de Estado”, expuso el diputado Joan Baldoví, antes de incidir en las pesquisas de la investigación que pretende abrir en torno a la figura del monarca: “Si ha participado en actividades económicas que no le permite la Constitución, si ha adjudicado contratos y ha recibido comisiones ilegales. Entendemos que, en un Estado democrático, el rey y sus cuentas deben ser transparentes”.

Compromís ha decidido insistir en que se investiguen las actividades del padre de Felipe VI después de la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitara, en una comisión rogatoria a las autoridades suizas, todas las indagaciones que la justicia del país helvético ha realizado desde 2018 sobre los presuntos testaferros del exmonarca.

Juan Carlos I se ha convertido en objetivo internacional de la prensa. El presunto cobro de 100 millones de euros de Arabia Saudí y su posterior donación a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, otrora amiga íntima del monarca, han vuelto a poner en el foco sus negocios particulares, especialmente las presuntas irregularidades que se pudieron cometer en relación con el AVE a La Meca.

Unidas Podemos ha adelantado que apoyará abrir la investigación, mientras que el PSOE aún no ha valorado su decisión final. De los socialistas dependerá en buena medida que la Mesa del Congreso no frene su tramitación, como ha hecho con anteriores peticiones relativas a la exigencia de responsabilidades a quien ha ocupado la Jefatura del Estado, amparándose en el argumento de que el Congreso no puede controlar sus actuaciones.

Pesquisas de la solicitud

Tal y como reza el comunicado sellado con las firmas de Joan Baldoví y Gabriel Rufián, “la abdicación de Juan Carlos de Borbón en 2014 ha supuesto la renuncia al privilegio de inviolabilidad”, por lo que sendos partidos recuerdan que “a efectos legales es importante recordar que los hechos declarados por el abogado de Corinna Larsen se han desarrollado después de su abdicación”.

“Más allá de las posibles responsabilidades legales de Juan Carlos de Borbón, el Congreso ha de determinar las responsabilidades políticas y éticas que se pueden derivar de lo que podría ser una actividad delictiva”, reza el comunicado, que anima a “determinar el alcalde de estos indicios, conocer la verdad, dilucidar las responsabilidad políticas y éticas, así como proponer medidas de calado para que esto no vuelva a suceder”.

Objeto de la Comisión

La solicitud presentada en el Congreso de los Diputado recoge cuatro líneas de actuación esenciales: detectar y conocer las cuentas del rey emérito en paraísos fiscales, hallar las pruebas de la presunta relación del monarca con el ‘caso Tándem’, investigar presuntos casos de blanqueo de capitales y profundizar en la existencia de redes y estructuras opacas utilizadas en el contrato del AVE a La Meca.