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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón un informe sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio. La documentación, sin embargo, no incorpora nuevos elementos a la investigación judicial, ya que se limita a recoger información que el Gobierno había desclasificado anteriormente. La magistrada continúa así sin disponer de nuevas pruebas documentales que permitan esclarecer algunos de los episodios más controvertidos de aquella crisis, entre ellos la presencia de buques militares marroquíes en aguas españolas.
La entrega del informe responde a una petición formulada por Tardón a mediados de septiembre para reconstruir lo ocurrido durante aquellas jornadas y determinar si existió una actuación organizada para facilitar la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma. La investigación trata de establecer qué información manejaban las autoridades españolas antes de la crisis, cuándo recibieron los primeros avisos y qué responsabilidad pudieron tener distintos organismos en el desarrollo de los acontecimientos.
La respuesta del CNI supone un nuevo trámite en unas diligencias que han puesto bajo escrutinio tanto la actuación de Marruecos como los mecanismos de prevención y respuesta del Estado español. Aunque el Ejecutivo hizo públicos en septiembre decenas de documentos sobre la crisis, la información remitida ahora por los servicios de inteligencia no amplía el material que ya se encontraba disponible. Esto no significa que no existan otros documentos clasificados, sino que no se han incorporado nuevas informaciones de esa naturaleza a través de esta entrega.
Los avisos previos y el papel de Marruecos
Una de las principales cuestiones que examina la magistrada es si las autoridades conocían con suficiente antelación la magnitud de la movilización que se estaba preparando al otro lado de la frontera. Los documentos desclasificados el pasado 9 de septiembre confirmaron que el CNI había detectado convocatorias en redes sociales que alentaban a entrar masivamente en Ceuta, tanto por vía terrestre como marítima. Las alertas se trasladaron a distintos organismos españoles y también a los servicios de inteligencia marroquíes para advertir de la situación y solicitar un refuerzo de la vigilancia fronteriza.
Según ha publicado El País, el informe entregado el miércoles a la Audiencia Nacional mantiene esa misma línea. Los servicios de inteligencia españoles comunicaron la existencia de grupos en redes sociales con más de 180.000 integrantes en los que circulaban llamamientos para cruzar la frontera. No obstante, la investigación todavía debe determinar hasta qué punto aquellas advertencias permitían anticipar el alcance de la crisis y si los dispositivos de seguridad se ajustaron a la información disponible.
Las pesquisas también se centran en la posible participación de agentes marroquíes en la movilización. Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional apuntó a una actuación permisiva de los gendarmes de Marruecos e incluso describió episodios en los que algunos efectivos habrían orientado a los migrantes hacia determinados puntos de acceso por el mar.
Estas conclusiones llevaron a Tardón a abrir una investigación penal para esclarecer si existió una operación deliberada contra la integridad territorial española. La magistrada considera que los indicios reunidos justifican investigar una posible utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión sobre España. Se trata, por el momento, de una hipótesis judicial pendiente de acreditación y no de una responsabilidad penal demostrada.
La entrada de buques militares marroquíes, otra incógnita pendiente
La documentación remitida por el CNI tampoco aclara uno de los episodios que mayor controversia ha generado desde aquellos acontecimientos: la presencia de unidades de la Marina Real de Marruecos en aguas españolas durante la crisis migratoria. La información publicada sobre estos movimientos apunta a la entrada de una fragata y varias patrulleras marroquíes sin autorización, coincidiendo con las jornadas de mayor tensión en la frontera.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció públicamente el pasado 12 de octubre que se había producido ese incidente, aunque restó gravedad a lo sucedido y defendió la interlocución mantenida con Marruecos para resolverlo. El Ejecutivo ha insistido en la importancia de preservar la cooperación bilateral, especialmente en materia migratoria y de seguridad.
Por su parte, la acusación popular ejercida por Iustitia Europa ha solicitado nuevas diligencias para determinar cómo se produjo la incursión, qué comunicaciones mantuvieron las autoridades de ambos países y cuáles fueron las instrucciones transmitidas a los efectivos españoles. La petición incluye la conservación de registros militares, marítimos y diplomáticos que puedan ayudar a reconstruir los movimientos de los buques.
Una investigación sin imputados y con nuevas diligencias pendientes
La instrucción continúa abierta y todavía no se ha dirigido contra ninguna persona concreta. Tardón ha solicitado información a 21 unidades policiales y militares para reconstruir la secuencia de los acontecimientos, identificar posibles responsabilidades y determinar si la movilización contó con algún tipo de coordinación, financiación o apoyo logístico.
La magistrada ya ha escuchado a varios testigos, entre ellos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno. Sus testimonios han permitido profundizar en la preocupación que existía en la ciudad antes de los acontecimientos de finales de julio y en las dificultades de los dispositivos de acogida para responder a una llegada de semejantes dimensiones.
Entre las diligencias pendientes figura también la recopilación de imágenes terrestres, marítimas y aéreas que permitan examinar los movimientos registrados en la frontera. La jueza pretende contrastar las comunicaciones oficiales con lo ocurrido sobre el terreno y determinar si existieron personas u organizaciones que facilitaron activamente los desplazamientos.
El procedimiento podría incorporar próximamente el testimonio del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que había trasladado al Ejecutivo la necesidad de reforzar los medios disponibles ante el deterioro de la situación fronteriza. Su eventual comparecencia, sin embargo, todavía no constituye una decisión judicial confirmada.
Por ahora, la entrega del informe del CNI permite avanzar en la recopilación de documentación, pero no resuelve las preguntas centrales de la investigación: quién pudo intervenir en la organización de la entrada masiva, qué grado de conocimiento tenían las autoridades y cuál fue la participación real de Marruecos. La Audiencia Nacional deberá continuar practicando diligencias para determinar si los indicios reunidos permiten atribuir responsabilidades penales.
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