“El epicentro de todo. Va pa’lante”. Con esta frase resume la que fuera candidata a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, la citación del jefe de gabinete de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ante el Tribunal Supremo (TS) por la filtración del mail que intercambiaron la Fiscalía y el novio de la lideresa regional.

Maroto, la última denunciada por la pareja de la lideresa regional, hace suyo el término con el que el jefe de prensa de la responsable de Sol se refiere cada vez que alguien es llamado por la Justicia. Ahora, la portavoz del PSOE en el Consistorio de Cibeles recoge la frase para intentar hacer énfasis en que el último movimiento judicial pone, precisamente, el foco en que la filtración vino antes que de ningún sitio de Rodríguez.

El día ‘D’ es el 13 de marzo, cuando Ayuso defiende que es Hacienda la que debe dinero a su pareja sentimental y, horas después de aquello, el diario ‘El Mundo’ publica que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a Alberto González Amador, lo cual provoca un descontento increíble en la Fiscalía y una movilización para desmentir la noticia.

“Lo tienen los medios”

Han sido semanas complicadas en las filas socialistas después de que salieran a la luz el intercambio de mensajes entre el que fuera portavoz del PSOE de Madrid (PSOE-M), Juan Lobato, y la antigua jefa de Gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, que finalmente salvaron a Moncloa de la vía judicial.

De esta manera, cuando Sánchez Acera envía el correo se aprecia claramente que no es un documento sino una fotografía en la que pone “reenviado”. En ese momento, Lobato pregunta: “¿Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? ¿La carta de dónde la tenemos?”. Ante esto, la interlocutora responde: “Porque llega, lo tienen los medios”.

Llamada a periodistas

El Alto Tribunal ha llamado también a declarar en calidad de testigo a ocho periodistas que se hicieron eco de la información para los días 8 y 9 de enero. Lo normal es que todos ellos se acojan a su derecho constitucional a no revelar sus fuentes, por lo que esta línea de investigación quedará en una vía muerta.

Moncloa considera que, aunque sea como testigo, la citación de MAR aclarara las cosas

El Gobierno cree que la citación de Miguel Ángel Rodríguez en la causa impulsada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es un soplo de aire fresco después de días tensos tras la dimisión de Lobato.

El Ejecutivo considera que la llamada judicial a Rodríguez, que tendrá que declarar como testigo y, en consecuencia, está obligado a decir la verdad ante el juez, le va a permitir poner el foco otra vez en el bulo de que la persona que es mano derecha de Ayuso fue quien lo lanzó para defender a González Amador en el caso de su confeso doble fraude fiscal.

El caso provocó este martes un choque de acusaciones entre una de las personas fuertes del PP madrileño, Alfonso Serrano, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien confirmará este jueves su candidatura a liderar el partido de Madrid después de que el primero acusara sin pruebas haber enviado el documento cuya filtración está siendo investigada; a lo que el ministro respondió: “Ustedes están intentando ocultar todos los chanchullos del padre, del hermano y del novio”.

El Gobierno y el principal partido de la oposición tienen dudas sobre la manera en la que terminará judicialmente la investigación del Tribunal Supremo del procedimiento que ha derivado con la imputación del fiscal general por investigar la filtración de un correo que el abogado de la pareja de Ayuso se intercambió con la Fiscalía para negociar un acuerdo que le librara de la cárcel por delito fiscal. En concreto, el Ejecutivo tiene claro que quedará en nada y una parte del PP considera que es probable que al García Ortiz salga sin causa.

Si bien las espadas se mantienen en todo lo alto en Madrid, tal y como volvió a quedar demostrado la pasada tarde en ese cruce de reproches entre López y Serrano. En todo este maremágnum, los efectos más allá de la dimisión de Lobato pasan por la casi segura candidatura del ministro a los próximos comicios mientras el equipo de Ayuso intenta responsabilizarle y el Gobierno Central respira y confía en que en los tribunales quede claro cuál es la base de todo.