El mayor pecado que se puede cometer al analizar un asunto del calado de la situación que se está viviendo estos días en Ceuta es el reduccionismo. Es imprescindible contemplar lo de esta semana como un terrario geopolítico en miniatura: el Gobierno de España ha hecho sus cuentas y aproximadamente 50.000 personas han entrado a la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos esta semana en el marco de múltiples factores políticos y sociales tanto españoles, como marroquíes, como internacionales. La respuesta del Gobierno de España se ha centrado en tachar lo ocurrido de ataque a la soberanía territorial española, lo cual es acertado, pero pasa por alto muchas otras condiciones de las que merece la pena hablar. Por su parte, Partido Popular y Vox se han apresurado, como era de esperar, a atacar al Ejecutivo central y exigirle que tome medidas, pero no han pronunciado una sola palabra al respecto de la responsabilidad de Marruecos (y, ni mucho menos, de la que tiene el marco que está de fondo en todos los problemas contemporáneos) ante lo ocurrido. Ambas cosas, evidentemente, tienen una explicación.

Lo ocurrido en la ciudad autónoma ceutí puede, y debe, leerse desde varios prismas. El primero y más importante de ellos, desde el humanitario: las 50.000 personas que han cruzado la frontera son precisamente eso, personas, y cualquier decisión que se tome ante ellas debe tener los derechos humanos en el centro de la conversación, máxime cuando varias decenas de ellas han fallecido en el paso fronterizo durante la semana. El segundo, desde el materialismo histórico y el análisis de los flujos migratorios en las sociedades poscoloniales: Marruecos es una autarquía teocrática en la que la precariedad de la población joven alcanza registros muy complicados de justificar, con un paro juvenil del 22%. La falta de oportunidades vitales en los países en vías de desarrollo o en situación de expansión económica es una consecuencia directa de la organización económica mundial vertical, que se acentúa especialmente en aquellos lugares que otrora fueron colonias, en este caso de Francia y España de manera conjunta hasta 1956. Esta combinación de factores da lugar a un caldo de cultivo en el que se generan flujos migratorios naturales o, al menos, explicables desde las gafas del marxismo. Dicho esto, la pregunta que corresponde hacerse es: ¿es el de esta semana un flujo migratorio natural?

La respuesta es sí y no al mismo tiempo. Por un lado, las dificultades económicas que pasa buena parte de la población en Marruecos son innegables y la población más vulnerable va a buscar alternativas para sobrevivir, siendo la última y más desesperada la de jugarse la vida cruzando una frontera sin certeza alguna. Esto correspondería a un flujo migratorio explicable a través de las gafas del párrafo anterior. Pero es ahora cuando entra en juego el tercer prisma: el geopolítico. Las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos no son buenas, y Rabat es, además, el principal aliado de Estados Unidos e Israel en el norte de África. La monarquía de Mohammed VI proyecta en las pantallas del palacio el 'gran Marruecos', en el que se anexionan definitivamente los territorios saharauis ocupados y controlan las ciudades de Ceuta y Melilla. En la persecución de esa ambición territorial, que choca con los intereses y la posición españolas, cualquier movimiento de España que desagrade al monarca marroquí es una oportunidad de oro para desgastar a Madrid. ¿Cómo? De la misma manera que se ha hecho en ocasiones anteriores: utilizando a personas vulnerables como arma política, reduciendo la vigilancia en la frontera e incentivando cruces masivos de personas como el de esta semana. Por ello, ¿es natural este flujo migratorio? No, en el sentido de que haber levantado la verja y provocar el caos en una ciudad autónoma española tiene intenciones políticas, y sí, en el sentido de que las personas que han cruzado no tienen, en muchos casos, otra alternativa para sobrevivir que intentar jugarse la vida en una tierra desconocida.

Las intenciones expansionistas de Marruecos son, además, vistas con buenos ojos desde Washington y desde Tel Aviv. Es el mismo principio de política exterior por el que se rigen estas dos naciones, enumerables los casos de Palestina en el caso de Israel y de la injerencia internacional en cualquier nación del planeta que le busque las cosquillas al Tío Sam en el caso de Estados Unidos. El oportunismo es también una vía de actuación muy recurrente en geopolítica, y Estados Unidos e Israel también encuentran en la situación ceutí un filón para darle un tirón de orejas a España, recientemente enfrentada con Donald Trump y Benjamin Netanyahu a colación, precisamente, de su agresiva política exterior en Gaza, Irán o Venezuela, por poner algunos ejemplos. Y es precisamente aquí donde regresamos a lo expuesto en el primer párrafo: el silencio con Marruecos de la derecha española.

Tú a Madrid y yo a Rabat

Las intervenciones públicas y en redes sociales de los líderes de la derecha y la ultraderecha han consistido, únicamente, en atacar al Gobierno central por la crisis migratoria y no hacer mención alguna a Marruecos ni a su responsabilidad en lo ocurrido. El presidente de Vox, Santiago Abascal, se dirigía este viernes a los españoles a expulsar por sus propios medios a los miles de inmigrantes que han entrado a Ceuta desde Marruecos en las últimas horas "si el Gobierno no lo hace", hablando directamente en términos de cacería.

"¡Hay que echarlos ya! ¡A todos! Con los medios que sea. Y si el Gobierno no lo hace, tendrán que ser los españoles solos", escribió en X. En la misma línea se expresaba el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, quien defendía que el Gobierno de Pedro Sánchez supone hoy "una brecha" para la seguridad de Europa y le ha acusado de permitir una crisis migratoria que, a su juicio, es "el principio de la caída de Europa". "Lo que hay que hacer es meter al Ejército, cogerlos a todos y devolverlos al sitio del que han venido", dijo en una entrevista con Antena 3. Ni una palabra, por parte de ninguno de los dos, sobre Marruecos.

 


Los vínculos de Vox con Israel, aliado directo de Rabat, suponen fuertes relaciones en lo orgánico y en lo institucional. En los últimos años, la ultraderecha española y el sionismo han vivido un acercamiento que se ha intensificado hasta situar al partido de Santiago Abascal como uno de los aliados más firmes de Tel Aviv en el panorama político europeo, especialmente en el contexto del genocidio en Gaza.

En lo político, la sintonía es evidente. Uno de los hitos más significativos fue la reunión de Santiago Abascal con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén en 2024, en plena ofensiva sobre la Franja. Aquel encuentro no fue meramente simbólico, sino que escenificó un alineamiento total con la estrategia del Gobierno israelí. Vox ha defendido de forma reiterada el "derecho de Israel a defenderse" frente a Hamás, incluso en los momentos de mayor presión internacional por el elevado número de víctimas civiles en Gaza. Esta posición ha sido constante tanto en declaraciones públicas como en su actuación institucional.

El acercamiento ha tenido también una traducción diplomática. En 2025, el Gobierno israelí decidió levantar el veto histórico que mantenía sobre el partido desde su fundación, derivado del veto impuesto a las fuerzas de extrema derecha, a las que hasta ese momento excluía por sus antiguos resabios antisemitas. Con el acercamiento de algunos partidos de extrema derecha como Vox al sionismo, la Embajada de Israel formalizó relaciones con Vox por orden de su Ministerio de Exteriores. La decisión se enmarcó en una estrategia más amplia de Israel para reforzar alianzas con formaciones que respaldaban su actuación en Gaza y su agenda internacional. De hecho, ese mismo año, el partido de Netanyahu, el Likud, estrechó lazos con la internacional ultraderechista impulsada por Abascal, consolidando una red política compartida.

El caso del PP y el peso de Ayuso en sus decisiones

El caso del Partido Popular no es tan flagrante como el de Vox, pero proviene de fenómenos similares y es igualmente explicable. La postura oficial de los 'populares' con Tel Aviv (recordemos, aliado de Rabat, ley del silencio) consiste en reivindicar el derecho de Israel a defenderse, pero hay un sector con mucha fuerza en Génova que va más allá en esta cuestión: el capitalino. El apoyo a Israel de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lleva detrás un apellido: Hatchwell. Padre e hijo, Mauricio y David, tienen conexión con el Partido Popular (PP) desde hace varias décadas. El primero de ellos fue el fundador de la multinacional Excem, en un principio cementera y actualmente especializada en ciberseguridad y vigilancia. El otro, heredero de un gigante empresarial relacionado con compañías de defensa y armamento israelí. Los dos involucrados en el pelotazo fallido de Eurovegas y en el lobby sionista.

David Hatchwell es presentado más allá de nuestras fronteras como "el mentor político de Ayuso". De su pupila habla como "una mujer extraordinaria, joven, pero con un talento increíble, que dice la verdad, que la gente entiende que es una persona de bien" y que "fue capaz de descabezar una hidra comunista populista". Sin embargo, la defensa del sionismo y el ataque a la izquierda no es el mayor nexo entre presidenta y empresario, al que podría sumarse al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no dudó en desalojar la reconocida Ingobernable para regalarse el edificio y que montase un Museo Judío que, finalmente, no le apeteció llevar a cabo. La clave es la citada Excem, su relación con todo el aparato de ciberseguridad y defensa israelí, incluido el famoso Pegasus, y su cercanía a Benjamín Netanyahu, de cuya campaña fue uno de los principales financiadores en 2015.

Hatchwell fue, además, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, es el actual presidente de la Fundación Hispanojudía, y fue cofundador de la asociación proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), organización de extrema derecha presidida actualmente por Ángel Mas que, a su vez, es el copropietario de Zakut, asociación que ha recibido millones de euros en subvenciones de comunidades autónomas del Partido Popular, y parte accionarial de la socimi con la que invierte en vivienda Hatchwell.

¿Es todo esto suficiente para explicar el silencio del PP con Marruecos por deferencia a Israel? No. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como todo líder de la oposición que se precie, es oportunista, y a sabiendas de que las imágenes de miles de migrantes cruzando la valla de Ceuta son muy perjudiciales para la reputación del Ejecutivo, es ahí donde le interesa al gallego centrar el tiro. No en las causas materiales ni políticas de por qué ocurre, sino en el rédito que se le puede sacar a lo que está ocurriendo. El líder 'popular' acusaba esta semana a Sánchez de "improvisar" al anunciar la instalación de boyas en el espigón de Ceuta y criticaba que "no está a la altura" de esta emergencia migratoria, que es también una "crisis de soberanía". También pedía que se depuren responsabilidades políticas dentro del Ejecutivo y proclamaba que las gestiones diplomáticas con Marruecos no dan sus frutos. Es más, avisaba Feijóo de que España "no puede aceptar que el control de su frontera dependa de una decisión ajena", dado que eso "no es un problema técnico, sino una humillación".

"Una frontera no se asegura improvisando boyas en el mar para encajar en una sentencia", afeaba Feijóo en un comunicado tras la comparecencia del presidente durante su visita en Ceuta, donde ha anunciado en el espigón de la frontera con Marruecos para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las devoluciones 'en caliente'. "La frontera de España ha sido desbordada y un territorio español está siendo ocupado. Lo ocurrido en Ceuta no es sólo un problema migratorio, sino una crisis de soberanía y nada tiene que ver con lo sucedido en 2021", agregaba. Además, Feijóo señalaba que "no se podía descartar ningún mecanismo de actuación". Pero ni una palabra sobre Marruecos. Por un lado, el peso del sionismo en la capital. Por otro, el oportunismo de poner la diana donde hay que ponerla.

 


El Gobierno, también atado bajo chantajes y presiones

Toca volver de nuevo sobre nuestros propios pasos, al primer párrafo, y reflexionar sobre cuál ha sido la actuación y respuesta del Gobierno de España no solo ante esta situación, sino para con Marruecos durante los últimos años. Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, fue cesada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez después de negarse a cambiar la posición española con el Sáhara Occidental y no reconocer la soberanía marroquí sobre este territorio y tras la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en La Rioja.

En rueda de prensa, Pedro Sánchez no ha explicitado lo que ha ocurrido. El socialista ha hablado, con acierto, en términos de ataque contra la soberanía territorial española y centrando su discurso en la emergencia humanitaria que ha provocado, pero ha pasado por alto todo el contexto previo que ha llevado hasta este contexto. Además de las históricas reticencias con el Sáhara, el reciente acercamiento entre España y Argelia, escenificado en relaciones diplomáticas y estratégicas, no ha sentado bien en Rabat, que ha aprovechado la situación para lanzar un mensaje: Ceuta y Melilla solo son controlables para España si el monarca marroquí así lo desea. La amenaza de los flujos migratorios como arma política es muy potente y es un mecanismo utilizado en las guerras híbridas en las que se emprenden campañas de desestabilización a largo plazo.

Así, la reacción del Ejecutivo español ha sido tardía, lenta y marcada por la falta de previsión ante un agente que juega con diplomacia agresiva en las oportunidades de las que dispone para mermar a España, y con el beneplácito, además, de los mencionados aliados en Washington y Tel Aviv, beneficiarios también de la situación para apuntarse un tanto contra Madrid. Por su parte, la Unión Europea ha elegido hablar de la situación desde el prisma del conflicto migratorio, que también ha traído cola en las instituciones europeas por la flagrante externalización e hipervigilancia a la que se han sometido los puntos de entrada durante los últimos meses, y abandonar a su suerte a España con la situación.

Por todo ello, cabe preguntarse de cuánta independencia dispone el Gobierno de España para actuar con Marruecos y con otros países sin graves consecuencias, y también cabe preguntarse cómo de diferente sería la situación si gobernara la derecha. ¿Cambiarían la postura con el Sáhara Occidental? ¿Endurecerían el control sobre las fronteras recrudeciendo los problemas diplomáticos ya existentes? ¿Cambiarían los intereses a los que obedecen las decisiones? El problema es estructural, estratégico, humanitario y político, y no es dependiente del nombre del presidente del Gobierno o del color del partido al que represente.

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