En apenas diez días, la vivienda ha conseguido desplazar a Ceuta del centro de la conversación política y convertirse en el nuevo asunto central de la conversación pública. Lo que comenzó como una movilización ciudadana alrededor de los alquileres, los desahucios y la dificultad de acceder a una casa ha terminado provocando un terremoto parlamentario que amenaza con alterar las relaciones entre el Gobierno y sus socios y vuelve a colocar un posible adelanto de las elecciones en el horizonte.
Hasta hace apenas una semana y media, el foco político estaba puesto en la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes a través de Marruecos, hechos que la oposición aprovechó para depositar presión sobre Pedro Sánchez por la gestión de la frontera y la inmigración. El Partido Popular había convertido ese asunto en uno de sus principales argumentos contra el Ejecutivo, mientras el Gobierno trataba de contener el desgaste y mantener abiertas sus alianzas parlamentarias. Pero la vivienda, que ya lleva varios años siendo el problema más acuciante de los españoles según el CIS, ha irrumpido con una fuerza inesperada. Las protestas ciudadanas, las concentraciones y, especialmente, la acampada de la Puerta del Sol, han catalizado la indignación ciudadana de un problema que requiere soluciones. El problema del acceso a una vivienda asequible ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en un asunto capaz de condicionar la agenda nacional y poner a prueba no solo la mayoría parlamentaria de Sánchez, sino la continuidad de la legislatura.
El origen de esta escalada se encuentra en el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo desahucio se convirtió en el detonante de una movilización que fue creciendo durante los últimos días. La protesta terminó conectando con una preocupación mucho más amplia: el encarecimiento de los alquileres, la dificultad de los jóvenes para emanciparse y la sensación de que comprar una vivienda se ha convertido en un objetivo cada vez más inaccesible para buena parte de la población. La reacción social obligó al Gobierno a acelerar su respuesta por vía de dos reales decretos que cayeron en saco roto tras los votos en contra del bloque conservador. El resultado dejó sin efecto las medidas aprobadas días antes por el Consejo de Ministros y, sobre todo, puso de manifiesto la extrema fragilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno.
Matemáticas puras
El papel de Junts fue decisivo para tumbar los decretos, pero no han planteado la votación como una ruptura definitiva con Sánchez. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido que las medidas estaban mal planteadas y ha reclamado al PSOE que negocie la propuesta alternativa que su formación había trasladado previamente al Ministerio de Vivienda, lo que abre una pequeña esperanza para el Ejecutivo. Si Sánchez pretende agotar la legislatura, necesitará volver a hablar con Junts y reconstruir una mayoría capaz de aprobar nuevas medidas. El problema es que la negociación se presenta cada vez más complicada, que la votación ha demostrado que el Gobierno no dispone de una mayoría estable y que los sondeos de un hipotético adelanto electoral no son precisamente esperanzadores para los del puño y la rosa.
La oposición, por su parte, se ha echado a los caballos con celeridad. Alberto Núñez Feijóo ha vinculado la derrota parlamentaria con la necesidad de convocar elecciones y ha definido la vivienda como el “símbolo del fracaso” del Gobierno de coalición. El líder popular reclama a Sánchez que deje de prolongar la legislatura y permita que los ciudadanos decidan, haciendo de la vivienda una prueba del agotamiento político del Ejecutivo, a pesar de haber votado en contra de las proposiciones del mismo. La estrategia supone además un cambio respecto a las últimas semanas, cuando Génova había situado la crisis de Ceuta y la inmigración en el centro de su ofensiva contra el Gobierno. Ahora, el partido popular encuentra un terreno en el que puede disputar el relato al PSOE, aunque la izquierda parte de una posición más coherente en este sentido, al tratarse de una cuestión tradicionalmente asociada a sus políticas.
A su vez, la izquierda alternativa también afronta el nuevo escenario con incertidumbre. Sumar tiene que decidir cómo capitalizar unas movilizaciones que encajan con buena parte de su discurso político, pero que también pueden terminar beneficiando al PSOE si el Gobierno consigue presentarse como el único actor dispuesto a ofrecer soluciones o si el espacio a la izquierda del PSOE no termina de cristalizar. Al mismo tiempo, un adelanto electoral obligaría al espacio a resolver sus propias incógnitas sobre la candidatura y el liderazgo de un eventual Frente Amplio.
Reequilibrio del tablero
Así, la vivienda ha conseguido en diez días alterar varios equilibrios políticos, desplazando a Ceuta como principal foco de confrontación, ha obligado al Gobierno a acelerar una agenda social, ha provocado una derrota parlamentaria y ha permitido al PP recuperar su reclamación de elecciones. Y, sobre todo, ha convertido una cuestión cotidiana, cuya verdadera gravedad parecía a veces verse desde lejos y sin terminar de entenderla en las atalayas parlamentarias, en un problema de estabilidad gubernamental.
El Ejecutivo todavía tiene margen para intentar reconstruir la mayoría, pero el precedente del viernes demuestra que cualquier nuevo intento requerirá una negociación mucho más precisa. La próxima batalla, por tanto, no se librará únicamente en el Congreso, sino que las calles, también con la posibilidad de una convocatoria de huelga general, serán decisivas.
En solo diez días, el tablero ha cambiado. Ceuta ha dejado paso a los alquileres; la inmigración, a la vivienda; y una crisis social ha terminado transformándose en una crisis política. Sánchez debe decidir ahora si utiliza este nuevo escenario para intentar recomponer su mayoría o si acepta que la presión acumulada puede acabar empujando la legislatura hacia las urnas.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.