Comisiones Obreras cree que la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones respecto al IPC de noviembre (un 2,9%) es inconstitucional porque viola el artículo 9.3 de la Carta Magna, por lo que acudirá a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto hecho público este sábado.
El Departamento Jurídico de CC OO defiende que dejar sin actualizar las pensiones en 2012 de acuerdo con el IPC de noviembre es quitar a los jubilados un derecho que han acumulado desde enero, y que se viola el principio de irretroactividad “de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”, como dice el artículo 9.3 de la Constitución.
Lo que estable la Ley de la Seguridad Social
El sindicato ha explicado que el Gobierno va contra un derecho de forma retroactiva, por el momento que ha elegido para su decisión. "La Ley General de la Seguridad Social establece el derecho de los pensionistas a una revalorización que se divide en dos partes: una primera parte se entrega a principios de año, con la previsión de inflación, y la segunda parte se regulariza cuando se conoce el IPC a 30 de noviembre. Es un derecho por tanto que se empieza a generar desde principio de año", ha explicado el responsable de Seguridad Social, Carlos Bravo, en declaraciones recogidas por la Cadena SER.
Diferente de la congelación impuesta por Zapatero
Bravo ha puntualizado que la decisión tomada por el Gobierno de Rajoy no es igual que la adoptada por el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, quien decidió congelar las pensiones en el mes de enero de 2011, es decir, suspender el punto de la Ley General de Seguridad Social que garantiza, cada año, la revalorización de las pensiones según el IPC previsto en los presupuestos, por lo que los pensionistas no comenzaron a generar el derecho desde comienzos del año.
CC.OO debe recurrir a la defensora del Pueblo ya que, a diferencia de los partidos políticos no puede acudir directamente al Tribunal Constitucional si considera que una norma no se ajusta a derecho.
El Departamento Jurídico de CC OO defiende que dejar sin actualizar las pensiones en 2012 de acuerdo con el IPC de noviembre es quitar a los jubilados un derecho que han acumulado desde enero, y que se viola el principio de irretroactividad “de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”, como dice el artículo 9.3 de la Constitución.
Lo que estable la Ley de la Seguridad Social
El sindicato ha explicado que el Gobierno va contra un derecho de forma retroactiva, por el momento que ha elegido para su decisión. "La Ley General de la Seguridad Social establece el derecho de los pensionistas a una revalorización que se divide en dos partes: una primera parte se entrega a principios de año, con la previsión de inflación, y la segunda parte se regulariza cuando se conoce el IPC a 30 de noviembre. Es un derecho por tanto que se empieza a generar desde principio de año", ha explicado el responsable de Seguridad Social, Carlos Bravo, en declaraciones recogidas por la Cadena SER.
Diferente de la congelación impuesta por Zapatero
Bravo ha puntualizado que la decisión tomada por el Gobierno de Rajoy no es igual que la adoptada por el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, quien decidió congelar las pensiones en el mes de enero de 2011, es decir, suspender el punto de la Ley General de Seguridad Social que garantiza, cada año, la revalorización de las pensiones según el IPC previsto en los presupuestos, por lo que los pensionistas no comenzaron a generar el derecho desde comienzos del año.
CC.OO debe recurrir a la defensora del Pueblo ya que, a diferencia de los partidos políticos no puede acudir directamente al Tribunal Constitucional si considera que una norma no se ajusta a derecho.