El cinturón de los municipios de la periferia de Madrid se ha convertido en un nuevo tablero de pugna electoral. Históricamente izquierdista y muro de contención contra las políticas neoliberales al estar formado por municipios que son bastiones de clase trabajadora, la tendencia ha cambiado desde hace unos años. El PP consiguió permear en ellos en 2019 y terminó de asentarse como opción preferida en estas localidades en 2023, y Vox también ha crecido en las faldas de la capital ante el retroceso de PSOE y Más Madrid en ellas. Lo que antaño eran municipios con un marcado carácter progresista ahora es un terreno en disputa con un poder electoral muy elevado, algo que saben 'populares' y ultraderechistas', que intentan mirar desde sus atalayas hacia estas localidades para formular propuestas que gusten al electorado residente en las mismas.
Las condiciones de la partida son claras: el PP ya está asentado como opción electoral poderosa en la periferia y Vox está en ello, pero no toda la periferia es igual. El PP lleva décadas rigiendo en los municipios de mayor renta per cápita como Torrejón de Ardoz, Boadilla del Monte o Alcobendas, por lo que Vox ha tenido que girar el cuello hacia el sur y empezar a mirar a Móstoles, Getafe, Fuenlabrada, Pinto, Parla, Leganés o Alcorcón, ciudades cuyo grueso poblacional es clase trabajadora joven y de mediana edad, que supone un 25% del electorado en la autonomía capitalina. Una carta que le ha salido muy bien a la extrema derecha, por la facilidad que tiene su asimilación (y sin que necesariamente sea cierto el mensaje) es la de asociar el deterioro de los servicios sociales y del acceso al mercado inmobiliario a la inmigración, un arma que entra como un cuchillo ardiendo en mantequilla en barrios donde abundan los residentes extracomunitarios.
En calles donde la izquierda ganaba por automatismo, Vox ha puesto en marcha una campaña para capitalizar el descontento del votante de clase media y baja desencantado a partes iguales con La Moncloa y con la Puerta del Sol. El partido de Santiago Abascal ha vinculado sin escrúpulos vivienda y servicios públicos con inmigración, una relación de brocha gorda que funciona muy bien retóricamente, pero que necesita unas cuantas matizaciones. "Tenemos un discurso duro contra la inmigración, por supuesto, pero es la realidad de esos barrios", señala José Antonio Fúster, presidente provincial de Vox en Madrid.
"El primero que agujereó el cinturón rojo fue Pedro Sánchez con su maniobra completamente desquiciada de acusar a Madrid de ser la zona cero de la pandemia. Eso lo supo aprovechar muy bien Ayuso creando una especie de hiperregionalismo. Pero las recetas libertarias que prometió la presidenta no están llegando. Y la realidad es que los barrios y municipios que más sufren la carga de inmigración son los del sur. Y no hablo solo de inseguridad, sino de la tensión que soportan los servicios sociales", argumenta el propio Fúster, con unas palabras particularmente lepenianas: el discurso que sostiene que los municipios sureños y sus servicios se ven afectados por la inmigración funcionó muy bien en los barrios franceses.
El nombramiento de Carlos Quero como portavoz de vivienda también fue un tanto que se apuntó la formación de extrema derecha. En Bambú encontraron en la vivienda un filón en el que reposicionarse para ganar rédito electoral y dieron un giro de 180 grados en esta cuestión con su ascenso, que abría paso a un discurso que sitúa al obrero (el español, eso sí, manteniendo los tintes xenófobos de su discurso) en el centro y acusando a Isabel Díaz Ayuso de convertir Madrid en una versión "cosmopaleta" de Miami. Sin embargo, lejos de dejarse engañar por ese viraje falangista, es conveniente recordar que, al igual que el Partido Popular, Vox siempre ha estado del lado de la especulación inmobiliaria y de los grandes tenedores y en contra de la vivienda protegida y de cualquier medida que beneficie a la clase trabajadora.
Tan cerca y tan lejos
Vox y el Partido Popular son dos formaciones con más similitudes que diferencias. El carácter neoliberal de ambas formaciones es común, con matices, y sus principales puntos de choque se encuentran en la inmigración y en los derechos LGTBI, con matices también. En ocasiones, el PP se ha dejado llevar hacia derroteros algo más radicales en estas cuestiones para contentar a los de Abascal, como cuando Isabel Díaz Ayuso no tuvo reparos en vincular las agresiones sexuales en Alcalá de Henares con la llegada de inmigrantes irregulares al centro de acogida que el Gobierno dispuso allí, o cuando tampoco tuvo problema en abrazar la exigencia de revisar las leyes de género y LGTBI de Madrid para evitar que Vox creciera en las urnas y absorber a ese nicho de votantes fuertemente conservador. Funcionó hasta las últimas elecciones, pero con la caída del PP hacia postulados como los mencionados, Vox, sin nada que perder, se escoró aún más hacia la extrema derecha y hacia posiciones que el PP, a la hora de la verdad, no puede asumir. Los de Abascal han llegado a plantear medidas como deportaciones masivas que están completamente superadas en Génova, a pesar de los conatos puntuales de endurecer su discurso sobre inmigración.
En el presente, además, ha aflorado una nueva prioridad, con la vivienda como columna vertebral del discurso de todos los partidos y como el problema más acuciante de la sociedad española, en paralelo con los servicios públicos. Es ahí donde el PP golpea a Vox, enarbolando la defensa de un sistema público que ellos mismos han malogrado en los territorios que administran. "A ustedes no les importa ni la vivienda, ni la sanidad, ni la educación. ¿Qué van a hacer, deportaciones masivas por las casas? ¿Sacar de los pelos a los inmigrantes de los centros de salud? ¿Vulnerar sus derechos constitucionales y comunitarios?", les ha espetado Ayuso en reiteradas ocasiones a los de Bambú. La respuesta de Vox, no obstante, es reprocharle a la dirigente madrileña la "desprotección e inseguridad" que sufren los españoles "excluidos de los barrios de toda la vida".
Así las cosas, la retórica es un arma muy poderosa, y los votos de las ciudades de la periferia son necesarios para quienquiera que desee gobernar en la región capitalina. El retroceso de la izquierda en los barrios trabajadores dibuja, ahora, a dos partidos completamente ajenos a los intereses de estos ciudadanos batiéndose el cobre para ver quién es capaz de seducirlos con mayor solvencia, con la inmigración, la vivienda y los servicios públicos como terna de batalla.