La exmilitante del PSOE Leire Díez ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de asumir la investigación que hasta ahora dirigía el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid y ha solicitado que ambas causas permanezcan separadas, en una estrategia que sostiene que se ha producido una "investigación paralela" sobre hechos y personas que ya estaban siendo investigados por el juez madrileño Arturo Zamarriego y cuestiona que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz pueda asumir ahora el conjunto de las pesquisas.
El recurso ha sido presentado tanto ante la Audiencia Nacional como ante el juzgado de Madrid y deberá ser resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La defensa de Díez considera que la decisión de unificar los procedimientos vulnera las garantías procesales y denuncia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el propio Juzgado Central de Instrucción número 5 investigaron en paralelo hechos que, a su juicio, eran idénticos a los que ya estaban siendo instruidos en Madrid.
Este conflicto judicial se remonta a la investigación iniciada en verano de 2025 por el juez Zamarriego sobre Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. La causa comenzó en el juzgado madrileño, pero la pasada semana Zamarriego aceptó inhibirse a favor de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía. Paralelamente, el juez Santiago Pedraz dirige una investigación de mayor alcance sobre una presunta trama destinada a desestabilizar o tratar de invalidar investigaciones judiciales que afectaran al Gobierno de Pedro Sánchez, al PSOE o a personas de su entorno. En esta causa aparecen investigados, entre otros, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
En los últimos meses también se han incorporado pesquisas relacionadas con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE Ana María Fuentes. Pedraz, a su vez, decidió recientemente integrar en su procedimiento la investigación que hasta entonces llevaba Zamarriego. Una decisión que ahora trata de frenar la defensa de Díez, que sostiene que no existe una relación suficiente entre ambas causas para justificar su acumulación.
La defensa denuncia una investigación paralela
El principal argumento de los abogados de Díez es que la Audiencia Nacional y la UCO conocían que el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya investigaba los hechos cuando comenzaron sus propias diligencias. "Se inició una investigación paralela por la UCO y el Juzgado Central de Instrucción nº5 por hechos idénticos", sostiene la defensa, que acusa a los investigadores de continuar sus actuaciones bajo secreto mientras el juzgado madrileño tramitaba su propia causa.
Los abogados llegan a afirmar que algunas de las diligencias practicadas en esa investigación paralela afectaron a personas que participaban como testigos en el procedimiento de Madrid, entre ellas Santos Cerdán. Según su versión, algunas actuaciones que la UCO desarrolló en secreto estaban relacionadas con diligencias que el juez Zamarriego había rechazado previamente. La defensa considera, por ello, que no se trata de dos investigaciones sobre hechos relacionados, sino de procedimientos que habrían investigado "los mismos hechos".
También cuestiona que la mera coincidencia de algunas personas investigadas en otras causas de la Audiencia Nacional pueda justificar que todos los hechos pasen automáticamente a los juzgados centrales. En su recurso, los abogados invocan el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cada delito debe dar lugar a una única causa y contempla la acumulación de delitos conexos cuando resulte conveniente realizar una investigación conjunta. A juicio de la defensa, esa excepción no puede utilizarse para extender de forma general la competencia de la Audiencia Nacional.
La defensa también cuestiona las fases del procedimiento
Otro de los argumentos es de carácter procesal. La defensa recuerda que la resolución mediante la que Pedraz reclamó al juzgado de Madrid la investigación todavía está recurrida. Por ello, considera que la inhibición de Zamarriego y el traslado de las diligencias a la Audiencia Nacional podrían estar ejecutando una decisión que todavía no ha sido revisada por la Sala de lo Penal.
El juez madrileño, sin embargo, aceptó la inhibición después de que la Fiscalía solicitara que la investigación pasara a la Audiencia Nacional. De este modo, tanto Zamarriego como Pedraz coinciden actualmente en que las pesquisas deben quedar bajo la dirección del magistrado de la Audiencia Nacional, aunque la defensa de Díez trata ahora de impedirlo mediante sus recursos. La Sala de lo Penal tendrá que determinar si existe conexión suficiente entre ambos procedimientos para justificar su unificación o si, por el contrario, deben continuar separados. Mientras tanto, las investigaciones sobre las presuntas maniobras destinadas a influir sobre causas judiciales relacionadas con el Gobierno y el PSOE continúan abiertas. El caso deberá determinar no solo qué papel tuvieron Díez y el resto de investigados, sino también el alcance real de las actuaciones investigadas y si se limitaron a iniciativas individuales o formaron parte de una estructura más amplia.
La resolución de los recursos será relevante para determinar qué juzgado continúa al frente de unas diligencias que afectan a varias personas y organismos públicos, entre ellos la SEPI, cuyo expresidente Vicente Fernández figura en la causa de Pedraz. Por ahora, la principal controversia planteada por Díez no consiste en negar que existan investigaciones judiciales abiertas, sino en cuestionar quién debe dirigirlas y si se han investigado dos veces los mismos hechos. La decisión final corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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