Casa 47: Moncloa busca un ‘escudo’ frente a la privatización del parque público

Casa 47. Es el nombre oficioso de la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo que ha impulsado el Ministerio de Vivienda para encargarse de la gestión de todo el ciclo residencial del parque público de vivienda de España, desde la adquisición y planeamiento del suelo hasta la entrega final de llaves. "Esta es la infraestructura que va a sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado del Bienestar", eran las palabras que empleaba la titular del ramo, Isabel Rodríguez, para presentar un mecanismo que Moncloa concibe como una suerte de 'escudo' frente a la privatización del parque público de vivienda.

La presentación de esta empresa pública contó con la presencia de la directora general de la entidad, Leire Iglesias; el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; la subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Llanos Castellanos, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, entre otros. Esta infraestructura servirá para, en palabras del propio Ejecutivo, "sustentar el derecho a la vivienda digna como quinto pilar del Estado del Bienestar, del mismo modo que hospitales y escuelas apuntalan la sanidad y la educación, respectivamente".

Los contratos de esta empresa pública podrán durar hasta 75 años y regirse por prórrogas cada 14, siempre y cuando se mantengan la mayoría de las condiciones que se tuvieron para acceder a la vivienda. El precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas. Por primera vez, el precio del alquiler se fijará en base a lo que la ciudadanía puede pagar, y no en base a lo que ha costado construir: ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio. En cuanto al perfil económico de los beneficiarios, la renta será el requisito central: los solicitantes deberán percibir ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM, cuyo valor en 2025 se mantiene en 600 euros mensuales, situando la horquilla entre los 16.800 y 63.000 euros anuales. A este primer filtro económico se añadirán otros de carácter patrimonial que el Ministerio no ha especificado todavía. De cara a estas cifras, Vivienda sostiene que este modelo permitirá llegar "hasta el 60% de la población" con dificultades para acceder al mercado libre. Además, para quienes tengan ingresos por debajo de los 16.800 euros al año, el departamento recuerda que "se les apoya a través de la vivienda social", mientras que en el lado opuesto consideran que las rentas más altas deben quedarse fuera del programa porque "se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre".

El proyecto Casa 47 empezará a estar operativo durante el primer trimestre de 2026, cuando el Ministerio active el portal online en el que centralizarán toda la información sobre las viviendas. En esta plataforma se podrán revisar las promociones disponibles, los requisitos específicos de cada vivienda y realizar los trámites necesarios para solicitar el alquiler de las mismas.

Gestionará, de entrada, miles de viviendas

Casa 47 no nace de la nada, sino que gestionará un amplio patrimonio desde su arranque. Su cartera se nutre de la construcción propia, pero también de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de la que se han recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía paulatinamente.

Además, en lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España; y próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir incrementando el parque público de vivienda. Asimismo, la entidad ha desbloqueado obras de urbanización con un alto impacto en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, y próximamente en Málaga y Madrid, tan solo pendientes de aprobación municipal. Rodríguez ha cifrado la inversión en esta empresa en unos 13.000 millones de euros.

El objetivo del Ejecutivo es consolidar una inversión en vivienda pública continuada frente a la tensión imperante en este mercado, que aporte certezas a todo el ciclo residencial, desde el sector de la construcción hasta la ciudadanía como perceptora última de las viviendas.

Prudencia y matices

Aunque las expectativas del Gobierno alrededor de este proyecto son positivas, desde la izquierda progresista se han querido hacer matizaciones. El portavoz de Vivienda de Más Madrid en la Asamblea, Jorge Moruno, celebra ante ElPlural.com que se haya puesto en marcha el proyecto por ser "un instrumento que deberíamos tener desde hace décadas", pero llama a la prudencia: "Por ahora es un germen que cuenta con suelos del SEPES y restos de viviendas de la Sareb. Lo importante es ver qué capacidad va a tener a futuro para engrosar el parque público de vivienda, y ver si va a existir una dinámica virtuosa entre todas las escalas institucionales (municipales, autonómicas y estatales) para que, donde haya capacidad de promoción y gestión, sea Casa47 la que ceda suelos y viviendas a otras administraciones".

"Ahora la clave es poner en marcha esa maquinaria, combinándolo con muchas otras medidas. El Estado central debe invertir en vivienda un mínimo del 1% del PIB durante muchos años, ya sea en modificaciones legislativas, cambios en la LAU, como incluir la modalidad de contrato indefinido de alquiler (que existe en media Europa) o desarrollar la normativa y los mecanismos necesarios para impulsar a gran escala la colaboración público-social para proveerse de vivienda protegida, con entidades sin ánimo de lucro", ha añadido el portavoz, que, con todo, destaca que "eso es solo una pequeña parte de lo que necesita este país para afrontar la alarma residencial que tenemos".