Este lunes Podemos y el Gobierno llegaban a un acuerdo para la regularización extraordinaria de, previsiblemente, medio millón de migrantes cerrando de esta manera una de las iniciativas más debatidas en el ala de la izquierda durante la presente legislatura y con el que se materializa finalmente el apoyo que ha recibido esta iniciativa legislativa popular (ILP) también por parte del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, pese a las acusaciones vertidas sobre el Ejecutivo central de Pedro Sánchez después de conocerse la luz verde a la regularización de este colectivo.
En abril de 2024, los populares otorgaban su apoyo, aunque con la boca pequeña y en medio de críticas a este proceso de legalización de migrantes. “Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos”, defendía el líder de la oposición dejando entrever la voluntad de su partido en votar a favor de la regularización. De hecho, el respaldo fue prácticamente unánime, con 310 votos afirmativos y 33 en contra, todos ellos de Vox. Un apoyo de los populares para el que actuó como pieza fundamental la postura favorable de Cáritas a la regularización.
Sin embargo, ahora que este acuerdo ya se ha hecho efectivo, es cuando el PP da marcha atrás en su postura con sus últimos reproches al Gobierno, a quien ha acusado de emplear el pacto para tapar la tragedia ferroviaria de Adamuz, así como con las numerosas proclamas que ha ido espetando en contra de la inmigración irregular en España. Lo más reciente sucedió este lunes cuando el presidente de los populares acusó al Ejecutivo de Sánchez de “desbordar nuestros servicios públicos”, a la vez que relacionó el acuerdo para la regularización extraordinaria de migrantes con un intento de desviar el foco de atención del accidente de Adamuz, y también del de Rodalies de Cataluña, en el que falleció el maquinista. “Hasta 46 muertos, cientos de heridos, ninguna dimisión. Y la respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”, pronunciaba este lunes Feijóo. “En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba abajo”, agregaba en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).
En el mismo orden de cosas, su formación ha asegurado que este acuerdo “es una cortina de humo para no hablar del accidente ferroviario de Adamuz” por el que “se están negando a asumir responsabilidades políticas”. “Sánchez intenta cambiar el foco a toda prisa y lo hace abriendo de par en par un Real Decreto de regularización masiva, sin control ni garantías. Regularizar sin capacidad real de integración no mejora la vida de nadie. Alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos y genera frustración social”, recogió el partido en un comunicado.
Sin embargo, las contradicciones en el relato de Feijóo -de pasar de apoyar la ILP en 2024 a cargar contra el Ejecutivo en esta materia- no radican únicamente tras el acuerdo con Podemos formalizado este lunes. Cuando apenas pasaba un mes de aquella votación favorable en junio de 2024, Feijóo, bajo el marco del nuevo escenario post electoral en Cataluña, volvió a cargar contra la población migrante advirtiendo de que “ocupan nuestros domicilios”. “Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad”, deslizó en julio de 2024.
Un cambio continuo de relato que no ha entrado en contradicción únicamente con su propio discurso sino también con el defendido por miembros de su propio partido. Así, en agosto de 2024, mientras que Feijóo abanderaba el miedo hacia el colectivo migrante, su entonces portavoz nacional Borja Sémper, apostaba por la regularización. “Hay que darles una salida, faltaría más”, mencionando expresamente a “los cientos de miles de personas en España que están en la economía sumergida, trabajando, pero no cotizando, que no tienen derechos sociosanitarios o labores”.