La calle lleva una semana hablando y grita con mayor fuerza en un fin de semana de máxima expectación. Tras una jornada histórica de movilizaciones por la vivienda en decenas de ciudades españolas y apenas 48 horas después de que el Congreso tumbara los dos decretos impulsados por el Gobierno, en Moncloa se toma la temperatura social y se valoran todos los escenarios posibles en el sprint final de la legislatura. El presidente se ha dado el fin de semana para calibrar el ambiente y valorar si hace un último esfuerzo por recomponer el tejido parlamentario y volver a la carga con nuevas medidas o, en cambio, abre la puerta a unas elecciones anticipadas que hasta ahora estaban fuera de sus planes inmediatos. Tras la votación, algunos medios apuntaban que abría una ronda de conversaciones con personas de su entorno, miembros del Ejecutivo y dirigentes socialistas antes de adoptar una decisión.
Nadie en Moncloa se atreve a hacer un pronóstico a medio plazo. Todos coinciden en que este fin de semana no es sino un periodo de reflexión para la calibrar la potencia de las movilizaciones y su impacto en el campo de batalla político. La introspección llega tras una semana en la que la vivienda ha ocupado el eje del debate público, provocando fuertes sacudidas en el tablero parlamentario. Este sábado estaban previstas 47 manifestaciones convocadas en distintas ciudades españolas. Las marchas prolongaron una movilización que había tenido en la Puerta del Sol uno de sus principales focos y que no se detuvo ni aun con la aprobación de los decretos en Consejo de Ministros. Los convocantes mantuvieron prendida la llama de la presión hasta su paso por el Congreso este viernes, cuando Partido Popular, Vox y Junts sumaron fuerzas para tumbarlos.
El germen de esta secuencia está en el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que desencadenó una movilización creciente que llevó a la vivienda hacia el centro de la agenda política. Así se llegó a la acampada de Sol, las concentraciones en otras ciudades, la reacción del Gobierno con la reactivación de los decretos de vivienda y, finalmente, el choque parlamentario del viernes. El Ejecutivo, pese al anuncio de Junts, decidió someter sendos textos a votación. El primero cayó por 178 votos en contra frente a 172 a favor; el segundo, por 184 votos en contra y 166 a favor, tras sumarse también al rechazo PNV y Coalición Canaria.
La derrota parlamentaria dejó sin efecto las medidas aprobadas días atrás, colocando a Sánchez en una disyuntiva de amplio alcance. Antes de la votación, el presidente había apelado a los diputados a “hacer lo correcto” y a no dejarse llevar por el “cálculo político”. Tras la votación, algunas fuentes apuntaban a que se abría en Moncloa un periodo de reflexión con dos escenarios sobre la mesa. Por un lado, agotar la legislatura y apostar por articular una nueva respuesta en materia de vivienda. La segunda alternativa pasa por un adelanto electoral. No hay, por ahora, nada decidido.
He ahí, sin embargo, el gran giro que ha dejado esta semana. Hasta ahora, Sánchez había insistido en el anticipo no entraba en sus planes. El rechazo de los decretos no obliga a ello ni demuestra por sí solo que el Gobierno haya perdido toda capacidad de aprobar iniciativas, pero, como ha ocurrido en otras tantas ocasiones durante el último tramo de legislatura, airea la fragilidad parlamentaria sobre la que resiste el Ejecutivo. La sociedad española ha empujado, en cierto modo, a la vivienda hasta convertirla en un test de estrés para el Gobierno.
Un PP enrocado
Los movimientos en las fuerzas del arco parlamentario no han esperado a la decisión final de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, prácticamente desaparecido durante la semana, aprovechaba el sábado su intervención en el Foro La Toja para percutir en sus ya rutinarias exigencias. El líder del PP pide al jefe del Ejecutivo un adelanto electoral, calificando la vivienda como el “símbolo del fracaso” del Gobierno de coalición. “No amague más”, advirtió el conservador, mientras insistía a Sánchez para que ceda “la palabra cuanto antes” a la ciudadanía. Al mismo tiempo, anunció que aprobaría su propio plan de vivienda durante el primer mes de mandato en caso de llegar a Moncloa.
La estrategia de Génova, enrocada durante los últimos meses en presionar al PSOE con la crisis de Ceuta, da un giro para vincular el rechazo de los decretos con su argumento de que la legislatura ha agotado su recorrido. Esa es una interpretación política que en el Partido Popular han reiterado hasta la saciedad. Lo cual no quiere decir que suponga una consecuencia automática de la votación del viernes, pues desde el entorno socialista han mantenido abiertas las líneas con sus aliados parlamentarios para volver a presentar iniciativas, aunque cualquier nueva negociación obligaría a recomponer una mayoría que el viernes - como en los últimos meses – no existió.
Es precisamente Junts el que ocupa un espacio preponderante en dicho dilema. Sus votos fueron decisivos para hacer caer los decretos, junto a los del PP, Vox y UPN. La formación independentista, sin embargo, ha evitado presentar el rechazo como una ruptura definitiva conel Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido que los articulados estaban mal planteados y ha emplazado al PSOE a negociar sobre la propuesta alternativa que su grupo trasladó al Ministerio de Vivienda antes de la votación. En Ferraz, en cambio, replican que varias de las demandas de los juntaires ya estaban en las normas rechazadas.
En el caso de Sánchez optase por continuar la legislatura, la relación con Junts volvería a ser una de las piezas centrales. La votación del viernes evidenció una vez más que el Gobierno no dispone de una mayoría fija y que cada iniciativa exige una negociación independiente, pero también que los puentes no están necesariamente rotos. La decisión que adopte el jefe del Ejecutivo dependerá, entre otros factores, de hasta qué punto considera posible recomponer las alianzas.
Cónclave dominical en Sumar
A la izquierda del PSOE tampoco se detiene el cronómetro. Miembros del espacio plurinacional tienen previsto reunirse para analizar la situación de la vivienda y el escenario que se abre tras el rechazo de los decretos, en un momento capital para Sumar, a quien la actualidad ha atropellado con la casa todavía por hacer. La posibilidad del adelanto electoral está sobre la mesa y la izquierda alternativa lo sabe, mientras sigue abierta la incógnita sobre quién encabezaría una eventual candidatura del renovado Frente Amplio.
Mientras las quinielas siguen engordando con más nombres propios – el de Mónica García es el última en sumarse – no existe una posición unitaria dentro del espacio. Enrique Santiago, portavoz parlamentario del IU y diputado de Sumar, se mostró favorable a que los ciudadanos vuelvan a pronunciarse si la correlación de fuerzas en el Congreso impide aprobar determinadas carpetas sociales. Otros dirigentes han preferido mantener el foco en la crisis de vivienda y en la posibilidad de reconstruirlos decretos antes de dar por amortizada la legislatura.
Todas las opciones están sobre la mesa antes del inicio de una semana marcada en rojo a toda prisa en el calendario de los españoles. El PP reclama elecciones, Junts deja abierta una nueva negociación y Sumar reúne a sus organizaciones mientras Sánchez calibra el futuro del país. Por debajo de esos movimientos permanece una protesta social cada vez más masiva que ha conseguido desplazar la conversación público hacia la vivienda y que el sábado pobló las calles de toda España.
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