Cambian de portavoces, pero no de escándalos”. Así resumen fuentes del PSOE lo que, a su juicio, define al congreso nacional que el PP celebra esta semana: un intento de maquillaje político para ocultar un calendario judicial “marcado en rojo” por más de treinta causas abiertas entre 2025 y 2030. En Ferraz no dudan en señalar al partido de Alberto Núñez Feijóo como un proyecto “podrido”, atrapado en las tramas de corrupción que le persiguen.

Desde la dirección socialista destacan que el intento de renovación del PP es solo fachada. “Por mucho congreso, mucha puesta en escena y mucha foto nueva, la realidad es que el PP no necesita una nueva ejecutiva: necesita rendir cuentas ante la Justicia”, insisten. En Ferraz subrayan que las causas judiciales que acorralan a los populares no son herencias del pasado, sino “la confirmación de un modelo que no ha cambiado”.

La lista de procedimientos judiciales que afectan al PP se extiende como una mancha que, según el PSOE, no logra taparse con cambios de nombres ni de eslóganes. Entre 2025 y 2030, los tribunales examinarán responsabilidades en más de treinta causas abiertas. Algunos de los nombres vinculados a estos procesos resultan familiares: Eduardo Zaplana, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Ana Mato, Ignacio González, Pedro Antonio Sánchez, Ana Millán o Judith Piquet. Todos ellos, recuerdan en Ferraz, “ejemplo de una estructura podrida que sigue intacta bajo el mando de Feijóo”.

Un calendario judicial que no se borra

El PSOE subraya que este calendario judicial, “marcado en rojo”, es la prueba de que la corrupción no es un episodio del pasado, sino un problema vivo que persigue al PP. Entre las causas más relevantes previstas entre 2025 y 2030 destacan las que salpican directamente a actuales responsables públicos, como Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal y corrupción; Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, por el caso Neverland; o Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, por presuntas filtraciones policiales. A ellas se suman escándalos históricos como el caso Gürtel, el caso Púnica, las piezas de la trama Kitchen o los distintos procesos por financiación ilegal, blanqueo de capitales, sobrecostes en grandes obras y adjudicaciones irregulares en autonomías como Madrid, Murcia, Castilla y León o Andalucía.

Además, el partido encara juicios por operaciones internacionales como Emissao (Brasil) e Inassa (Colombia), por las adjudicaciones opacas vinculadas a grandes constructoras como OHL, o por presuntas irregularidades en servicios públicos básicos: guarderías, desaladoras, parques eólicos, tanatorios o mascarillas durante la pandemia. “Están todos: Gürtel, Púnica, Lezo, blanqueo, financiación ilegal… Cambian las caras, pero no los escándalos”, insisten desde Ferraz, que recalca que el verdadero reto del PP no pasa por reorganizar su cúpula, sino por asumir responsabilidades y colaborar con la Justicia.

El congreso, un intento de blindaje

Desde el PSOE consideran que el congreso nacional del PP no busca otra cosa que “reforzar el blindaje ante la cascada de causas judiciales que se avecinan”. A juicio de las mismas fuentes, el partido de Feijóo ha renunciado a cualquier regeneración real y se ha conformado con “reeditar lo peor de sí mismo: la corrupción estructural, el desprecio a lo público y la rendición ante la extrema derecha”.

La formación de Núñez Feijóo, añaden en Ferraz, ha pasado de ser un partido conservador a convertirse en “una franquicia del trumpismo ibérico”. “Su congreso no es más que un acto de maquillaje que no cambiará lo esencial: la Justicia sigue teniendo en su agenda las siglas del PP, marcadas en rojo”, insisten.

Un modelo que no se depura

El balance que hace el PSOE es contundente: el PP no se enfrenta a un problema de comunicación o liderazgo, sino a un problema estructural de corrupción. “Están todos: Gürtel, Púnica, Lezo, blanqueo de capitales, financiación ilegal... Cambian las caras, pero no los escándalos”, remarcan desde el entorno socialista.

Ferraz advierte de que el PP se enfrenta a un reto de enorme calado: asumir responsabilidades y colaborar con la Justicia. “No basta con cambiar a los portavoces o al equipo de comunicación. Lo que debería cambiar es la actitud frente a los tribunales y la voluntad real de depuración interna”, señalan.

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