La millonaria multa a Alquiler Seguro desde el Ministerio de Consumo por prácticas abusivas sobre sus clientes sentó un precedente muy importante en cuanto a la lucha contra los fraudes inmobiliarios, y parece que la cartera dirigida por Pablo Bustinduy no tiene intención de levantar el pie del acelerador. Ahora, se ha abierto una investigación contra los grandes portales inmobiliarios por ofrecer pisos de alquiler en zonas tensionadas por encima de los precios establecidos por ley en el caso de los grandes tenedores y por no incluir en el anuncio el precio del último contrato para los particulares. El departamento ha puesto en marcha sus pesquisas tras detectar algunas irregularidades ante las nuevas reglas de transparencia, que podrían haber incurrido en infracciones de la normativa de consumo al ser "desleales por engañosas".
Así se expresó el ministro Bustinduy en una rueda de prensa este viernes, donde dio parte de la investigación, defendió la apertura del expediente y subrayó que su departamento hará "todo lo que sea necesario para garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley". "Garantizaremos la correcta aplicación de la ley de vivienda, lucharemos contra la proliferación de los pisos turísticos ilegales y erradicaremos las prácticas fraudulentas y abusivas de las inmobiliarias", reivindicó, sin mencionar de manera directa a ninguno de los portales investigados.
Sin datos específicos
En su intervención, Bustinduy no aportó detalles sobre cuáles eran las plataformas investigadas ni de cuántos anuncios se encuentran siendo examinados. Solamente informó de que la investigación está comprobando si los portales han adaptado sus sistemas a estas nuevas exigencias o si, por contra, han seguido permitiendo que se cuelguen anuncios que vulneren la legalidad vigente, induciendo a error a los consumidores y abusando de ellos al desembocar en contratos con un precio superior al permitido.
Hasta el momento, la Ley de Vivienda obligaba a proporcionar dicha información antes de firmar el contrato, pero la nueva normativa, en un intento de aportar seguridad adicional al inquilino, también obliga a que esta aparezca en los anuncios, algo que, a ojos del Ministerio, podría estar vulnerándose. A su vez, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en el Congreso el pasado 11 de diciembre y publicada en el BOE el 27 del mismo mes, exhorta a las plataformas inmobiliarias a publicar, "de forma clara y accesible", la información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar el precio al que se oferte cualquier inmueble.
Las plataformas, responsables de cumplir la ley
Por su parte, Consumo ha explicado que los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias fueron informados por carta por el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, el pasado 29 de diciembre, de los cambios legislativos que estaban por venir y de sus responsabilidades al respecto. En el documento también se les avisaba de que su incumplimiento podría ser considerado "una práctica desleal por engañosa", con multas muy graves en el horizonte como la que recibió Alquiler Seguro.
Esta matización desde el Ministerio, depositando la responsabilidad sobre los propios portales, llegaba después de que Idealista y Pisos.com afirmaran, este viernes, que la responsabilidad sobre el contenido de los anuncios inmobiliarios corresponde siempre al propio anunciante, como titular de la información publicada, y no a la plataforma que actúa como intermediaria, como ha quedado confirmado, a su juicio, por la jurisprudencia española al respecto. Estas páginas salieron a defenderse, huelga decir, sin que Bustinduy diera ningún nombre en concreto sobre quiénes estaban siendo investigados.
Fuentes de Consumo, de su lado, hicieron referencia a los artículos 6 y 9 del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que recogen la responsabilidad de las plataformas inmobiliarias una vez notificadas y, además, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su redacción dada por la reciente Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que establece que es ilícita la publicidad de precios por encima del precio regulado para el bien o servicio concreto, así como la indicación del precio sin referencia a los patrones tenidos en cuenta para ajustarlo a la limitación reglamentaria.
La multa millonaria a Alquiler Seguro
El pasado mes de diciembre, la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 resolvió sancionar por un total de 3,6 millones de euros a Alquier Seguro por los cobros a inquilinos y otras irregularidades detectadas durante la investigación de las prácticas de la inmobiliaria.
En el expediente sancionador, firmado por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, se desgraban una tras otra las numerosas irregularidades que localizadas en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios. Entre las prácticas fraudulentas detectadas se encontraban la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble, la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
En la resolución, que Consumo comunicó a Facua como primer denunciante y que se personó como parte en el procedimiento, se desestimaban las trece alegaciones presentadas por la entidad inmobiliaria. La resolución sancionadora concluía que la inmobiliaria ha cometido seis infracciones calificadas como "muy graves" y una como "grave" en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Las infracciones muy graves derivaron en una multa de 1 millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. La infracción grave fue sancioanda con 10.001 euros. En total, los 3.600.902 euros anteriormente mencionados.