Arranca una semana ajetreada en la Carrera de San Jerónimo. El martes se celebrará un súperpleno en el que, entre otras cosas, el Congreso convalidará el nuevo texto del Poder Judicial, la ampliación del decreto anticrisis o la toma en consideración de la Ley de Extranjería. Antes, este lunes, tal y como anunció Pedro Sánchez en sede parlamentaria el pasado miércoles, el Gobierno iniciará la ronda de contactos con todos y cada uno de los grupos de la Cámara -a excepción de Vox- para negociar las medidas que albergará el Plan de Acción Democrática que desgranó el jefe del Ejecutivo. Serán el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el responsable de la cartera de Cultura, Ernest Urtasun, quienes tomen la temperatura en este primer cara a cara. Se espera que el martes, aprovechando la sesión maratoniana, el socialista y el magenta se vean las caras con Partido Popular, ERC y Coalición Canaria.
El pasado miércoles, el presidente del Gobierno acudió al Congreso a petición propia para exponer los acuerdos emanados de los dos últimos Consejos de Europa, pero también para esbozar los primeros trazos del paquete de medidas en materia de regeneración democrática que anunció Sánchez tras sus cinco días de reflexión. Después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciara que Bolaños y Urtasun encabezarán el equipo negociador de Moncloa, el súper ministro informó a través de su perfil en X que las primeras reuniones arrancarían este lunes 22 y concluirían el martes, coincidiendo con el pleno maratoniano previsto en el que se dará luz verde a la prórroga del decreto anticrisis, a la reforma de la Ley del Poder Judicial pactada por PP y PSOE, así como el debate del techo de gasto o la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería planteada registrada por socialistas y magentas.
El equipo negociador de Moncloa se citará desde este mismo lunes con todas las fuerzas del Hemiciclo, a excepción de Vox, quienes no han confirmado su asistencia. Según trasladan fuentes parlamentarias, el grueso de los contactos están programados para la tarde de este 22 de julio y arrancarán con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) a las 17:00, continuando con EH Bildu (17:30), Podemos (18:00) y BNG (18:20). Desde el grupo parlamentario vasco trasladan que su portavoz, Aitor Esteban, acudirá al encuentro con “ánimo constructivo”; mismo sentir con el que afrontan las reuniones el resto de integrantes del bloque de la investidura. Todos ellos han dejado patente un escepticismo inicial para con el plan que presentó Sánchez, calificándolo como “insuficiente” al ceñirse a las ya existentes en el Reglamento europeo de medios de comunicación.
Escepticismo en los aliados
El resto de encuentros, tanto con Partido Popular, como con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Coalición Canaria, se prevén para el martes, coincidiendo con el pleno convocado para esta jornada en el Congreso de los Diputados. Por su parte, desde la cúpula conservadora confirmaron su asistencia a la reunión con Urtasun y Bolaños con la intención de “escuchar” lo que trasladarán los ministros. Sin embargo, la sensación de “escepticismo” es compartida con el resto de aliados parlamentarios del Ejecutivo.
Los socios fueron tajantes en sede parlamentaria el miércoles. El plan presentado por Sánchez “se queda corto”. El grueso de los componentes de la mayoría de la investidura reprochó la falta de valentía de las medidas presentadas, reprochando al jefe del Ejecutivo que se apuntara el tanto con un reglamento comunitario que ya es de obligado cumplimiento en España. ERC, Junts, Bildu y Podemos lamentaron la falta de ambición de propuestas, mientras el presidente del Gobierno admitía que deberán ser retocadas en las futuras negociaciones.
Desde la tribuna del Hemiciclo, todos los portavoces exhibieron sus recelos ante un plan de regeneración democrática en una España que a ojos del Gobierno es una “democracia plena”. El ala independentista catalán cuestionó la falta de “valentía” de un paquete de medidas que anunció dos meses atrás: “No ha anunciado nada que sea iniciativa de su Gobierno. ¿Qué ha venido a hacer aquí hoy?”, lanzaba entonces el portavoz republicano, Gabriel Rufián, a quien siguió su homóloga de Junts, Miriam Nogueras, asegurando que su plan fracasaría porque el PSOE es “corresponsable de la carcoma que ha podrido la democracia española por dentro”. La abertzale Mertxe Aizpurua apuntalaba el discurso de ERC, reivindicando la necesidad de implementar medidas de calado con “voluntad y valentía”.
El plan de Sánchez
Entre el abanico de iniciativas dibujadas, el presidente del Gobierno aseguró que lo ideal sería trasponer a la legislación española lo que exige el reglamento europeo de medios de comunicación aprobado hace unos meses con el respaldo de las tres principales familias del Parlamento Europeo (socialdemócratas, conservadores y liberales). “Lo que se vota en Estrasburgo se puede votar perfectamente en España”, adujo, en una clara apelación al Partido Popular, cuyo grupo en la Eurocámara avaló en su momento esta normativa comunitaria.
El reglamento en cuestión plantea que “los ciudadanos deben conocer las fuentes de ingreso de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta” con el fin de evitar “fraudes en inversión publicitaria” por parte de las administraciones públicas. Así, el jefe del Ejecutivo defendió la urgencia de “limitar la financiación” de los gobiernos -central, autonómicos o municipales- para que “no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes”.
Ello emanaría de una actualización de la Ley de Publicidad Institucional, que se aprobó hace dos décadas, cuando en España “se leían más periódicos en papel que en pantalla” y no existían las redes sociales. Por ello, expone que impulsará una batería de medidas para el blindaje de la independencia editorial y los derechos de los profesionales para eludir presiones desde el ámbito político o empresarial. Asimismo, encuadrado en este mismo plan, el Gobierno destinaría un paquete de 100 millones de euros en ayudas a la digitalización de aquellos medios que lo necesiten para la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas que mejoren sustancialmente la productividad y la calidad informativa, así como un reforzamiento de los sistemas de ciberseguridad.