5.400 viviendas en alquiler están en riesgo en la Comunidad de Madrid por la venta del fondo buitre Fidere, propiedad de Blackstone. La empresa matriz quiere deshacerse del fondo de inversión en activos residenciales vendiendo todos los inmuebles con los que cuenta a un solo comprador, pero manteniendo la gestión de los mismos. En este megalómano movimiento, quien más damnificado puede salir serán las familias que residen de alquiler en estas viviendas, al ver cómo los grandes propietarios juegan con sus hogares como fichas de una partida de damas y con el más que probable incremento en los precios que acaecerá el traspaso de la titularidad si termina produciéndose, en una comunidad donde la regulación en materia residencial ni está ni se le espera.
El fondo de origen estadounidense decidió, el pasado mes de septiembre, poner a la venta sus activos en Fidere, una de las dos filiales de viviendas en alquiler con las que cuenta en España. Esta es la segunda ocasión en la que la firma intenta poner en marcha esta operación, tras un primer conato en 2019. Por aquel entonces, la irrupción de la pandemia y las tendencias del mercado hicieron al fondo buitre echarse atrás con el movimiento, para el respiro de las familias. En 2023, Blackstone refinanció toda la deuda de Fidere para desinvertir y encontrar una ventana de oportunidad de vender todas las viviendas: la del momento actual.
El plan de la macroentidad consiste en desinvertir las 5.400 viviendas de Fidere en régimen de alquiler, valoradas en un total de 1.200 millones de euros. El propósito de Blackstone no es otro que deshacerse de todas ellas y mantener su gestión, preferiblemente todas a un mismo comprador, pero también estudia venderlas por paquetes en función de importe y ofertas. La gestión de los pisos en alquiler del fondo corre a manos de Testa Homes, firma que gestiona tanto las viviendas de Testa como las de Fidere y que ya estuvo en el foco mediático por polémicas subidas de precio a los inquilinos anteriormente. Se prevé que el proceso que se ha puesto ahora mismo en marcha no terminará hasta, como mínimo, el segundo semestre de 2026.
La Comunidad de Madrid podría intervenir en la venta
Cabe destacar, a su vez, que buena parte de las viviendas de Fidere tienen una particularidad: en origen, eran de titularidad pública, pero perdieron los 15 años de protección que la Comunidad de Madrid contempla para la titularidad comunitaria de sus pisos. Una vez expiró ese periodo, salieron a la venta y fue Blackstone quien se hizo con ellas durante la alcaldía de Ana Botella, y con la misma facilidad, quiere deshacerse ahora de ellas. La Comunidad de Madrid tiene a su disposición una herramienta con la que podría ahorrarle mucha incertidumbre a los vecinos que residen en estas casas: el derecho de tanteo y retracto.
El derecho de tanteo y retracto es un derecho de adquisición preferente que permite al inquilino u otra parte que designe la ley, en este caso las administraciones públicas, comprar una vivienda antes que un tercero, en este caso los fondos interesados, o subrogarse en la compra ya realizada en las mismas condiciones y precio que se pactó con ese tercero, para proteger la estabilidad de los inquilinos residentes en las viviendas. Lo recoge el Artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y a través de este mecanismo, la Comunidad de Madrid tiene el derecho y la capacidad de hacerse con esos inmuebles de nuevo y hacer que pasen a titularidad pública sin que supusiera, siquiera, coste alguno para las arcas públicas.
Un ejemplo exitoso de la aplicación de este mecanismo se dio en la Comunitat Valenciana tras el incendio del Campanar, donde todo un bloque de vecinos se quedó sin hogar y pudieron ser realojados con relativa celeridad con la adquisición de otro inmueble con este mecanismo. La administración de Català fue reticente inicialmente a ello, pero finalmente accedieron. En el caso de la Comunidad de Madrid, no muy conocida por su gusto por el intervencionismo, todo parece indicar que este derecho no se ejecutará: la ley de Vivienda no se aplica en este territorio y tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, así como los ediles 'populares' de otros municipios, han sostenido en varias ocasiones que no tienen intención alguna de regular el mercado de la vivienda, a pesar de la situación que impera en el mismo.
Para el portavoz de vivienda de Más Madrid, Jorge Moruno, la situación es doblemente grave, ya que, a su juicio, la Comunidad de Madrid "abandona en dos tiempos a los ciudadanos", primero, en cuanto al periodo en el que las viviendas de titularidad pública se mantienen como tal en la región: apenas quince años, y en segundo lugar, no ejecutando el citado mecanismo. "La Comunidad de Madrid tiene en su mano evitar e impedir que echen a esta gente de sus hogares porque le suban el precio del alquiler cuando las vendan. Las viviendas protegidas dejan de estarlo cuando pasan 10 o 15 años y la gente queda abandonada, cuando podrían comprar las viviendas e incorporarlas al parque público de la Comunidad, y no lo hacen", lamenta en conversaciones con ElPlural.com.