Tras los resultados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 se confirmó en España lo que ya era una tendencia europeísta: la fragmentación del Parlamento. El duopolio de mayorías absolutas ―o ampliamente mayoritarias― en España ha terminado por desintegrarse.

Esta tradición se disipó hace años en la mayoría de nuestros países vecinos. Sin duda, la ola internacional de la ultraderecha y el auge de los populismos han fagocitado la segmentación del electorado. Pero en nuestro país aún quedaban resquicios entre el bipartidismo, como si de un acuerdo velado se tratase.

La aritmética parlamentaria del Congreso reflejó la voluntad de los electores, y la desarticulación de los amplios consensos entre grupos parlamentarios fue su dictamen: 7.830.506 españoles optaron por una opción ajena al PSOE y el Partido Popular, lo que se traduce en el 32% de los votantes. Desde entonces, las mayorías se deben pactar, dialogar, consensuar y armar negociadamente desde varias posturas, muchas veces incompatibles. Escaño a escaño, partido a partido.

Es evidente que la capacidad de negociación de Pedro Sánchez fue más eficaz que la de Alberto Núñez Feijóo, ya que el primero tenía más que perder/ceder que el segundo. De un lado, el PSOE, habiendo perdido las elecciones, membró una mayoría con otras 14 formaciones (Sumar, PNV, Bildu, BNG, ERC, Junts, CC).

Del otro, el PP solo atrajo a su socio a la derecha: Vox. Partidos como el PNV y Junts, de tradición independentista y naturaleza conservadora, han solido entenderse con su homólogo en Madrid: el PP de Aznar y Rajoy. Pero, ni Aitor Esteban ni Carles Puigdemont estaban por la labor de permitir un gobierno con la ultraderecha ocupando la vicepresidencia. Por lo tanto, el acuerdo no sería viable en esta ocasión.

En los primeros andares de la legislatura, el choque entre el PP y los independentistas fue vehemente y considerablemente brusco tras negarle la Moncloa a Feijóo. Sin embargo, conforme avanzaban los meses en la oposición, el líder del PP intentó suavizar su trato con el PNV y los exconvergentes para propiciar una moción de censura. Pero, el maltrato hacia las lenguas cooficiales, la crítica hacia el autogobierno y el rechazo a la idiosincrasia nacionalista hizo mella en las formaciones periféricas.

La que siempre lo tuvo claro fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha arremetido en incesantes ocasiones contra la totalidad de los partidos independentistas: insultos, vejaciones, desprecios, mentiras y exabruptos. Ayusismo en estado puro: quien era socio habitual, ahora es enemigo usual.

La baronesa autonómica se ha erigido como la figura discordante que desafía a la línea nacional marcada por Génova 13 en términos políticos y asociativos. Su perfil más extremista cierra ventanas de oportunidad a las que aspiraba Feijóo, y ello acrecienta la dependencia del PP para con Vox. Ahora, un “Pacto del Majestic” de no es previsible ni esperable. Tampoco que el PNV vaya a sostener una mayoría conservadora con quienes pretenden ilegalizarles.

Cuando acabe esta legislatura el PP seguirá contando con el mismo (único) socio al que aspira porque no ha tendido puentes para recuperar relaciones políticas con según qué grupos históricamente decisivos para la gobernabilidad del país. La única diferencia es que esa tercera fuerza política, Vox, habrá doblado su peso y condicionará el devenir del bloque de la derecha.

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