La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incumple la ley en su particular cruzada contra el aborto. Pero no solo eso, sino que la responsable del Ejecutivo madrileño también contradice a su consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien dijo hace cosa de una semana que la Autonomía sí crearía el Registro de médicos objetores que rechacen practicar interrupciones voluntarias del embarazo.

Matute también criticó esta petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tachándola de “inútil” y “punitiva”, pero prometió que se ajustaría a la normativa. “Hay un juramento hipocrático, un código deontológico y un montón de legislación en la que tú no puedes obligar a nadie a quitar la vida”, apuntó. Y apostilló: “Vamos a cumplir la ley, pero sin que toque un milímetro el derecho de uno de los profesionales sanitarios. Hay que respetar su decisión, tanto de hacerlo como de no hacerlo”.

La responsable de la administración Sol, por su parte, no confirmó en aquel momento cuál sería la respuesta que daría a la carta enviada a su comunidad -entre otras- firmada del puño y letra del también secretario general de los socialistas. Este jueves, Ayuso ya sí ha confirmado que rechazara la solicitud de su homólogo en La Moncloa, a pesar de que esto incumple la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La política del PP ha pronunciado que “no se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo” y que “no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo”. “No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a abortar a otro lado”, ha llegado a decir.

El exabrupto no ha tardado en encontrar la respuesta, precisamente, del presidente del Gobierno, que ha puesto en entredicho la “libertad” de la que presume la lideresa. “Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás”, reaccionaba a golpe de tuit.

A renglón seguido, dejaba claro que ni él ni su equipo lo van a permitir: “El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional”.

Incumplimiento clamoroso de la ley

La Ley Orgánica 1/2023 estima que “se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario”.

En un pleno especialmente tensionado, la ‘popular’ ha apelado a la Constitución, donde Sánchez abre la puerta a incluir este derecho, estimando que “dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología o creencias”.

“No voy a obligar a un médico de la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca”, zanjaba calificando el aborto como un “fracaso” que, en su mayoría, resulta “evitable”.

"Pone en peligro -dice Ayuso- el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 15 de derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16.1 que defiende la libertad ideológica de religión o creencias y ha dado pie a sentencias refrendadas por el propio Tribunal Constitucional. El artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".

Asimismo, también ha señalado el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El artículo 9 de Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"O el Corán, que es su libro. Pregúntale a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán qué opina del aborto. Y no le digo de la homosexualidad o de la transexualidad. Esa aventura se ha dejado a ustedes", ha ironizado la mandataria autonómica.

Madrid no es la única comunidad que incumple la normativa y recurren a trabas administrativas y burocráticas que demoran los plazos y los tiempos de atención en la sanidad pública. En el caso del equipo de Ayuso, pide empadronamiento para poder ser atendido en los centros públicos, algo que contraviene en caso de interrupción de embarazo.

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