El Partido Popular tuvo en sus manos la ocasión de estampar su firma, y no la de Junts, sobre el acuerdo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Es decir, de condicionar el reparto migratorio y moldearlo a gusto de sus barones. Pero Génova decidió levantarse de la mesa, sobre todo después del pulso de Vox para dejar las coaliciones en las autonomías que dominaban y, por tanto, mermar a los conservadores con gobiernos en minoría. Algo menos de un año después, ese hueco lo han ocupado los neoconvergentes, que han cerrado un acuerdo con Moncloa que ha soliviantado a los líderes territoriales del PP, encabezados por una Isabel Díaz Ayuso que ha prometido un nuevo frente judicial contra Pedro Sánchez.
La lideresa madrileña ha sido la primera en alzar la voz después de que, a primera hora de este martes, Gobierno y Junts anunciasen un acuerdo para que el Consejo de Ministros aprobara, vía real decreto, el reparto de menores a otras autonomías. Por supuesto, de tal pacto se desprende cierto beneficio para Cataluña, que según los cálculos hechos públicos por los neoconvergentes, recibiría unos 20 o 30 menores de los 4.000 totales, amén de una compensación económica por el “esfuerzo gigante” previo. Entre tanto, Madrid percibiría del orden de 700 migrantes menores de edad. “Otros han mirado para otro lado”, deslizaba con cierta picaresca la portavoz parlamentaria de los independentistas, Miriam Nogueras, mientras explicaba las interioridades.
Nuevo frente judicial
Desde la Puerta del Sol, el mensaje fue claro. La presidenta madrileña el grito de guerra contra el Gobierno, abriendo una nueva trinchera mientras marcaba el paso a Alberto Núñez Feijóo y a la dirección nacional. “La política migratoria de Sánchez es un lastre para todos”, comenzaba una Ayuso que preparaba el terreno para su gran anuncio: “Este lamentable acuerdo se llevará a los tribunales y a la Unión Europea”. La jefa del Ejecutivo regional considera que el pacto con Junts violenta las opciones de los mismos inmigrantes, que “están en manos de mafias”.
No contenta con abrir un nuevo frente judicial contra Moncloa, la presidenta cargaba su fusil y acusaba al Ejecutivo de “usar a estos menores de arma política”. “Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada”, espetó a través de sus redes sociales. Un argumento que ya ha hecho suyo Génova. Uno de los principales apoyos de Feijóo, el portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Miguel Tellado, recitaba con precisión quirúrgica los argumentos expuestos por la inquilina de la Puerta del Sol a primera hora de la mañana. “El Gobierno ha pasado de mercadear con leyes, a hacerlo con menores de edad y eso es cruel”, remataba el diputado gallego.
Desde la sala de prensa de la Cámara Baja, Tellado acusaba al Gobierno de que lo único que les preocupaba es que no estuvieran en Cataluña. En suma, una “política de fronteras a la carta para los independentistas catalanes”. Entre tanto, afeaba que el entorno de Moncloa afilase sus cuchillos y catalogase a las comunidades del PP como “xenófobas” por argumentar que no están en condiciones de recibir “más menores migrantes”. Justificación a la que se aferró -y seguía haciéndolo- Génova para negar al Gobierno el acuerdo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Por tanto, ya ha dado orden de que sus barones rechacen el reparto si no es la Administración central la que financie la acogida y ofrezca garantías.
La número dos del aparato conservador, Cuca Gamarra, entiende que el acuerdo destila “desigualdad y xenofobia” y no responde a otra motivación que la de “mantener a Sánchez en el poder”. Mientras que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, enfrascado en las negociaciones presupuestarias con Vox, seguirá la estela de Ayuso y ya estudia elevar a los tribunales y a la Unión Europea el acuerdo con los neoconvergentes. O, mejor dicho, el decreto ley que ha aprobado el Ejecutivo este martes.
Clavijo ve el acuerdo un "triunfo" e insta al PP a no "entorpecer"
Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha tildado de “triunfo” de la sociedad canaria el acuerdo. “Es un día importantísimo para Canarias y para España. Después de casi 18 meses de trabajo, de muchas reuniones, de muchos viajes, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que viene a dar respuesta a una demanda de hace muchísimos años, acuciante para Canarias y para Ceuta, que va a permitir una respuesta unificada de España como país al fenómeno migratorio”, ha aseverado el dirigente canario en rueda de prensa.
Un Torres que ha aprovechado su comparecencia para solicitar “lealtad institucional” a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, formación a la que ha pedido expresamente no "obstaculizar ni entorpecer" la aplicación del acuerdo. “Espero y deseo que un partido que quiere gobernar España y que está tan preocupado por la integridad política de España tenga altura de miras para no obstaculizar ni entorpecer la aplicación de una norma que lo único que busca son dos cosas: proteger el interés superior del menor y aplicar un criterio de solidaridad que está perfectamente reflejado en el artículo 2 de la Constitución”, ha subrayado.
En este sentido, el presidente canario ha sido especialmente duro con su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta se haya vuelto a erguir como líder de la derecha y la extrema derecha y haya anunciado otra guerra judicial. “Este acuerdo de política útil, este acuerdo de respeto a los derechos humanos, este acuerdo de respeto a los tratados internacionales, este acuerdo de respeto a los niños y las niñas, este gran acuerdo, brilla más por la mediocridad y la miseria de algunos con ese tipo de declaraciones que les definen como personas […] Esto ya es ley, y si algún territorio quiere recurrir a los tribunales porque considera que se han vulnerado sus derechos que lo hagan, pero mientras tanto pido que haya lealtad para que se aplique y se cumpla”, ha censurado.
Centros con hasta 330 plazas
Sobre la negociación política ha señalado que se abre ahora un periodo para negociar con los grupos dado que en treinta días hay que convalidar el texto en el Congreso. "Vamos a pedir as todos los grupos el apoyo", ha afirmado, subrayando que el PP canario ha apoyado el 'Pacto Canario por la Inmigración'.
Ha valorado igualmente que el decreto reconozca el concepto de capacidad ordinaria de plazas, que está por definir --ha calculado que en Canarias podría oscilar entre 700 y 900-- y se incluyan fondos por 100 millones de euros y el "compromiso" del Estado de financiar las plazas cuando se rebase la capacidad.
Cuestionado por el informe de Amnistía Internacional que advierte de "violencia y castigos excesivos" contra menores en centros de acogida de Canarias, se ha limitado a valorar que la ONG haya decidido investigar la realidad en las islas y conozca el proceso.
Clavijo ha relatado que el archipiélago cuenta en la actualidad con 86 centros de menores migrantes, ocho de ellos con más de 100 --uno incluso con 330--, cuando la capacidad recomendada don 20 plazas, lo que a su juicio explica por qué la convivencia "se resiente", en muchas ocasiones incluso porque son de nacionalidades distintas.
Además, ha dicho que se han abierto hasta 35 centros específicos para menores de 12 años, 26 de ellos gestionados por los cabildos, con un total de 374 niñas, que llegan menos que los varones en cayuco.