Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han destinado más de 3,4 millones de euros de dinero público a OkDiario durante los últimos seis años. La cantidad asciende a unos 4,12 millones de euros con el IVA incluido, según una investigación publicada por El Salto que analiza los contratos publicitarios y las adjudicaciones de las administraciones madrileñas gobernadas por el Partido Popular.
Los fondos proceden de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y Canal de Isabel II, la empresa pública de agua. La mayor parte corresponde a publicidad institucional, aunque también figuran contratos menores para patrocinar jornadas y eventos organizados por el grupo editorial de Eduardo Inda.
Ayuso concentra la mayor parte del gasto
La Comunidad de Madrid es la principal fuente de financiación pública del digital. Según los datos recopilados por El Salto, el Ejecutivo de Ayuso destinó 2,075 millones de euros a publicidad institucional de OkDiario entre 2020 y 2025. El desembolso pasó de unos 148.000 euros en 2020 a 474.317 euros en 2024, más del triple, antes de reducirse ligeramente en 2025.
A esa cantidad se suman otros 277.000 euros, sin IVA, procedentes de Canal de Isabel II, que contrató publicidad con el medio por una media aproximada de 46.000 euros anuales. En 2025, la cifra alcanzó los 55.120 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, presidido por Almeida, abonó cerca de 980.000 euros a la editora Dos Mil Palabras S. L. mediante contratos publicitarios. La cantidad asciende a unos 1,17 millones con el IVA incluido. Solo en 2025, el Consistorio destinó 213.554 euros al digital por este concepto.
Contratos menores para financiar eventos
La investigación identifica, además, seis contratos menores concedidos por la Comunidad de Madrid a la empresa editora, por un total de 78.450 euros antes de impuestos, cerca de 95.000 euros con el IVA incluido.
Entre ellos figuran tres patrocinios vinculados a OkGreen, la sección medioambiental del grupo, por cantidades próximas a los 14.500 euros cada uno, en 2023, 2024 y 2025. También aparecen contratos relacionados con las jornadas OkSalud y OkTurismo, además de una campaña publicitaria sobre movilidad que incluyó una entrevista al consejero regional Jorge Rodrigo y la participación de un director general de Transportes.
Estas adjudicaciones se tramitaron como contratos menores, una modalidad legal de contratación pública siempre que se respeten sus requisitos. La proximidad de algunos importes al límite económico aplicable y la reiteración de encargos plantean interrogantes sobre los criterios de selección y la justificación del gasto, aunque la información publicada no acredita por sí misma ilegalidades ni un fraccionamiento irregular.
El pago de la defensa de Koldo García
La financiación pública de OkDiario coincide con la revelación de que su empresa editora abonó 242.000 euros, IVA incluido, por la defensa jurídica de Koldo García, exasesor del antiguo ministro José Luis Ábalos. Las facturas presentadas por la abogada Leticia de la Hoz ante la Audiencia Nacional recogen dos pagos: uno de 181.500 euros, efectuado el 27 de noviembre de 2025, y otro de 60.500 euros, abonado el 23 de enero de 2026.
La documentación identifica a Dos Mil Palabras como la sociedad que sufragó los honorarios. La revelación resulta relevante porque se había cuestionado quién pagaba la defensa y la letrada había negado que el PSOE asumiera esos gastos.
No obstante, este pago y los contratos publicitarios de las administraciones madrileñas son asuntos distintos. La información disponible no demuestra que exista una conexión entre ambos ni que las adjudicaciones públicas respondieran a la línea editorial del medio.
El control del dinero público, en el centro del debate
Las cifras recopiladas por El Salto sitúan a OkDiario entre los medios que más recursos públicos reciben de las administraciones madrileñas. En 2024, el digital habría ingresado hasta 718.000 euros por los conceptos analizados, su máximo anual durante el periodo estudiado.
El volumen de fondos plantea interrogantes sobre los criterios empleados para distribuir la publicidad institucional, la selección de los medios beneficiarios y la eficacia de las campañas financiadas con dinero público. La coincidencia entre la orientación política de un medio y la de los gobiernos que contratan sus servicios no prueba por sí sola un trato de favor, pero hace especialmente relevante la transparencia de los procedimientos y la justificación de cada desembolso.
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