La Junta de Chamberí ha emitido este lunes una resolución por la que concede al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, dos meses para que legalice las obras de reforma integral que realizó sin permiso del Ayuntamiento en su piso en el madrileño barrio de Chamberí. Así lo ha adelantado elDiario.es.

En esta resolución, el Ayuntamiento de Madrid indica que puede solicitar una licencia que ampare las obras de acondicionamiento parcial y obras exteriores en su vivienda. Cabe remarcar que sobre estos mismos trabajos pesaba una orden de cese emitida por la Junta del distrito de diciembre de 2022.

La visita de la inspección municipal se produjo el pasado 20 de mayo, momento en el que se constató que González Amador desoyó las advertencias municipales y continuó con la reforma, pese a no tener el permiso necesario.

De esta manera, el novio actual de la presidenta madrileña deberá ilegalizar las obras del inmueble o, de lo contrario, se verá obligado a demolerla a su costa. Bajo el primero de los escenarios, tendría que abonar una sanción de la que aún queda por definir la cuantía de parte del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, aunque oscilaría los 30.000 euros, según reza la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid referidas a aquellas viviendas en las que se hayan ejecutado obras sin contar con un título.

La inspectora municipal confirma la ilegalidad de la reforma

Ha sido también este lunes cuando se ha dado a conocer este nuevo detalle del caso que rodea a la pareja de Díaz Ayuso. A través de hasta tres documentos oficiales, una inspectora del Ayuntamiento de la capital dio cuenta el lunes 20 de mayo, tras la visita realizada al inmueble, que González Amador terminó las reformas pese a las órdenes de paralización que se emitieron al respecto.

La visita de inspección se realizó mientras González Amador estaba en los juzgados de Plaza de Castilla, en su cita judicial más que mediática, y fue cuando se corroboró que “no se localizó título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas, las cuales ya se encuentran terminadas”. Cabe remarcar que esta inspección se ha llevado a cabo dos años más tardes de que el empresario diese comienzo a las obras, las cuales consistieron en el acondicionamiento del inmueble y que, con la prolongación de las mismas y al no contar con licencia, generaron graves inundaciones en las plantas inferiores del edificio, provocando la quiebra de un restaurante.

Pese a que el Ayuntamiento de Almeida elaboró dos órdenes de cese y paralización, González Amador prosiguió sin pausa las reformas. Tanto él como Ayuso defienden que no recibieron notificación, a pesar de que existen al menos tres pruebas que demuestran lo contrario.

González Amador admitió haber cometido delitos fiscales

En paralelo, acerca de la causa judicial que se ciñe sobre su persona, fue la semana pasada cuando el novio de la principal dirigente del Ejecutivo de la Puerta del Sol admitió, a través de su defensa, que cometió delitos fiscales para, así, evitar ingresar en prisión.

Los abogados de González Amador así se lo trasladaron verbalmente a la jueza que investiga el caso de fraude fiscal y falsedad documental; es decir, de esta manera, Alberto González buscó alcanzar un pacto con la Fiscalía para evitar su entrada en prisión.

La investigación judicial se centra en los supuestos indicios delictivos sobre los hechos relativos al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse facilitado facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados. En concreto, González Amador dejó de ingresar a Hacienda, por un lado, 155.000 euros; por otro, 195.951 euros. Es decir, el montante de más de 350.000 euros.

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