El debate sobre la vivienda vuelve a concentrar toda la tensión política a pocos días de una votación clave en el Congreso. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha elevado el tono y ha dirigido un mensaje directo al Partido Popular y a Junts y les ha pedido que no bloqueen la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que se vota el próximo martes.
Bustinduy ha situado el foco en las consecuencias concretas de la decisión parlamentaria, advirtiendo de que tumbar el decreto significaría, ha dicho, “votar contra cientos de miles de familias” y asumir la responsabilidad directa sobre su futuro habitacional. A su juicio, una posición contraria sería “inexplicable” incluso para los propios votantes de estas formaciones.
El ministro ha insistido en que la medida -que permitiría a los inquilinos solicitar una ampliación de hasta dos años en sus contratos si cumplen determinados requisitos- afecta a cerca de tres millones de personas. Y ha lamentado que, hasta el momento, no haya escuchado “ni un solo argumento real” que justifique el rechazo a su convalidación.
La presión llega en un contexto parlamentario complejo. La aritmética anticipa dificultades para que el decreto salga adelante, con el rechazo explícito de Junts y la falta de implicación de PP y Vox en las negociaciones abiertas en los últimos días. Aun así, el Gobierno mantiene la puerta abierta a un giro de última hora.
Votación contrarreloj con impacto en los inquilinos
Más allá del pulso político, el calendario juega en contra de los propios inquilinos. Aquellos cuyos contratos expiren entre marzo de 2026 y finales de 2027 pueden acogerse ya a la prórroga, pero deben solicitarla formalmente -por escrito y mediante burofax- en un plazo limitado.
Las estimaciones apuntan a que hasta dos millones de personas podrían beneficiarse de la medida, en un contexto marcado por el encarecimiento sostenido del alquiler, y es que los precios han subido un 52% desde 2021, frente a un aumento de ingresos del 23%. En términos prácticos, un alquiler de 800 euros podría escalar por encima de los 1.200 si no se aplica la extensión.
En paralelo, el Ministerio ha movido ficha para reforzar la aplicación de la norma. Ha remitido una carta a 541 inmobiliarias y grandes tenedores -con más de 50 viviendas cada uno- recordándoles la obligatoriedad de prorrogar los contratos si el inquilino lo solicita en tiempo y forma. En conjunto, estas empresas gestionan más de 50.000 alquileres.
Un mensaje político que va más allá del Congreso
Bustinduy ha aprovechado su intervención para ampliar el foco y cuestionar el discurso sobre la propiedad y el mercado del alquiler. En referencia a las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado la idea de que quien posee varias viviendas “se las ha ganado” y puede fijar libremente los precios.
Ese planteamiento, ha señalado, traslada a los inquilinos el mensaje de que su situación es consecuencia de un fracaso individual. Frente a ello, el ministro ha respondido con dureza: “Sería demasiado fácil preguntarle qué ha hecho para ganarse el ático en el que vive”, ha dicho, ampliando la crítica a las políticas de vivienda del Partido Popular y a la gestión de los activos públicos.
En ese mismo tono, ha puesto el acento en el papel de los fondos de inversión y en la privatización de vivienda pública, cuestionando cómo se ha llegado a un escenario en el que, tras el rescate financiero, esas mismas entidades gestionan hoy miles de alquileres.
Con la votación a la vuelta de la esquina, el ministro ha apelado también a la movilización social, convencido de que el resultado no será inocuo. Si la medida cae, ha advertido, quienes la bloqueen “pagarán un altísimo coste político”.