La Audiencia Nacional (AN) es uno de los principales órganos judiciales españoles. Su jurisprudencia le lleva a disponer de competencia para investigar infracciones cometidas en todo el territorio nacional. Si bien, por sus banquillos no pasan todos aquellos que hayan faltado a la ley, sino que esta institución de la Justicia se caracteriza por juzgar delitos de especial gravedad o relevancia nacional e internacional.
Algunos de los juicios más conocidos de la Audiencia Nacional han sido aquellos que han llevado a sus banquillos a terroristas islámicos o de ETA. A lo largo de los años la Audiencia Nacional ha dispuesto de protagonismo mediático al haberse encargado de los principales delitos delitos de terrorismo, tanto los cometidos en nuestro país como a nivel internacional, incluyendo su financiación y colaboración.
Por ello, la AN ha sido especialmente reconocida entre los españoles por este tipo de causas, aunque también ha investigado otras especialmente notables. No obstante, ante los cambios que se están dando en la forma en la que se cometen los delitos, desde este órgano se considera que debe vivir una transformación para encargarse de los casos de crimen organizado más sofisticados.
Así lo entiende, tal y como ha dado a conocer Infolibre, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, quien en una carta a los magistrados de este órgano, invitaba a los jueces a reflexionar sobre las posibilidades de adaptar la AN a los nuevos delitos y métodos que usan sus autores de aquellas causas que se encuentran bajo su jurisprudencia.
De esta manera, en la carta hablaba sobre la posibilidad de plantear una reforma legal al Consejo General del Poder Judicial, que después tramite el Gobierno y el Congreso de los Diputados. ¿Por qué propone implementar cambios? Juan Manuel Fernández Martínez entiende que el actual marco competencial de la Audiencia ha quedado obsoleto. En este sentido, expone a los jueces que ante la transformación que ha vivido la criminalidad en los últimos años, la AN necesita de una mayor especialización para convertirse, así, en en el órgano de la criminalidad organizada en todas sus vertientes.
Más allá del terrorismo: grandes causas abordadas por la Audiencia Nacional
Este órgano judicial español no se ocupa solo de los casos de terrorismo, sino que también es el encargado de investigar aquellos crímenes contra la Corona y los altos órganos del Estado, como el Gobierno o el Tribunal Supremo. Además, es competente para juzgar grandes delitos económicos cuando afectan a un número elevado de personas o a la economía nacional, como macrofraudes o estafas masivas. Así, por sus banquillos han pasado rostros significativos, como fueron aquellos que estuvieron vinculados a importantes tramas de corrupción como Gürtel, Púnica, Pujol o Lezo.
Además, otro notable ámbito de actuación de este órgano es el de la delincuencia organizada y transnacional, como el tráfico de drogas a gran escala, la trata de seres humanos o el blanqueo de capitales. En determinados supuestos, puede juzgar delitos cometidos fuera de España, especialmente cuando así lo establecen tratados internacionales. Una competencia que le ha llevado a actuar en asuntos que despertaron gran revuelo como el asesinato de José Couso, los crímenes de Israel en Gaza o el torturador argentino Scilingo.
¿Qué propone el presidente de la AN de cara al futuro de este órgano?
Según recoge Infolibre en el artículo publicado, el presidente de la Audiencia Nacional plantea una redefinición profunda de las competencias del tribunal con el objetivo de convertirlo en el órgano central de la lucha contra la criminalidad organizada en todas sus formas, manteniendo el terrorismo como uno de sus ejes tradicionales. La propuesta parte de la idea de que el actual marco competencial ha quedado desfasado frente a la evolución de los delitos, cada vez más complejos, transnacionales y tecnológicamente sofisticados.
Según el documento remitido a los magistrados, para que un caso de delincuencia organizada sea asumido por la Audiencia Nacional deberán concurrir tres requisitos básicos: que la organización tenga una estructura jerarquizada, que su actividad sea transnacional o afecte a un número significativo de personas más allá de una sola comunidad autónoma, y que emplee medios violentos o especialmente sofisticados.
Uno de los ámbitos clave a reformular es el narcotráfico, donde se propone abandonar el criterio territorial, actualmente ligado a la actuación en varias provincias, y centrar la competencia de la Audiencia Nacional solo en los casos más graves, especialmente aquellos asociados a fenómenos de corrupción. También se plantea incluir de forma expresa el blanqueo de capitales transnacional, destacando la necesidad de una respuesta centralizada ante prácticas como el uso de paraísos fiscales, empresas pantalla o criptomonedas.
La propuesta amplía además el foco a delitos como la trata de seres humanos, las amenazas graves a la ciberseguridad que afecten a infraestructuras críticas, los delitos medioambientales de gran impacto y el tráfico ilícito de bienes culturales. En el ámbito económico, se sugiere actualizar los criterios para las estafas masivas, elevando los umbrales actuales y reservando la intervención de la Audiencia Nacional a los fraudes que afecten gravemente a la economía nacional.
El debate abierto incluye no solo a los magistrados, sino también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Antidroga y Anticorrupción, con la intención de articular una reforma legal integral que adapte el tribunal a los desafíos del crimen organizado del siglo XXI.