José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, ha desestimado la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para atribuir a José Luis Rodríguez Zapatero un nuevo delito de malversación relacionado con unas joyas. La fiscal Elena Lorente sostenía que, si los objetos fueron obsequios entregados durante su mandato como presidente del Gobierno, deberían haber pasado a formar parte del patrimonio del Estado, en lugar de quedar en manos del exdirigente socialista.
El juez rechaza esta interpretación y considera que la tesis de Anticorrupción constituye una "construcción elaborada ex post", puesto que, en el momento en que se produjeron los hechos, no existía ninguna norma que estableciese la incorporación automática a los bienes de la Administración de los regalos recibidos por altos cargos.
Por otro lado, Calama ha acordado suspender las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria que afectan a Rodríguez Zapatero, a su esposa y a sus hijas. La decisión también alcanza al investigado Julio Martínez y a distintas sociedades relacionadas con ellos.
El escenario judicial de José Luis Rodríguez Zapatero experimenta un cambio de tendencia con este último pronunciamiento del instructor del caso Plus Ultra. El expresidente, que había acumulado acuerdos desfavorables en las semanas anteriores, encuentra ahora un argumento de peso para su defensa en la resolución de José Luis Calama sobre las joyas descubiertas en su despacho. La procedencia de estas piezas se había convertido en uno de los principales frentes de la investigación, especialmente después de que el exdirigente socialista asegurase que se las había regalado personalmente el rey saudí Abdalá Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita oficial a España en 2007.
Hasta ahora, las actuaciones judiciales habían complicado ese relato. Calama puso en duda la explicación de Zapatero y se negó a recurrir a las autoridades saudíes para esclarecer el origen de los objetos. A esa negativa se añadió un informe pericial que cuestionaba la cronología aportada por el expresidente al concluir que las piezas de mayor valor probablemente fueron elaboradas con posterioridad a 2007.
La última decisión del magistrado, sin embargo, introduce una cuestión jurídica que dificulta la pretensión de Anticorrupción de ampliar la imputación. Calama reconoce que la explicación ofrecida por Zapatero obliga a incorporar al procedimiento una circunstancia que debe ser examinada para determinar si tiene consecuencias penales. No obstante, considera que la falta de credibilidad que atribuye al relato no permite sortear los límites que establece la legislación.
El principal obstáculo para la Fiscalía reside en el marco normativo vigente cuando supuestamente se recibieron las joyas. El juez recuerda que la obligación de rechazar regalos que excedieran las normas de cortesía y de incorporar al patrimonio público aquellos de especial relevancia institucional no quedó expresamente recogida en la legislación hasta 2013.
Esta ausencia de regulación específica impide, a juicio del instructor, sostener que la conducta pudiera constituir malversación sobre la base de normas posteriores. Tampoco considera que el Código de Buen Gobierno aprobado en 2005 por el Ejecutivo de Zapatero permita fundamentar esa responsabilidad.
Calama subraya que aquel código respondía a criterios de ética y disciplina institucional, pero no tenía rango suficiente para establecer obligaciones cuyo incumplimiento pudiera desembocar en una condena penal. De aceptar la interpretación contraria, advierte, se acabarían utilizando principios de comportamiento y recomendaciones de buen gobierno como fundamento directo de delitos, algo incompatible con las exigencias de la legislación penal.
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