Tras la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos', este jueves la asociación argentina Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CEDEU) se ha personado ante el Tribunal Supremo y defiende en un comunicado que la decisión de los magistrados del Alto Tribunal ha supuesto “una clara discriminación con otros colectivos”.
En el escrito que ha lanzado esta asociación, expone que el veto del Supremo a los españoles nacionalizados bajo el marco de la 'ley de nietos' supone una "singular vulneración de derechos fundamentales de quienes habían consolidado sus derechos, y se han visto privados del derecho al voto, sufragio que ni siquiera en tiempos de guerra se elimina".
Asimismo, según detallan en el comunicado, la asociación fue "clave en el reconocimiento de la nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes" después de "12 años de diversas tramitaciones parlamentarias y finalmente recogida en la disposición adicional 8va de la Ley de Memoria Democrática". "Desde Ce.DEU, agradecen la labor de los letrados, pertenecientes al equipo de José Martín Pallín, ex magistrado del mismo Tribunal, y su altruismo compartido en la defensa de los derechos de todos los españoles, incluidos los residentes en el exterior", reza el escrito.
De la misma manera, la asociación ha presentado también una queja ante el Defensor del Pueblo en aras de que acuda al Tribunal Constitucional y se pueda levantar la medida cautelar.
El Supremo ratifica la suspensión del voto
Este pasado 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, el Supremo rechazaba el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' y confirmaba que este colectivo no podrá votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre.
En dos autos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimaba así también las alegaciones de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada a petición de Iustitia Europa y Vox. "Deberá estarse a lo acordado en el citado auto, con indicación al Instituto Nacional de Estadística, del que depende orgánicamente la Oficina del Censo Electoral, que no puede inscribir en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA) a las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen" a través de esa vía "y aún no hayan sido inscritas en el censo electoral por aplicación de la suspensión acordada", reza uno de los autos.
En líneas similares, los magistrados agregan en el auto que, "igualmente, respecto de las personas que, habiendo obtenido la nacionalidad española de origen" con la 'ley de nietos' "hayan sido ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero, se mantiene la suspensión de sus efectos electorales en el proceso electoral convocado por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de elecciones a cortes generales".
No obstante, la Sala matiza que "no regirá la suspensión cautelar" para las personas que los encargados de los registros consulares expidan, "bajo su responsabilidad", certificación acreditativa de que, a 1 de agosto de 2026, "tenían la condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".
El Gobierno, contra el veto del Supremo
Por su parte, poco después de conocerse la decisión del Supremo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, advertía de que en un sistema democrático "el derecho a voto se garantiza, no se restringe".
Así se expresaba la ministra en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a la vez que cargaba contra la decisión del Supremo de mantener la suspensión cautelar de los españoles residentes en el extranjero incluidos en el censo en virtud de esta disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática a menos que acrediten que son descendientes de exiliados.
En esta línea, la portavoz del Gobierno señaló que se trata de una situación "que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el derecho al voto" y por tanto "de extraordinaria gravedad".
Aunque dejó claro que no la comparten, también aseguró acatarán la orden del Alto tribunal. "El Gobierno siempre acata las resoluciones judiciales", señaló, insistiendo en que están "en fase de análisis".
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