80 testigos serán interrogados en 13 sesiones y miles de documentos serán sometidos a examen desde este martes, 7 de abril, con el comienzo del juicio por el 'caso Koldo'. El exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario y conseguidor Víctor de Aldama están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación por las presuntas comisiones ilegales que se llevaron en los contratos de mascarillas durante la pandemia del Covid-19 en 2020, valorados en 54 millones de euros.
Han pasado ya más de dos años desde la detención de Koldo García, y es ahora cuando echa a andar la primera causa judicial, que previsiblemente no será la última. Este caso de corrupción propició la salida del PSOE del exministro, donde fue secretario de Organización, la renuncia a su escaño en el Congreso hace unos meses y su entrada en prisión provisional, junto al propio Koldo. El juicio estará compuesto de 13 sesiones entre el 7 y el 30 de abril y coincidirán a diario con el juicio del caso Kitchen que la Audiencia Nacional acoge desde el lunes.
En concreto, Ábalos se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, frente a los 19 y medio que se le piden a su asesor. Las acusaciones populares, coordinadas por el Partido Popular, piden para ambos 30 años. Por su parte, Víctor de Aldama encara la petición más baja siete años de cárcel, al tener en cuenta como atenuante su colaboración con la Justicia tras confesar el pago de comisiones. La Fiscalía, además, pide multas de hasta 3,9 millones de euros e indemnizaciones a dos empresas públicas, Ineco y Tragsasec, así como el decomiso de las ganancias del presunto cohecho, cifrado en al menos 430.298 euros. Ábalos y Koldo García están en la prisión de Soto del Real, donde permanecen provisionalmente ante riesgo de fuga desde noviembre y desde donde tendrán que ir y volver a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La cooperación Ábalos-Koldo-Aldama
El juicio se centrará, concretamente, en el "ilícito negocio" emprendido desde Adif y Puertos del Estado, dependientes del Ministerio de Transportes dirigido por Ábalos, en marzo de 2020 a través de la empresa Soluciones de Gestión, dirigida por Aldama, para la firma de contratos públicos de compra de mascarillas. El fiscal ha destacado el "preciso reparto de funciones de los tres implicados tras ver la oportunidad de obtener un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, beneficiándose del cargo de Ábalos en Transportes. La Fiscalía dirime que Ábalos habría acordado la adquisición de este material sanitario tan demandado durante la pandemia a cambio de que él y Koldo recibiesen "una indebida comisión económica" a cuenta de Aldama, que a su vez ganó 3,7 millones de euros en estas operaciones.
El fiscal también apunta que, en agradecimiento por la colaboración en estas gestiones, Aldama habría entregado a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, en ocasiones en compañía de Ábalos para repartírselo entre los dos. De la misma manera, hubo otras retribuciones que Aldama premió, presuntamente, con estancias en dos chalés en Marbella (Málaga) y la Alcaidesa (Cádiz); un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid a un precio muy inferior al del mercado, y el abono de la renta mensual de un piso para Jéssica Rodríguez, entonces pareja del exministro. Por otro lado, Ábalos también está señalado por "promover la contratación" de Rodríguez en Ineco y Tragsatec, empresas de las que cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, pese a "no desempeñar tarea alguna", también según el fiscal. Situación similar a la de otra mujer también vinculada al exministro, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail.
Lo que va a quedarse fuera del juicio, no obstante, son el resto de piezas separadas en las que se ha desgajado el caso, que han quedado en manos de la Audiencia Nacional, como la que investiga el sistema de pagos en efectivo del PSOE o las presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, en la que está imputado el exdirigente socialista y exsecretario de Organización Santos Cerdán.
Más de 80 testigos ante las versiones de los acusados
Las acusaciones pesan como una losa sobre los tres implicados, pero ellos niegan ciertos puntos de las mismas. Ábalos, por su parte, asegura que no existe rastro alguno de las comisiones millonarias informadas por Aldama, niega irregularidades en los contratos y no acepta haber mediado para fichar a Jéssica Rodríguez o a Claudia Montes. Por su parte, Koldo arguye que los canales de compra de material no fueron asaltados por una trama, sino que obedecieron exclusivamente a "criterios de estricta necesidad en un mercado colapsado", refiriéndose a las dificultades que tenían entonces las administraciones para conseguir mascarillas, y vincula el dinero en efectivo que manejó con gastos corrientes del PSOE. Aldama, por su parte, admite los delitos, pero pide una reducción de condena por su colaboración.
Más de 80 testigos pasarán por los pasillos del Supremo, entre ellos, algunos de elevado perfil político, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres. En concreto, serán interpelados por los contratos de mascarillas con las empresas presentadas por Aldama cuando presidían las Islas Baleares y Canarias, respectivamente, y lo harán por escrito enviando un informe. Del resto, pueden citarse algunos nombres como la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el ex secretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; ex jefes de gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, empresarios, familiares y allegados de los acusados.
Al frente del tribunal el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta; su antecesor en ese cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández. Para los tres acusados, este será el primero pero previsiblemente no el último de los juicios que tendrán que afrontar en los años venideros. El resto de procedimientos, sin embargo, correrán a cuenta de la Audiencia Nacional, que recibió la derivación del Alto Tribunal sobre la trama de los contratos de obras públicas cuando Ábalos perdió la condición de aforado tras renunciar al acta de diputado del Grupo Mixto.