Anticorrupción considera que el delito contable por la contabilidad B del PP no ha prescrito

El juez Pablo Ruz, que instruye el caso Bárcenas, y la Fiscalía Anticorrupción, consideran acreditado que el PP ha manejado una contabilidad B con dinero opaco a Hacienda, un presunto delito que no ha prescrito y que está castigado en el Código Penal con hasta siete meses de cárcel.

Los papeles de Bárcenas son...de Bárcenas
Fuentes de la investigación judicial, citadas por El País, han recordado que en el último auto judicial del juez Ruz, dejó claro que “la autoría” de los denominados papeles de Bárcenas “por parte del extesorero se encuentra confirmada por él mismo y por las pruebas periciales practicadas”. El magistrado también cree que está confirmada “la realidad de varios apuntes contables por declaraciones testificales así como el análisis documental comparativo con los datos de la contabilidad oficial remitida por el Tribunal de Cuentas y el Partido Popular”.

El juez da crédito a las donaciones
La investigación judicial también certifica que una parte de las donaciones ilegales de empresarios contratantes de la administración pública, de las que Bárcenas dejó constancia en su contabilidad manuscrita, fueron ingresadas en la cuenta del PP, en cantidades inferiores a 60.000 euros para evitar que el Tribunal de Cuentas las considerase ilegales en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos vigente en esos momentos. Entre 2003 y 2007, el extesorero  hizo 56 ingresos troceados, en 14 fechas distintas por valor de 1,3 millones de euros. Esos ingresos se correspondían exactamente con el apunte contable que reflejaba en sus papeles de la supuesta caja B.

Ruz sólo puede juzgar las donaciones a partir de 2007
El juez y la Fiscalía Anticorrupción consideran que aunque los donativos a partidos políticos están exentos de tributar a Hacienda, pero en el caso del PP se trataría de donativos ilegales que deberían ser tratados como ingresos extraordinarios y el partido debería haber pagado por ellos el Impuesto de Sociedades. Como el delito fiscal prescribe a los cinco años, Ruz sólo puede analizar si la cuota defraudada a partir de 2007 por esos donativos ilegales supera las cantidades permitidas.