Este miércoles, el Congreso de los Diputados acogerá un pleno extraordinario centrado en la regeneración democrática, un tema que ha cobrado especial relevancia en el último año debido a todos los desafíos a los que se enfrenta el Gobierno tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentará el Plan de Acción por la Democracia, una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad democrática del país. Un paquete de reformas que incluye propuestas para regular los conflictos de interés, controlar la financiación de la prensa y luchar contra la desinformación.
Para ser más precisos, Sánchez expondrá en la Cámara Baja su plan de regeneración democrática con el que busca, según sus palabras, "acabar con la impunidad de algunos 'pseudomedios'" que difunden "bulos y desinformación". Aparte de modificar la ley de publicidad institucional para incorporar "transparencia" en la financiación con recursos públicos de los medios digitales, ha anunciado que pretende modificar la ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación.
PP y Vox llegan en sus horas más bajas con Abascal dando plantón a Feijóo
Sin embargo, lo que destaca en esta ocasión no es solo el contenido del debate, sino la evidente división que se ha instalado en las filas de la derecha y la extrema derecha. Y es que, menos de un año después de las elecciones generales del pasado 23 de julio, Partido Popular y Vox llegan en sus horas más bajas, con posturas muy divergentes y sin una estrategia unificada: con todos sus gobiernos de coalición autonómicos rotos después de que Santiago Abascal diera la orden de dejar en la estacada a los de Feijóo.
Paradójicamente, esta división en las filas del Partido Popular (PP) y Vox se produce después de meses en los que ambas formaciones han acusado al Gobierno de coalición de Sánchez de estar dividido y de mostrar debilidades internas. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, encabezado por Santiago Abascal, han sido críticos feroces de lo que consideran un Gobierno fragmentado y falto de cohesión. No obstante, ahora son ellos quienes enfrentan disensiones internas que podrían comprometer su capacidad de oposición efectiva.
Todo estalló entre PP y Vox por el reparto de los menores migrantes que han llegado a las Islas Canarias en los últimos tiempos y han colapsado los servicios de atención en el archipiélago. El PP, haciendo oídos sordos a las constantes advertencias de los de la ultraderecha sobre que se iban a negar a acoger a los migrantes en sus comunidades autónomas, aceptó el reparto de los cerca de 400 menores en la reunión celebrada en Tenerife para abordar el problema.
Al día siguientes, la amenaza se hizo realidad y Vox dio un paso al frente, plantando a Alberto Núñez Feijóo y rompiendo todos los gobiernos autonómicos y apoyos parlamentarios con el PP. El jueves, los gobiernos de coalición de PP y Vox en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Región de Murcia cayeron, al igual que en Baleares retiraron el apoyo parlamentario que le brindaban a la popular Marga Prohens.
“Hemos cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar esos Gobiernos. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Si el señor Feijóo quiere engañar a sus electores, allá él. En consecuencia, Vox constata que los acuerdos regionales están rotos”, criticó Santiago Abascal en su declaración institucional para anunciar la decisión de la cúpula de Vox.
“El señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se ha repartido los jueces, los puestos en Europa, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso y el Senado y la Junta electoral”, afeaba en el mismo sentido el líder ultraderechista, antes de añadir: “Y mientras mantienen los acuerdos con el PSOE, el señor Feijóo se ha dedicado a impedir y a torpedear los acuerdos con Vox en las regiones y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales a sabiendas que a su socio de Gobierno eso no le gustaba”.
Con esta decisión de la ultraderecha, los barones del Partido Popular han tenido que formar sus gobiernos en solitario, y en minoría. Pero la realidad para los de Feijóo es dura: su socio mayoritario, tercera fuerza a nivel nacional, ha sido el que ha roto los gobiernos y no al revés.
Las propuestas de Sánchez
El presidente anunció que impulsaría una causa por la regeneración democrática al final de los cinco días de reflexión que se tomó para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno, el pasado mes de abril, cuando el juez anunció que llamaría a declarar a su esposa.
A lo largo de estos meses, ha desvelado varias iniciativas del plan, como la modificación del derecho al honor, a la rectificación o el tope a la financiación con fondos públicos a medios de comunicación digitales "que no tienen lectores".
También ha expresado su intención de modificar la Ley de Publicidad Institucional para incorporar "transparencia" en la financiación de medios. Sin embargo, todavía falta por conocer la letra pequeña y el modo en que pretende aplicar algunas de estas medidas.
Sánchez también adelantó que quiere incorporar a este plan a los grupos parlamentarios y, por tanto, tras su comparecencia de este miércoles, iniciará una ronda de contactos para añadir las aportaciones de sus socios.
En este sentido, desde Moncloa señalan que el jefe del Ejecutivo expondrá en la Cámara Baja un "esqueleto" de medidas de regeneración, que será susceptible de añadir las inquietudes de otros partidos.
El PP amenaza con ir a Bruselas a denunciar la “ley de censura”
En 'Génova' la han bautizado como "ley de censura" porque, a su juicio, buscará "restringir la libertad informativa". "Pedro Sánchez pretende un apagón informativo de los casos de corrupción que le acorralan y le interpelan", afirmó hace una semana el portavoz del PP, Borja Sémper.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ya ha avisado que denunciará ante la Unión Europea a Pedro Sánchez si censura a los medios de comunicación en su anunciado plan de regeneración democrática.
A su entender, la ley europea en la que pretende Sánchez escudar su plan de "regeneración democrática", nace con el objetivo de proteger a los medios frente a injerencias gubernamentales y no lo contrario. "En la UE no cabe la censura ni el señalamiento a los medios de comunicación. Sánchez busca una España a medida de su gusto e interés político", según Montserrat.