El Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Una ley necesaria para superar el conflicto y para preservar la convivencia. Una ley proporcional, idónea y adecuada para superar la crisis en Cataluña devolviendo el conflicto a la política, avanzando en el diálogo y procurando la cohesión de la sociedad catalana.
Conviene enfatizar que se trata de una norma adoptada por la legítima representación de la soberanía popular con una mayoría parlamentaria cualificada (la mayoría absoluta), con el apoyo de cuarenta de los cuarenta y ocho diputados catalanes del Congreso y que cuenta con el favor de la gran mayoría de los catalanes y de una buena parte de los españoles.
Este respaldo parlamentario debería haber sido más amplio si la derecha política hubiera sido coherente tras conocerse semanas atrás que Feijóo comparte la necesidad de la “reconciliación” en Cataluña (habiendo él mismo reflexionado en el seno del PP sobre la conveniencia de la amnistía y cuestionando la existencia de terrorismo en Cataluña) y que admite la idoneidad de los indultos con lo que reconoce, en consecuencia, la virtud constitucional de la gracia y el perdón, como contemplan la mayoría de países europeos, por razones de utilidad pública y al servicio del interés general y de la convivencia.
A estas alturas del largo debate en torno a la ley de amnistía el PP debería abandonar su relato mendaz y no ponerse más en evidencia tras el primer aviso de la Comisión de Venecia. El PP ha fiado toda su estrategia política a la deslegitimación del Gobierno en Europa pero ha errado el cálculo ya que creía exportable a Europa su discurso bronco y de brocha gorda jurídica cuestionando la ley de amnistía con argumentos jurídicos básicos y primarios que la Comisión de Venecia ha desmentido de plano.
Durante meses las derechas han proclamado, sin matiz ni rubor, la ilegitimidad del Parlamento para aprobar la ley de amnistía y, supuestamente, dicha norma ilegítima atentaría contra la separación de poderes, derogaría la función jurisdiccional, violentaría el Estado de Derecho, vulneraría la igualdad de los españoles, conculcaría el derecho europeo y, en consecuencia, estaría prohibida por la Constitución Y hay que reconocer que en esta demonización de la ley de amnistía han contado con no pocos corifeos que han ejercido como peritos de parte viciados por su sesgo ideológico antigubernamental.
Sin embargo, curiosamente, la primera vez que hay un pronunciamiento más allá de nuestras fronteras emitido por autorizados expertos, juristas independientes, profesores, jueces, autoridades europeas, se enmienda la plana completamente al PP y le formulan una enmienda a la totalidad a todos sus argumentos contra la ley de amnistía. Porque eso es exactamente lo que ha hecho el Informe de la comisión de Venecia.
La Comisión de Venecia ha dicho explícitamente, sin ambages ni circunloquios, alto y claro, en su más diáfana literalidad, que “la normalización institucional, política y social de Cataluña es un fin legítimo” para la amnistía” y que “corresponde al Parlamento español evaluar la proporcionalidad del proyecto de ley de amnistía en relación con los objetivos pretendidos” a través de la ley parlamentaria ya que “lo ideal es que las amnistías requieran la aprobación parlamentaria” a través de mayorías cualificadas. Mientras la mayoría de países exigen mayorías simples, la Comisión de Venecia considera que “la amnistía debe aprobarse con una mayoría cualificada. Como ocurre en el caso español, por mayoría absoluta, mediante una ley orgánica. Y añade que, “mientras la aplicación de la ley corresponda a los jueces, no hay ningún problema de separación de poderes” salvaguardándose la “igualdad de los españoles” cuando se garantiza la proporcionalidad y adecuación al fin legítimo de la reconciliación. Y, por último, por si no bastara lo anterior, recuerda la Comisión de Venecia que, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “las amnistías son admisibles, en circunstancias particulares, como parte de un proceso de reconciliación”.
Visto lo anterior, cabría advertir al PP que aún está a tiempo de variar el rumbo evitando la senda del ridículo que están transitando en Europa. Feijóo menosprecia ahora el Informe de la Comisión de Venecia que el PP requirió desde el Senado pero no debieran banalizar ni frivolizar este primer aviso que llega desde Europa ya que la Comisión de Venecia es el Consejo de Europa en cuyo seno se adoptó el Convenio Europeo de Derechos Humanos que a diario aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de cuya jurisprudencia se alimenta y bebe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el permanente “diálogo” que mantienen ambas jurisdicciones supranacionales. Así las cosas, un ejercicio básico de reflexión y prudencia política, jurídica e institucional debería llevar a la derecha a abortar su esperpéntica campaña europea de desprestigio de España.
El Informe de la Comisión de Venecia finaliza con una apelación a la lealtad, al “diálogo” con “espíritu de lealtad”. Es tiempo de recuperar la cordura política, de abandonar el doble discurso, de prescindir de la impostura europeísta y de repudiar la impudicia constitucional de la que se ha hecho gala en los últimos tiempos. Es tiempo de apostar por la convivencia y la concordia, con diálogo, acuerdo y pacto.
Artemi Rallo Lombarte es Diputado del PSOE y ponente de la Ley de amnistía.
