[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"21816","attributes":{"class":"media-image size-full wp-image-345919","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"640","height":"366","alt":"Amnist\u00eda Internacional ha celebrado hoy un acto en la Plaza de Callao de Madrid para denunciar la desprotecci\u00f3n de las personas desahuciadas, en el que han expuesto una reproducci\u00f3n del est\u00e1ndar de la mayor\u00eda de los pisos embargados por los bancos, dando as\u00ed a conocer el drama de las familias humildes con hijos a su cargo que pierden su casa. EFE"}}]] Amnistía Internacional ha celebrado hoy un acto en la Plaza de Callao de Madrid para denunciar la desprotección de las personas desahuciadas, en el que han expuesto una reproducción del estándar de la mayoría de los pisos embargados por los bancos, dando así a conocer el drama de las familias humildes con hijos a su cargo que pierden su casa. EFE



Amnistía Internacional ha sacado a la calle los muebles de una familia que ha sufrido un desahucio para denunciar, a través de su campaña "#UnaPuertaUnaHistoria", la falta de protección del derecho a una vivienda adecuada.

Según explica la organización, con este acto simbólico, celebrado en la Plaza de Callao de Madrid, se pretende llamar la atención sobre cómo cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.

"Los objetos que hay en su interior explican la historia de la familia que dejan atrás", destaca Amnistía, que lamenta las violaciones de derechos humanos que se producen en el marco de los procesos de ejecución hipotecaria.

Con motivo del Día Mundial del Hábitat, que se celebra el 5 de octubre, Amnistía Internacional ha recordado que entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria en España.

Reclama que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas.