Un fantasma recorre España desde hace años. De 1993 a 1996, la derecha mediática proclamaba que la mayor amenaza que enfrentábamos como país era que Felipe González iba a sumir a nuestra patria en un cenagal de paro, despilfarro y corrupción, además de poner en riesgo nuestro estado de derecho por la lucha contra el terrorismo de ETA. Con José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2011, esa amenaza pasó a ser una mezcla bien aliñada de aprovechamiento de la conspiración para disculpar el terrorismo yihadista, traición a las víctimas del terrorismo etarra, demagogia sobre el presunto fracaso e incompetencia en la política económica, y peligro de ruptura con la proverbial identificación entre la España ultraconservadora y el cristianismo más rancio. Siempre el mismo esquema: la izquierda, el PSOE, es una constante y pertinaz amenaza para España, entendiendo España siempre como la suya, la de quienes tienen un sentido patrimonial de todo aquello que nos identifica, como la patria, la bandera, su sacrosanta unidad, el estado de derecho, la Constitución y hasta la democracia.
Desde que Pedro Sánchez alcanza la Presidencia del Gobierno en 2018, una vez más la amenaza regresa. Como con Zapatero, lo primero es negar legitimidad a quien obtuvo legítima y constitucionalmente esa responsabilidad. Sánchez es una amenaza, dicen otra vez, por su constante traición a las víctimas de ETA y sus pactos con “filoetarras”, siendo su mejor argumento los apoyos que recibe en su investidura de partidos próximos a la izquierda abertzale, con los que no gobierna como sí gobierna el PP con la extrema derecha en determinadas CCAA. Los indultos primero y la amnistía después constituirían así la amenaza más grave imaginable contra unas pocas de cosas: la Constitución, el estado de derecho, la igualdad entre los españoles y, por supuesto como siempre, la unidad de España. En resumen, Pedro Sánchez conduce inexorablemente a España a ese abismo oscuro, mezcla de comunismo castrista y populismo bolivariano - si el pobre Bolívar levantara la cabeza - en el que nos hundiremos los españoles salvo que, como exhorta el Padrino Aznar, “el que pueda hacer que haga”. Todo el mundo, políticos, periodistas, jueces e intelectuales llevan años ya convocados a esta especie de santa cruzada para salvar a España de la madre de todas las amenazas: Pedro Sánchez.
La última de las gravísimas amenazas que se cierne sobre España en este 2024 es la puesta en marcha de medidas para combatir la denominada “máquina del fango”. La libertad de expresión está en riesgo, el gobierno sanchista tiene la voluntad de reprimir la libre crítica en medios escritos y digitales; “Pedro Sánchez ha amenazado con una legislación específica para establecer lo que está bien y lo que está mal en los periódicos digitales”, publica el inefable Juan Luis Cebrián en uno de esos medios, para a continuación, a falta de mejores razones, refugiarse en la habitual retahíla de insultos como “cínico, déspota y rey entre los mentirosos públicos,” entre otros. Es lo que más me gusta de estos pulcros liberales recién conversos, su denodado intento de ocultar su pensamiento profunda y literalmente reaccionario e iliberal –a ellos, que tanto gusta esta palabra – detrás de solemnes proclamas huecas nunca sustentadas en la realidad sino en esta especie de “mercado de futuros” en que pretenden convertir la política española: lo que importa no es la verdad sino la permanente amenaza que se cierne sobre nuestras cabezas. Porque, hay que decirlo con claridad, nada hay más iliberal que defender que el derecho a la información veraz, consagrado en el artículo 20,1 de la Constitución, dependa del uso y abuso perversos de la libertad para mentir, calumniar o insultar.
Lo malo que tiene todo este prolongado escenario de sucesivas amenazas terribles es que nunca se han cumplido. La unidad de España está ahora mucho mejor conservada que cuando con el PP se produjo la única declaración unilateral de independencia en nuestra historia reciente, y los independentistas en Cataluña tienen la menor representación parlamentaria de nuestro pasado reciente. La separación de poderes, a pesar de algunos pronunciamientos totalmente inadecuados de jueces y magistrados ante un proyecto de ley, está plenamente en vigor, como acaba de sancionar el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia sobre los ERE. El estado de derecho goza de buena salud, razón por la que el PP de Feijóo ha acordado por fin la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE de Pedro Sánchez, dando cumplimiento tras cinco años de secuestro institucional a las previsiones constitucionales. El Gobierno, en fin, ha decidido abrir un debate político y social sobre las reglas de juego que aseguren tanto el derecho a la información veraz que nos asiste a la ciudadanía como la libertad de expresión de pensamientos, ideas y opiniones, para lo cual se ha creado una Comisión parlamentaria que dará cauce a las propuestas de la sociedad civil y buscará la traslación a nuestro país de la normativa de la Unión Europea sobre esta materia. Normalidad democrática en un Estado miembro de la UE.
Esta es la realidad, por mucho que les duela a estos adivinos fracasados de la amenaza permanente, que tienen mucho menos éxito con sus diatribas que algunos echadores de cartas del Tarot; porque ni España se ha roto, ni los españoles sienten amenazada su libertad, ni la igualdad sufre más quebranto serio que el que deriva de las desigualdades socioeconómicas o el que padecen las mujeres, especialmente cuando son víctimas de la violencia machista. El estado de derecho funciona y la separación de poderes también. La economía – ¿por qué no quieren hablar apenas de economía ahora que va bien? – funciona mejor que en muchos países destacados de nuestro entorno de la UE, por cierto. Los agoreros de la eterna amenaza fantasma saben que el único fantasma que hoy recorre Europa y España es el de una extrema derecha que busca arruinar el proyecto europeo y la ambigüedad de la derecha en su relación con su extremo: eso no es una amenaza, sino una realidad.