La agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF), encabezada por el agitador Luis 'Alvise' Pérez Fernández, no entregó la contabilidad de sus gastos electorales correspondientes a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, incumpliendo así lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Como consecuencia, el Tribunal de Cuentas ha propuesto que no se le abonen las subvenciones públicas que le corresponderían por sus resultados en las urnas: tres escaños en el Parlamento Europeo y más de 800.000 votos, que en conjunto le otorgarían más de un millón de euros.
En su informe sobre la contabilidad electoral de dichos comicios, el Tribunal de Cuentas ha señalado que, de acuerdo con el artículo 133 de la LOREG, las nueve formaciones políticas que lograron representación en el Parlamento Europeo debían presentar, en un plazo de entre 100 y 125 días tras las elecciones, “una contabilidad detallada y documentada de sus ingresos y gastos electorales”.
Las ocho formaciones restantes que lograron escaños —PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, Junts, y las alianzas lideradas por ERC y por el PNV— cumplieron con ese requisito legal. Sin embargo, Se Acabó la Fiesta no entregó ninguna documentación contable ante el Tribunal. El incumplimiento no solo impide fiscalizar el uso de los fondos en campaña, sino que bloquea también cualquier verificación sobre el origen y legalidad de su financiación.
Financiación bajo sospecha
El hecho de que SALF no haya presentado su contabilidad impide al Tribunal de Cuentas determinar si su financiación se ajustó a los límites establecidos en la legislación electoral, ni si se respetaron las prohibiciones vigentes respecto a las donaciones privadas. En la práctica, esto significa que no se sabe si los recursos utilizados por la agrupación provinieron de fuentes legales o ilegales, ni si se superaron los topes permitidos.
En cualquier caso, el Tribunal sí puede emitir una consecuencia clara: comunicar a Interior que al no haber rendido cuentas, SALF no debe recibir ninguna subvención pública. Según los cálculos incluidos en el informe, la formación liderada por Alvise Pérez tendría derecho a 97.526,22 euros por los tres escaños obtenidos y a más de 864.000 euros adicionales por los votos cosechados en las elecciones europeas. En total, la cifra superaría el millón de euros.
Sin embargo, este no es el único “escándalo” en el que Alvise se encuentra envuelto. El magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, ya ha puesto fecha para la declaración como imputado del europarlamentario de extrema derecha por el caso de la presunta financiación irregular de su formación política Se Acabó La Fiesta (SALF). El juez le cita a él, y al empresario Álvaro Romillo el próximo día 11 de julio en el Alto Tribunal. Esta será la tercera declaración como investigado de Alvise en poco más de un mes.
La investigación contra Alvise es en realidad una pieza separada dentro de la causa en la que el juez Calama investiga al propio Romillo por la presunta estafa piramidal que habría perpetrado Madeira Invest Club, un entramado del que Romillo habría sido máximo responsable. El empresario aseguró el pasado miércoles ante el juez que entregó 100.000 euros en metálico a 'Alvise' Pérez para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.