El Gobierno ha autorizado la continuidad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030, una ampliación limitada de la explotación de sus dos reactores que retrasa el cierre inicialmente previsto para finales de 2027 y 2028. La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), llega en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y la incertidumbre derivada de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania.
La autorización afecta a las unidades I y II de la instalación y establece como nueva fecha de vigencia el 8 de junio de 2030. El Ejecutivo sostiene que la medida responde a una coyuntura energética excepcional y que permitirá reducir la exposición de los consumidores a posibles episodios de encarecimiento de los combustibles fósiles, sin modificar el calendario de cierre del resto de las centrales nucleares españolas, fijado para 2035.
Una decisión vinculada a la volatilidad energética
La justificación central del Ejecutivo se encuentra en el deterioro del escenario energético internacional. La guerra en Oriente Próximo, junto con la continuidad del conflicto en Ucrania, ha incrementado la incertidumbre sobre la evolución de los mercados y, especialmente, sobre los precios del gas natural.
El Ministerio para la Transición Ecológica considera que la situación actual presenta unos niveles de volatilidad superiores a los previstos meses atrás. En este contexto, mantener temporalmente la producción de Almaraz se plantea como una herramienta para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y aportar estabilidad al sistema eléctrico.
La orden ministerial defiende, al mismo tiempo, que la prórroga no supone un cambio de rumbo en la política energética española. El Ejecutivo mantiene la apuesta por el desarrollo de las energías renovables y considera que la ampliación de Almaraz tendrá un impacto limitado sobre sus objetivos de despliegue renovable.
El cierre se aplaza, pero no se cancela
La prolongación afecta exclusivamente a Almaraz. El resto del calendario previsto para el parque nuclear permanece intacto y mantiene como horizonte el año 2035 para el cese definitivo de estas instalaciones.
En concreto, la Unidad I tenía previsto iniciar su proceso de cierre el 1 de noviembre de 2027, mientras que la Unidad II debía hacerlo el 31 de octubre de 2028. La decisión del Ejecutivo evita que esas fechas se activen y permite mantener ambos reactores operativos durante un periodo adicional.
La propia resolución cuantifica la extensión en alrededor de 31 meses para la primera unidad y 19 meses para la segunda. El Gobierno considera que ese periodo representa una prolongación reducida en relación con la vida útil del parque nuclear español y que no altera su estrategia energética a largo plazo.
El CSN avaló previamente la continuidad
La autorización gubernamental llega después del pronunciamiento favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que el pasado 16 de julio respaldó la renovación solicitada, aunque condicionada al cumplimiento de las exigencias de seguridad nuclear y protección radiológica.
La continuidad de la planta queda así supeditada al mantenimiento de las condiciones y requisitos establecidos por el organismo regulador. El informe técnico del CSN concluyó que Almaraz reunía las condiciones necesarias para continuar funcionando durante el periodo autorizado.
Además, la orden establece que las empresas propietarias deberán conservar entre 2028 y 2030 las dotaciones de personal vinculadas a las funciones de seguridad. También señala que la extensión debería favorecer una mayor implicación empresarial en alternativas industriales y de empleo en la zona y en el diálogo social relacionado con la transición.
Sin rebajas fiscales para las eléctricas
El Ejecutivo ha querido marcar una diferencia respecto de las demandas planteadas durante meses por las compañías propietarias de la central. La prórroga se concede sin contemplar reducciones fiscales ni compensaciones económicas para las empresas eléctricas.
El Ministerio recuerda que una de las condiciones para aceptar la ampliación era precisamente que no supusiera costes para los ciudadanos. La resolución establece que la continuidad de Almaraz no lleva aparejada «ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas».
Las propietarias habían reclamado inicialmente una ampliación más prolongada. Sin embargo, Iberdrola, Endesa y Naturgy terminaron solicitando conjuntamente una extensión hasta 2030. Las participaciones de las compañías en la central son del 53%, el 36% y el 11%, respectivamente, y la estructura societaria exigía unanimidad para adoptar las decisiones.
Un debate que enfrenta al Gobierno con sus socios
La decisión ha abierto además una nueva grieta política en el seno del Ejecutivo. Sumar ha rechazado la ampliación y considera que contradice el acuerdo de coalición suscrito con el PSOE en 2023. Podemos y organizaciones ecologistas también se han situado en contra de la continuidad de la central.
Desde Sumar se sostiene que mantener en funcionamiento el parque nuclear responde a presiones empresariales y supone retrasar la transición hacia un modelo basado en las renovables. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado expresamente la decisión de incumplimiento del acuerdo de Gobierno.
El PP, por el contrario, ha celebrado la prórroga, aunque ha cuestionado que se limite a Almaraz. El partido defiende el papel de la energía nuclear para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y ha calificado la decisión de insuficiente dentro de su posición favorable a prolongar la vida de estas instalaciones.
Almaraz, entre el respaldo territorial y la crítica ecologista
En Extremadura, la ampliación ha sido recibida favorablemente. La presidenta autonómica, María Guardiola, ha destacado la continuidad de la central como una fuente de certidumbre para la comarca y para los empleos vinculados a su actividad. Las plataformas locales favorables a la permanencia de Almaraz también han celebrado la decisión.
Vox igualmente ha respaldado la prórroga y ha defendido incluso una prolongación mucho más allá de 2030.
En el extremo contrario, las organizaciones ecologistas han cuestionado duramente la decisión. Alianza Verde, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables han advertido de sus consecuencias sobre la planificación energética y la transición hacia las renovables.
Una prórroga excepcional en un escenario incierto
La autorización de Almaraz representa, en definitiva, una excepción temporal dentro de un proceso de cierre nuclear que el Gobierno mantiene formalmente en vigor. La central cacereña seguirá produciendo electricidad durante unos años más mientras el Ejecutivo afronta un escenario internacional que considera extraordinario por la volatilidad de los combustibles fósiles.
La resolución combina así dos mensajes: la continuidad provisional de una instalación nuclear considerada relevante para la estabilidad del sistema y la defensa de una estrategia energética que sigue situando a las renovables como eje estructural. El resultado es un aplazamiento del calendario de Almaraz, pero no una revisión general del horizonte de cierre del parque nuclear español, que permanece fijado en 2035.
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