Hilario Gabriel Ruda (PSOE) paralizó las obras del chalet “ilegal” del juez Juan Carlos Peinado, magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. ElPlural.com ha podido hablar con el antiguo regidor, que ha aceptado prestar declaraciones a este medio para explicar por qué procedió de esta manera.
Durante la conversación con este periódico, el socialista cuenta que en el momento en el que ordenó el parón de las obras en la vivienda, el juez Peinado le llamó diciéndole “que había hecho mucho por el pueblo” y que cómo no le daba el permiso de obra”, ante lo que el protagonista de estas líneas le respondió que “habría hecho todo lo que hubiera querido por el pueblo, pero que la ley es la ley”.
Habría hecho todo lo que hubiera querido por el pueblo, pero la ley es la ley
En sus declaraciones a ElPlural.com, ante la pregunta de “qué le decía que había hecho por el pueblo”, Ruda responde que “ni le conocía de nada”. “Era una persona del pueblo como yo, pero no sé lo que habrá hecho por el pueblo”, dispone. A pesar de la conversación -por teléfono- el responsable del Consistorio evidencia que él le explicó que “no se podía”. “Cuando entré, cambié de técnico del Ayuntamiento porque no me gustaba y le dije que la vivienda no se podía construir”, apostilla.
“Sin permiso de obra, ni plano de ejecución…”
El que fuera regidor de la localidad castellanoleonesa defiende a ElPlural.com que paralizó las obras “porque estaba en plan de ejecución y no se podía construir la vivienda”. Dicho de otro modo, “se empezó a construir sin que estuviera hecho el plan parcial, sin permiso de obra”, ni tampoco con la pertinente licencia, proyecto o plano. Ruda lamenta asimismo que tuvo que hacerlo “por decreto”, porque mientras era alcalde “estaba más solo que la una”.
Si bien reconoce que no recibió presiones por parte de nadie -más allá de lo que pueda considerarse la llamada del juez Peinado para tratar de impedir la mencionada paralización- lo que el exalcalde deja claro en toda la conversación es que paró las operaciones “porque no estaba en condiciones de construcción” y cuenta que incluso le envió “una notificación indicando que, si seguía así, el Ayuntamiento se vería obligado a tirárselo”.
Le notifiqué que, si seguía así, el Ayuntamiento se vería obligado a tirárselo
Los terrenos pasaron a ser urbanizables y habitables en 2016
La polémica de la vivienda del juez que ahora investiga a la mujer de Sánchez encuentra su base (o una de ellas) en los terrenos en los que se encuentra el inmueble nunca deberían haber sido plenamente urbanizables y habitables, algo que cambió radicalmente en el pleno celerado el 23 de junio de 2016, tal y como ha podido comprobar este periódico.
Además de la mencionada aprobación de las nuevas obras urbanísticas por parte del Ayuntamiento de La Adrada, la vivienda del juez Peinado ha requerido del esfuerzo del consistorio local en lo referente a investigar las ilegalidades que tenían que ver con la falta de saneamiento o las presuntas irregularidades relacionadas con la piscina; que impiden en cualquier municipio de España la licencia de primera ocupación de la vivienda.
A preguntas de este periódico, la alcaldesa de la localidad, Pilar Martínez (PP), reconocía que nadie le había solicitado la mencionada y necesaria licencia de primera ocupación para el chalet al que no pocos vecinos en conversaciones informales definen desde hace muchos años como “chaletazo ilegal” y añadía que llevaba poco tiempo en el cargo (desde junio de 2023). Tampoco habrían procedido a ello responsables anteriores del Ejecutivo municipal, según explican fuentes locales también a este periódico.
El gobierno local actual no aclara si realizará una inspección
ElPlural.com se puso en contacto nuevamente con el Ayuntamiento de La Adrada -el equipo actual del mismo- para saber si una vez que medios de comunicación -entre ellos éste, que dio las primeras informaciones en exclusiva- habían desvelado las irregularidades que contiene la vivienda del juez Peinado en el municipio, el consistorio iba a proceder a realizar una inspección, tal y como le obligan sus competencias urbanísticas.
Asimismo, como la vivienda del magistrado sigue figurando en calidad de “almacén” según el Catastro municipal, este medio se interesó en conocer si el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del que se hace cargo es en calidad de almacén o está actualizado con las características actuales del inmueble. Cabe destacar que los principales damnificados de una irregularidad en el pago del mencionado impuesto serían el propio Ayuntamiento, así como los vecinos del municipio. ElPlural.com no ha obtenido respuesta en el momento de redacción de estas líneas.
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