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El alcalde de José María García Urbano, del Partido Popular, será juzgado finalmente por un tribunal profesional y no por un jurado popular en la causa en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación. La Fiscalía sostiene que el regidor contrató como personal eventual del Ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una relación cercana sin que llegara a desempeñar trabajo alguno.
La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado el recurso presentado por la defensa del alcalde, que solicitaba el archivo de la causa y denunciaba una supuesta persecución política y mediática contra García Urbano. Sin embargo, el tribunal sí ha aceptado la petición de la Fiscalía para que el procedimiento deje de tramitarse ante un jurado popular y continúe como procedimiento abreviado, es decir, por la vía ordinaria penal.
La investigación gira en torno a la contratación en el Ayuntamiento de Estepona de Cristina Pulido como personal eventual. Según el juez instructor, existen “indicios suficientes” de que la contratación habría sido una “mera ficción jurídica”, realizada únicamente para que percibiera un sueldo público sin necesidad de acudir a su puesto de trabajo ni desarrollar actividad alguna.
Graves supuestos delitos cometidos
La Fiscalía solicita para García Urbano una pena de cinco años y seis meses de prisión, además de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para la mujer contratada reclama tres años y seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación al considerarla cooperadora necesaria en el supuesto delito de malversación.
El auto dictado por la Audiencia Provincial el pasado 8 de mayo obliga ahora a las acusaciones a presentar de nuevo sus escritos solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares, ejercidas por PSOE y Vox, deberán reformular sus peticiones dentro del procedimiento abreviado.
La resolución judicial supone además una nueva demora en una causa que afecta al alcalde de Estepona, que gobierna el municipio con mayoría absoluta desde 2011. Mientras tanto, la defensa del regidor mantiene que todo el procedimiento responde a una campaña destinada a perjudicar su imagen pública y apartarlo de la vida política municipal.
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