Si alguien a estas alturas todavía albergaba alguna duda sobre si la vivienda es uno de los mayores problemas de nuestro país, la imagen de Maricarmen abandonando la que fue su casa durante 70 años en camilla y tras una mañana protagonizada por la brutalidad policial, la disipaba.
El suceso, que ha llenado portadas en los últimos días, ha resultado especialmente mediático por su gravedad, pues ha afectado a una mujer de 80 años con problemas de salud que no ha podido quedarse en el piso a pesar de que existía una oferta sobre la mesa para que así fuera. Sin embargo, no es ni de lejos el único.
Esa misma jornada fue David, hace unos meses Olga, quien días atrás se quitaba la vida, y así hasta alcanzar los más de 4.000 desahucios que han ocurrido este año y que tienen consecuencias sobre personas con nombre y apellido. El año pasado ocurrieron más de 25.000.
Decreto de vivienda
La vivienda ha sido el motivo principal de choque entre los socios del Gobierno. El decreto de vivienda, que se encuentra en un cajón después de que las derechas nacionalistas, española y catalana lo tumbasen en la Cámara Baja, ha vuelto a cobrar relevancia a todos los niveles tras el desalojo de Maricarmen.
Sumar exige que el documento vaya al siguiente Consejo de Ministros, mientras que las voces del PSOE que han hablado tras el trágico episodio de la mujer octogenaria “no descartan nada”, pero piden “altura de miras” a los grupos parlamentarios. Por su parte, Junts admitía que mantiene en activo la vía de la negociación con Moncloa.
En total, el Ejecutivo y los partidos de izquierdas han registrado 29 medidas en materia de vivienda en el Congreso de los Diputados, mientras que las derechas y la ultraderecha han presentado ocho. A ellas hay que sumarle una llegada desde el Parlament de Cataluña y una iniciativa popular.
De esa casi treintena de iniciativas desde partidos progresistas solamente han salido adelante cinco; cuatro se corresponden con decretos que incluyen medidas de vivienda y la quinta es una ley específica para Canarias. De las iniciativas llegadas desde la parte conservadora no ha prosperado ninguna.
Pinza PP-Vox-Junts
PP, Vox y Junts han obstaculizado hasta en ocho ocasiones propuestas de la izquierda. Así las cosas, en estos años se han votado por ejemplo cuatro decretos distintos con medidas del escudo social para prorrogar la suspensión de los desahucios, de los cuales solamente salió una adelante.
En febrero de 2025, todos los partidos con excepción de los de Santiago Abascal accedieron a convalidar el escudo social que había aprobado el Ejecutivo y que incluía la suspensión de desahucios hasta diciembre de ese año. Después, el Gobierno intentó sacar adelante dos decretos más que permitieran extender la prórroga, pero las derechas se opusieron.
Además de estos decretos, el tridente PP-Vox-Junts ha echado por tierra otras leyes exclusivas sobre vivienda. Tres de estas las llevó al Congreso de los Diputados Sumar, y la cuarta Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La primera de las que los magentas acercaron a la Cámara Baja fue rechazada en un primer momento por las derechas, pero después los de Míriam Nogueras recapacitaron y aprobaron la toma en consideración de la ley cuando las izquierdas la vuelvan a llevar a votación. Si bien, la iniciativa continúa en tramitación.
La semana pasada, PP, Vox y Junts tumbaron una proposición de ley -el PSOE se abstuvo- con la que los magentas buscaban introducir en la legislación una cláusula que permitiese frenar la especulación. Concretamente, la idea era que solo puedan comprar vivienda personas físicas. No lo consiguieron, como tampoco lo lograron en 2025, cuando obtuvieron el mismo resultado.
Las derechas, también la catalana, hicieron lo propio -votar en contra- con una propuesta del partido que tiene a Gabriel Rufián como portavoz en la Cámara Baja, para “frenar la especulación inmobiliaria”, y que sí recibió el visto bueno del PSOE.
Al margen de las leyes, hay otras cuestiones encima de la mesa que tienen que ver con el alquiler temporal, una ley de EH Bildu para regular la publicidad y la contratación de los pisos turísticos, otra del PSOE que busca “impulsar el alquiler a precios asequibles” u otra de Sumar que persigue reformar el Impuesto de Bienes Inmuebles (BIC) para que los ayuntamientos puedan hacerlo más progresivo y gravar a los grandes tenedores.
Del otro lado, urde decir que las iniciativas promovidas por la derecha se mueven en un argumentario categóricamente distinto a las llegadas desde la izquierda, pues no señalan la especulación inmobiliaria o el tope de los precios de alquiler, sino otras cuestiones como la okupación.
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