El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dado el primer paso para investigar las denuncias presentadas contra Julio Iglesias por dos antiguas trabajadoras del cantante. El magistrado ha admitido a trámite la querella interpuesta por ambas mujeres, en la que se atribuyen al artista presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante por unos hechos que habrían ocurrido en 2021, cuando trabajaban en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.
En el auto, Piña considera que las declaraciones aportadas por las denunciantes constituyen "un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal". Por este motivo, ha acordado citarlas a declarar el próximo 3 de febrero de 2027, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido los episodios denunciados.
El presunto caso que habría afectado estas dos mujeres, identificadas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura para preservar su identidad, y que sacó a la luz elDiario.es expone que ambas sufrieron agresiones sexuales en un contexto de presiones, intimidación y vigilancia constante durante el tiempo que estuvieron empleadas en las propiedades del cantante. Sus testimonios forman parte de una investigación periodística publicada por elDiario.es en colaboración con Univision, en la que ambas extrabajadoras detallaron las situaciones que aseguran haber vivido mientras prestaban servicio para Iglesias.
La admisión de la querella no supone, sin embargo, que la Audiencia Nacional vaya a investigar todos los delitos incluidos inicialmente en el escrito. El magistrado ha descartado abrir diligencias por trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores. En cuanto a las acusaciones por lesiones y trato degradante, ha limitado la investigación a aquellos hechos que hubieran tenido lugar después del 5 de octubre de 2021. No obstante, contempla la posibilidad de examinar episodios anteriores si estuvieran integrados en una dinámica delictiva vinculada a delitos contra la libertad sexual que todavía no hubieran prescrito.
La doble incriminación, uno de los requisitos del procedimiento
La resolución judicial se conoce apenas una semana después de que el juez reclamara a las dos denunciantes que justificasen el cumplimiento del principio de doble incriminación. Este requisito implica acreditar que las conductas por las que se pretende investigar a Julio Iglesias en España también están tipificadas como delito en los países donde supuestamente sucedieron los hechos, en este caso República Dominicana y Bahamas.
Por su parte, la Fiscalía mantiene que la nacionalidad española del cantante es suficiente para que la justicia española pueda investigar la querella por las presuntas agresiones sexuales, sin que resulte necesario acreditar ese requisito en los términos planteados.
El escrito presentado por Rebeca y Laura recogía inicialmente un conjunto más amplio de acusaciones. Además de los delitos contra la libertad sexual, las extrabajadoras atribuían al cantante presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, así como contra los derechos de los trabajadores por supuestas condiciones laborales abusivas. También incorporaba las acusaciones por lesiones y trato vejatorio que ahora tendrán un alcance limitado en la investigación judicial.
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