El trágico accidente ferroviario en Adamuz y el infortunio de Rodalies en Gelida han desempolvado fantasmas del pasado en relación con las infraestructuras y los modelos de gestión de los servicios públicos en nuestro país. El actual gobierno de Pedro Sánchez se escuda en los datos de inversión y en las obras de mejoría y mantenimiento de las vías, así como en los datos de trenes y viajeros tras la liberación de gran parte del mercado ferroviario.
Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también ha recordado ―en cuantías ocasiones― el decremento en el gasto presupuestado que la administración anterior de Mariano Rajoy profirió durante sus años de mandato en relación con este asunto. El gasto en mantenimeinto de la red ferroviaria ha aumentado en 394 millones y el mantenimiento por kilómetro de vía en 25 millones respecto al año 2018.
El que fuera ministro de Fomento, José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional bajo imperativo del Tribunal Supremo, ha compartido un presunto informe en el que la comisaria europea de Transportes de entonces, Violeta Bulc, criticaba la seguridad del ferrocarril español durante el Gobierno de Rajoy.
A través de sus redes sociales, Ábalos ha admitido que Bulc le pidió una reunión para tratar distintos asuntos entre los que incluyó una cuestión altamente delicada: “Cuando la recibí me sorprendió su tono serio y molesto. Me comunicaba la inminente publicación de un informe de la Comisión Europea, muy negativo en torno a la seguridad ferroviaria en España, cuyo origen respondía a las reclamaciones presentadas por las asociaciones de víctimas del accidente de Angrois y sus conclusiones tenían que ver con el desdén y el desprecio con el que el gobierno anterior del Partido Popular había actuado respecto de los requerimientos de la Comisión”, ha afirmado en su perfil de redes sociales.
El exsecretario de organización del PSOE le respondió “haciéndole constar su sorpresa”, ya que asegura que “desconocía cuanto le había contado”. En aquel momento, Ábalos le hizo observar que “era miembro de un gobierno que recién iniciaba su gestión y que, por tanto, no podíamos asumir la actitud que hubieran podido encontrar anteriormente en el equipo de gobierno de D. Mariano Rajoy”.
Igualmente, Ábalos le trasmitió que “no era justo tampoco que no se hubieran realizado informes similares con el resto de los países europeos, singularizando solo nuestro caso y a nuestro país”. Ábalos le manifestó que los efectos de publicar dicho informe serían nefastos para la industria turística”. Entonces, Bulc acordó alargar el plazo para el cumplimiento de los requerimientos de seguridad exigidos, siempre y cuando el nuevo Ejecutivo “fuese capaz de cumplir con los hitos marcados”. El gobierno de Sánchez cumplió y, entonces, “el informe quedó inédito”.
Ábalos sostiene que “por lealtad institucional” nunca quiso utilizar esta cuestión frente al gobierno anterior del Partido Popular porque le preocupaba “la imagen y la marca de España”.
En ese tiempo, también quiso restituir el respeto a las asociaciones de víctimas del accidente de Angrois que se merecían por parte del gobierno de España. “Los atendí y accedimos a remover a los responsables técnicos vinculados al accidente”, ha admitido Ábalos.
Sin embargo, no pudo reabrir la investigación que le pedían porque la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios “se negaba a ello”, ha dicho; pero esto sirvió para que iniciasen el proyecto y dejasen en marcha el borrador para la creación de una Comisión Independiente, dotada de los recursos necesarios que entonces no se tenían y que posteriormente, en el año 2023, pudo ser realidad “con otro titular ya en la cartera de Transportes”, en clara referencia velada a Puente.