El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado una querella por presuntos delitos de "falsedad documental" y "falso testimonio de perito" contra "las autoras" de la auditoría encargada por su sucesor en el cargo, Óscar Puente, sobre la adjudicación de los contratos de adquisición de material sanitario en plena pandemia investigados en el 'caso Koldo'.
La querella se ha presentado en los juzgados madrileños contra Belén Villar, a la que identifica como actual directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, "a quien se le encarga y bajo cuya dirección se realiza la citada auditoría", así como contra la perito que la elaboró y firmó.
Según ha explicado el propio Ábalos en su cuenta de la red social X (antes Twitter), se refiere al "informe resultante de fecha 19 de agosto de 2024 en relación con los expedientes de adquisición y distribución de mascarillas en el año 2020 por parte del Ministerio de Transportes". "La decisión de esta iniciativa que he tomado, más allá de los contenidos del informe pericial de fecha 06/09/2024 que encargué en su día y que concluyó en una serie de irregularidades contenidas en el informe de auditoría, tienen que ver con las posteriores manifestaciones y declaraciones en sede judicial (tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo) de responsables y altos cargos de MITMA y de Correos de aquella época, que contradicen los contenidos del informe ministerial", ha añadido en el comunicado.
Asimismo, quien fuera titular de la cartera de Transportes ha señalado que "la citada “auditoría” fue la base que sirvió para que el fiscal y el juez que instruyen el “Caso Delorme” en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 la Audiencia Nacional, dirigieran en octubre de 2024 su “exposición razonada” a la Sala II del Tribunal Supremo" que, añade, "culminó" con su investigación.
En otro orden de cosas, según se desprende de la querella, la defensa de Ábalos ha solicitado que acuda a declarar la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. En este sentido, según consta en el escrito, en el momento en el que se escogió la empresa y se cerró el contrato, no todos los departamentos estaban de acuerdo con esa decisión y fue en ese momento cuando "ADIF siguió adelante con ella y ejecutó la compra de cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión".
Acusaciones al Tribunal Supremo
Al margen de la reciente querella a Transportes, el exministro del ramo acusaba hace escasos días al Tribunal Supremo de filtrar de forma ilegal sus cobros del Congreso de los Diputados. Una de las personas salpicadas por el 'caso Cerdán' defendía que “no hay nada delictivo en lo cobrado en diez años por las rentas de mi (su) trabajo”. “Todo está en orden y declarado a Hacienda, como no podía ser de otra manera”, aseguró.
En esta línea, Ábalos hizo hincapié en que “lo verdaderamente ilícito está en la filtración a los medios de comunicación de la respuesta del Congreso a lo solicitado por el Señor Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo antes de ser comunicada a las partes”. Por ello, acusó también que se hayan filtrado “por ejemplo, los justificantes de gastos de manutención en viajes oficiales o la relación de los datos del kilometraje por los desplazamientos a los que tienen derecho los diputados y las diputadas de las circunscripciones de fuera de Madrid”.
“Viendo tanta diligencia mediática, resulta muy curioso que de los 350 diputados en esta XV Legislatura, únicamente despierten interés y llame la atención mi nómina, mis dietas o mis gastos de viajes y desplazamientos de trabajo”, apuntó. Y concluyó, todo ello en X: “Y ya lo definitivamente llamativo, es que la investigación genere tantas sospechas, tanto oficio policial y tanto mandamiento para terminar llegando al mismo punto de partida y comprobar al final que lo declarado a Hacienda era lo cierto. ¿Cómo es esto: primero se generan sospechas y luego se investiga? ¡Qué raro todo!”.