La crisis del coronavirus ha tenido un gran impacto en trabajadores, empresas y autónomos. Estos se han visto obligados a dejar de realizar su labor debido al parón por el primer decreto del estado de alarma de marzo y las posteriores restricciones para contrarrestar el avance del virus en las diferentes olas. Así, el Gobierno de coalición ha trabajado en paquetes de medidas y ayudas económicas y sociales, entre las que se encuentran las relativas a la materia de vivienda y, en concreto, las dirigidas a los hogares más vulnerables.
Desde el mes de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha y prorrogado moratorias hipotecarias y del alquiler, al igual que una línea específica del ICO para pagar la renta. También se han prohibido los desahucios y el corte de suministros básicos. Esta medida se prolongará durante la vigencia del estado de alarma actual, hasta el 9 de mayo, después de un largo tira y afloja en el seno del Gobierno y entre sus socios que concluyó con la publicación de un real decreto el pasado mes de diciembre.
Respecto a la iniciativa que ha apostado por la moratoria hipotecaria, un total de 381.774 familias se han visto beneficiadas de ella. Así, 276.237 asalariados y 105.537 autónomos han podido seguir con sus inmuebles gracias a estas moratorias legales con garantía hipotecaria hasta el mes de octubre. Consultado por ElPlural.com, Miguel Ángel Heredia, diputado socialista por Málaga, ha respaldado el “gran compromiso del Gobierno con los más necesitados”: “Ha evitado que casi 400.000 familias quedasen sin un techo y, también, que el sistema financiero español se vuelva a enfrentar a otra crisis del ladrillo”.
Estos datos sobre los desahucios que se han evitado contrastan, según Heredia, con la política de vivienda que se llevó a cabo durante la crisis de 2008: “Con el PP sí hubo desahucios y 400.000 familias perdieron su vivienda. Incluso hubo años donde llegaron a aumentar los desahucios más de un 13%”. Además, ha recordado otras medidas sociales que se han adoptado en los últimos meses para afrontar las consecuencias de la pandemia, como la renta mínima, la prohibición de cortes de suministros básicos o los ERTE, que han protegido a 5,5 millones de trabajadores.
