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El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de España. Después de décadas de asesinatos, secuestros, extorsión y amenazas, la organización terrorista ponía fin a la violencia. Quince años después, la democracia española puede celebrar una victoria histórica: ETA ya no existe. Sin embargo, el aniversario vuelve a evidenciar las dificultades para construir un reconocimiento compartido de aquel logro.
La desaparición de ETA, formalizada en 2018, transformó la vida cotidiana en Euskadi y abrió una etapa política marcada por la ausencia de violencia terrorista. Quienes antes necesitaban escolta pudieron recuperar su libertad de movimientos. Las diferencias ideológicas, que ETA pretendió condicionar mediante el miedo, dejaron de estar sometidas a la amenaza de sus atentados. Y una generación de jóvenes ha crecido sin conocer el terrorismo que marcó la vida de sus padres y abuelos.
La normalidad de hoy es, precisamente, la dimensión de aquella victoria que corre el riesgo de quedar eclipsada por las disputas sobre el pasado.
Una conquista colectiva, más allá de las siglas
El final de ETA no puede entenderse como el mérito exclusivo de un partido o de un gobierno. Fue el resultado de un largo proceso en el que intervinieron la acción policial y judicial, la cooperación internacional, el trabajo de las instituciones democráticas y el rechazo de una parte cada vez mayor de la sociedad a la violencia.
También tuvo un papel fundamental la movilización ciudadana. Durante décadas, colectivos como Gesto por la Paz ocuparon las calles para denunciar el terrorismo y defender los derechos humanos. Sus concentraciones silenciosas contribuyeron a romper el miedo y a demostrar que rechazar a ETA no exigía compartir unas mismas ideas políticas, sino defender unas reglas básicas de convivencia.
En enero de 2011, meses antes del anuncio definitivo de ETA, más de un millar de personas recorrieron Bilbao convocadas por Gesto por la Paz para exigir su desaparición incondicional. Aquel movimiento, que llegó a contar con cerca de 175 grupos en los años noventa, fue uno de los referentes de la movilización pacifista vasca.
La sociedad civil no estuvo sola. Policías, guardias civiles, jueces, responsables políticos y ciudadanos anónimos contribuyeron, desde ámbitos muy distintos, al final del terrorismo. También lo hicieron quienes se negaron a guardar silencio frente a los asesinatos y quienes, desde las instituciones y la política, trabajaron para que la violencia desapareciera.
El propio José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno cuando ETA anunció el cese definitivo, reconoció aquel 20 de octubre de 2011 la aportación de los sucesivos gobiernos democráticos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El final de ETA fue una conquista colectiva, aunque eso no significa que todas las responsabilidades históricas fueran iguales. La organización terrorista fue responsable de la violencia que ejerció. La ciudadanía y las instituciones democráticas contribuyeron a ponerle fin.
Quince años después, la política sigue disputándose el relato
Pese a la trascendencia histórica de aquel acontecimiento, el aniversario vuelve a estar atravesado por la confrontación política. En estos quince años, el debate sobre cómo terminó ETA, quién contribuyó a su desaparición y qué lectura debe hacerse de su pasado se ha convertido en un terreno de disputa entre partidos.
En algunos discursos de dirigentes del PP y Vox, la organización terrorista continúa apareciendo como una realidad política presente, pese a que abandonó las armas en 2011 y se disolvió formalmente siete años después. La identificación de ETA con EH Bildu, una coalición legal que participa en las instituciones democráticas, constituye uno de los puntos de confrontación del debate político actual.
Pero la persistencia de una disputa sobre ETA no equivale a la persistencia de ETA. El terrorismo terminó y esa realidad no depende de las interpretaciones partidistas sobre las consecuencias políticas de su desaparición.
Eso no elimina las preguntas pendientes sobre el reconocimiento del daño causado, la responsabilidad de quienes legitimaron la violencia o el derecho de las víctimas a obtener verdad y justicia. Son cuestiones que forman parte de la memoria democrática y que pueden abordarse sin poner en duda el final de la organización terrorista.
La dificultad está en construir un relato que reconozca la pluralidad de quienes contribuyeron a acabar con la violencia sin diluir la responsabilidad de quienes la ejercieron. Y, al mismo tiempo, en evitar que la legítima discusión sobre el pasado termine ocultando los avances conseguidos desde entonces.
Una generación que solo ha conocido la paz
La prueba más evidente de lo que significó el final de ETA está en las calles del País Vasco. Allí donde durante décadas hubo ciudadanos amenazados, representantes públicos escoltados y familias condicionadas por el miedo, hoy transcurre una vida cotidiana sin la amenaza de la organización terrorista.
Los jóvenes que cumplen quince años este 2026 han crecido en una Euskadi en la que ETA ya no mata. No han conocido los atentados, los secuestros ni las campañas de extorsión como parte de su presente. Para ellos, la violencia terrorista pertenece a una historia que deben aprender, pero que no han tenido que sufrir.
Esa es una de las grandes transformaciones democráticas de estos quince años: el miedo a ETA ha dejado de formar parte de la vida cotidiana de una generación entera.
También ha cambiado el escenario político. Hoy, independentistas, nacionalistas y no nacionalistas defienden sus proyectos desde las instituciones y el debate público, sin la intervención de una organización terrorista que pretendía imponer sus objetivos mediante las armas.
El final de la violencia no acabó con las diferencias ideológicas ni con los desacuerdos sobre el futuro de Euskadi. Pero sí eliminó la amenaza terrorista que durante décadas condicionó el ejercicio de las libertades.
Recordar a las víctimas también es celebrar el final de ETA
La celebración de los quince años sin terrorismo no implica olvidar a quienes lo sufrieron. Al contrario, la memoria de las víctimas es inseparable de cualquier reconocimiento del triunfo de la democracia frente a ETA.
La organización asesinó a 858 personas a lo largo de su historia. Detrás de esa cifra hay familias que siguen viviendo con las consecuencias de una violencia irreparable. También quedan responsabilidades judiciales pendientes: 379 crímenes figuran todavía sin esclarecer, según los datos publicados por la cadena pública.
La ausencia de atentados no borra ese pasado. Tampoco resuelve automáticamente las demandas de justicia, memoria y reconocimiento. Pero permite que las nuevas generaciones vivan sin sufrir la misma amenaza.
Esa convivencia entre memoria y futuro fue una de las aspiraciones de los movimientos pacifistas que se enfrentaron a ETA. Gesto por la Paz, que acordó su disolución en 2013 tras 28 años de actividad, defendió la necesidad de construir una memoria basada en la deslegitimación de la violencia y el reconocimiento de sus consecuencias.
Una victoria democrática que merece ser contada
Quince años después, el final de ETA sigue siendo uno de los grandes éxitos de la democracia española. Una victoria que no pertenece exclusivamente a ningún partido y que tampoco necesita de un relato uniforme para ser reconocida.
La sociedad española puede seguir discutiendo cómo se llegó a aquel 20 de octubre de 2011, qué responsabilidades quedan pendientes y qué memoria debe transmitirse a las próximas generaciones. El debate democrático forma parte de esa nueva realidad. Pero, por encima de las disputas políticas, hay un hecho que permanece: ETA desapareció, sus atentados terminaron y la sociedad vasca recuperó libertades que durante décadas estuvieron amenazadas.
Quince años después, España todavía discute cómo contar el final de ETA. Pero tiene una victoria democrática que celebrar: que nunca más haya que vivir bajo su amenaza.
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