La debacle electoral de Pablo Casado ha sumido casi en la ruina al Partido Popular, y no hablamos en términos políticos, que también, sino en un sentido económico. Los populares han perdido en subvenciones más de cinco millones por lo que el partido quedó abocado a un ERE. Un clásico: recortar en personal para hacer frente al agujero de las arcas. Los despidos ya han comenzado, y no lo han hecho precisamente exentos de polémica.
El Partido Popular ha comunicado oficialmente su despido a al menos seis trabajadores, dos del Congreso y cuatro del Senado.
Todos los afectados (conocidos, podría haber más) tenían contrato fijo y más de 30 años de antigüedad a sus espaldas, condición que no ha impedido que el PP les haya trasladado al Grupo Parlamentario en “excedencia forzosa”. Al menos, tuvieron el detalle de informarles de que se les “reserva la plaza, categoría, nivel, trienios y demás derechos”.
Pero los de Casado han ido un paso más allá. Según informa la Cadena SER, el PP les ha comunicado que han pasado a ser “eventuales” y les ha despedido con 12 días de indemnización por año trabajado y limitando a cuatro años su antigüedad (duración de una legislatura); rebajando así la cuantía del finiquito que entre los seis ascendería a casi un millón. Con esta maniobra les abonará 37.000 euros (entre todos). El ahorro es del 96,5%.
Asimismo, el partido ha pedido a los ujieres del Congreso de los Diputados que no les deje entrar en la cámara. La SER tiene en su haber una carta en la que uno de ellos explica que "el pasado 23 de mayo al llegar a trabajar en mi turno de mañana encontré una nota manuscrita indicando que les impidiera el acceso (...) por instrucción de dos responsables populares”.
En este sentido, los ujieres advierten que esa decisión solo le corresponde al Portero Mayor.
Por otra parte, la emisora recoge testimonios de expertos en derecho laboral que dudan de la legalidad de la maniobra ya que no se puede transformar un contrato indefinido en eventual en función del destino del contratado. Se habría pedido un informe a los letrados, pero el PP no ha esperado a conocerlo. En consecuencia, los trabajadores han anunciado que acudirán a los tribunales, por lo que la polémica continuará.