Con motivo del décimo aniversario de la abdicación de Juan Carlos I en Felipe VI, Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con el fin de auditar todo el dinero público destinado a la Casa del Rey, la Familia Real y la manutención, seguridad y representación del emérito en los Emiratos Árabes Unidos desde que se instalara en el país, allá por 2020. Así queda recogido en el texto que ha presentado el Grupo que lidera Gabriel Rufián en la Carrera de San Jerónimo.

Los republicanos precisan que durante esta década han aparecido numerosos titulares que cuestionan la integridad del Emérito y lo sitúan en la órbita de “presuntas corruptelas y abuso de posición”. La presión mediática, recuerdan desde el grupo parlamentario, le obligó a abandonar su país para instalarse en los Emiratos Árabes Unidos en agosto del año 2020. En el texto, abundan que se especula con su vuelta desde entonces, por lo que existen “dudas razonables” sobre los gastos vinculados con su manutención, residencia y seguridad. Una cuestión que, tal y como expresan en la PNL, nunca se ha fiscalizado ni publicado por parte de los poderes públicos.

A ello se le añaden las informaciones sobre sus regularizaciones fiscales, por montantes millonarios, que registraron un gran impacto sobre la ciudadanía, derivando en un sentimiento de “gran inquietud”, pese al archivo de la causa. Los pagos se enmarcaron tras el traslado del emérito a Abu Dabi. Los republicanos recuerdan que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adujo que no existió trato de favor alguno. Sin embargo, resaltan las afirmaciones del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), quienes mantuvieron que siempre existió la posibilidad de acometer una inspección tributaria a Juan Carlos I.

Por tanto, los republicanos tachan este asunto de “trato de favor” que ha devengado en una laceración de la confianza en las instituciones del Estado, pues dos años después de su huida, en 2022, trascendió que personal sustentado con dinero público atendía al monarca emérito pese a haber abdicado en su hijo en 2014. La respuesta gubernamental fue una negativa que a los republicanos no satisfizo. Tampoco lo hace ahora, habida cuenta de esta Proposición No de Ley, que se cimenta sobre investigaciones periodísticas que “pusieron de relieve” que la Casa Real “destina parte de su presupuesto a ‘pluses’ de para personal de varios ministerios que trabajan para la Familia del Rey”. Asimismo, cabe resaltar la partida de 2,5 millones de euros que emana de los Presupuestos Generales del Estado a estos “complementos retributivos”.

Los republicanos entienden que estas partidas dificultan conocer el “gasto público real” que el Estado destina a la manutención de la Corona. Admiten “cierta transparencia” en la cuantía destinada a la Casa Real en las Cuentas Públicas, pero entienden como imperativo la necesidad de “clarificar todas las cuentas y gastos públicos” orientados hacia Zarzuela con el fin de “disipar las dudas” sobre la “más alta magistratura del Estado”.

Transparencia en las cuentas

Para ello, los republicanos han diseñado esta Proposición No de Ley que deberá someterse a debate en la comisión Constitucional. En el texto registrado por el grupo que encabeza Rufián se insta al Ejecutivo a “elaborar” en el plazo de tres meses una auditoría “de todos los gastos atribuibles a cualesquiera de los departamentos del Gobierno y/o instituciones destinados a los miembros de Casa Real y de la Familia Real”. Su resultado quedaría patente en un informe desglosado por departamentos y atribuciones.

En segundo lugar, también con un plazo de tres meses, reclaman un informe paralelo con todos los gastos atribuibles a todo departamento gubernamental que se destine a la “manutención, seguridad y representación” de Juan Carlos I durante su estancia en los Emiratos. Como el anteriores, el resultado de esta auditoría quedará plasmado en un informe pormenorizado. En último término, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes deberá presentar los informes previstos en los anteriores puntos ante la Comisión Constitucional del Congreso, a modo de paso previo a su posterior publicación en el Portal de Transparencia.

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