El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha parado el plan de la Generalitat de privatizar la explotación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública que gestiona el agua del área metropolitana de Barcelona, que consumen casi cinco millones de catalanes. El Tribunal ha dado la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya, que considera que la oferta de la adjudicataria no cumple los requisitos de inversiones fijados en el pliego de condiciones del concurso. Esto significa que el concurso debía adjudicársele a Agbar, la otra empresa que aspiraba a conseguir el contrato.
Un contrato de 1.000 millones de euros
Se trata de un contrato de 1.000 millones de euros y una vigencia de 50 años. Si finalmente se anula la adjudicación a Acciona, el Gobierno de Artur Mas tendrá serios problemas para cumplir con el déficit. En diciembre, tras la adjudicación, la Generalitat consiguió un adelanto de 298 millones de Acciona que le permitió cerrar 2012 con un déficit del 1,96%.
Precisamente, la Generalitat ha alegado esto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para defender la adjudicación. Asimismo, los perjuicios económicos que le acarreará, al tener que pagar a Acciona una indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal le ha respondido que “si la administración ha tenido una prisa particular por suscribir el contrato”, ha asumido “el riesgo” de que este órgano contractual, “lo anulara”.
Las acciones que anuncian Acciona y Agbar
El recurso presentado por la Generalitat ni los otros dos planteados por Acciona han convencido a la Sección Quinta de la Sala Contencioso-administrativo del TSJC, que rechaza la ejecución de las medidas cautelares que demandaban. El Alto tribunal considera que “no haber lugar a suspender la efectividad de la resolución impugnada del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales”.
Acciona ha dicho que sigue siendo la titular del servicio y que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Su competidora Agbar ha anunciado que si la Generalitat solicita la suspensión del auto, la compañía solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña “la inmediata ejecución de la resolución” del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya.
La Generalitat tiene claro su plan de privatizar
La Generalitat se debate entre adjudicar el contrato a Agbar o recurrir a favor de Acciona para no tener que hacer frente a la indemnización por daños y perjuicios . Todo, menos que Aguas Ter-Llobregat (ATLL) vuelva a ser pública. Aparte de la repercusión en el déficit, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en declaraciones recogidas por El País, ha afirmado que la Administración catalana es incapaz de “atender las necesidades generadas por las pérdidas de la empresa”, que en los últimos cinco años sumaron 128 millones de euros. La deuda de la entidad pública suma 850 millones de euros.
Un contrato de 1.000 millones de euros
Se trata de un contrato de 1.000 millones de euros y una vigencia de 50 años. Si finalmente se anula la adjudicación a Acciona, el Gobierno de Artur Mas tendrá serios problemas para cumplir con el déficit. En diciembre, tras la adjudicación, la Generalitat consiguió un adelanto de 298 millones de Acciona que le permitió cerrar 2012 con un déficit del 1,96%.
Precisamente, la Generalitat ha alegado esto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para defender la adjudicación. Asimismo, los perjuicios económicos que le acarreará, al tener que pagar a Acciona una indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal le ha respondido que “si la administración ha tenido una prisa particular por suscribir el contrato”, ha asumido “el riesgo” de que este órgano contractual, “lo anulara”.
Las acciones que anuncian Acciona y Agbar
El recurso presentado por la Generalitat ni los otros dos planteados por Acciona han convencido a la Sección Quinta de la Sala Contencioso-administrativo del TSJC, que rechaza la ejecución de las medidas cautelares que demandaban. El Alto tribunal considera que “no haber lugar a suspender la efectividad de la resolución impugnada del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales”.
Acciona ha dicho que sigue siendo la titular del servicio y que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Su competidora Agbar ha anunciado que si la Generalitat solicita la suspensión del auto, la compañía solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña “la inmediata ejecución de la resolución” del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya.
La Generalitat tiene claro su plan de privatizar
La Generalitat se debate entre adjudicar el contrato a Agbar o recurrir a favor de Acciona para no tener que hacer frente a la indemnización por daños y perjuicios . Todo, menos que Aguas Ter-Llobregat (ATLL) vuelva a ser pública. Aparte de la repercusión en el déficit, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en declaraciones recogidas por El País, ha afirmado que la Administración catalana es incapaz de “atender las necesidades generadas por las pérdidas de la empresa”, que en los últimos cinco años sumaron 128 millones de euros. La deuda de la entidad pública suma 850 millones de euros.