Desde hace semanas fuentes del Ministerio de Interior filtraban a la prensa que se modificaría la Ley para evitar los actos de vandalismo con los que terminan algunas manifestaciones, poniendo siempre el ejemplo de lo que ocurre en Barcelona donde están instalados desde hace años grupos antisistema violentos. Lo que no explicaban es el verdadero motivo: El Gobierno tiene pánico a un otoño caliente y a que “se incendie la calle”, según ha podido saber ELPLURAL.COM de fuentes policiales.
Las “novedades” anunciadas por el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, este miércoles en el Congreso de los Diputados a buen seguro provocarán polémica por su extrema dureza. Concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como internet y las redes sociales será “delito de integración en organización criminal”, así como “alterar gravemente el orden público”. Estamos hablando de un delito grave, penado con cárcel y que plantea algunas dudas jurídicas, como por ejemplo ¿quién decide que una concentración convocada por internet es violenta y por tanto delito?
Pero además será delito entrar u obstaculizar el acceso a establecimientos públicos, es decir, será delito la protesta que hasta ahora realizaban grupos de jóvenes que entraban en sucursales bancarias, sin provocar daño alguno, con carteles para denunciar los abusos de las entidades financieras. También sería delito, de prosperar esta Ley, encerrarse en un ayuntamiento, en un Ministerio o en la Presidencia de una Comunidad Autónoma.
Y hay más, la “resistencia pasiva” también será atentado contra la autoridad, es decir participar en una sentada en la calle y negarse a levantarse pasa a ser delito y no una falta. Un ejemplo, la sentada de los alumnos de secundaria en Valencia podría ser delito.
El ministro afirmó que su deseo es considerar “como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las Fuerzas de Seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas”.
Además Jorge Fernández ha dicho que su Ministerio prepara esta reforma desde hace dos meses en colaboración con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. De prosperar estas “reformas” del PP, Gallardón sumará su nombre al peor retroceso en derechos civiles de la democracia.
Las “novedades” anunciadas por el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, este miércoles en el Congreso de los Diputados a buen seguro provocarán polémica por su extrema dureza. Concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como internet y las redes sociales será “delito de integración en organización criminal”, así como “alterar gravemente el orden público”. Estamos hablando de un delito grave, penado con cárcel y que plantea algunas dudas jurídicas, como por ejemplo ¿quién decide que una concentración convocada por internet es violenta y por tanto delito?
Pero además será delito entrar u obstaculizar el acceso a establecimientos públicos, es decir, será delito la protesta que hasta ahora realizaban grupos de jóvenes que entraban en sucursales bancarias, sin provocar daño alguno, con carteles para denunciar los abusos de las entidades financieras. También sería delito, de prosperar esta Ley, encerrarse en un ayuntamiento, en un Ministerio o en la Presidencia de una Comunidad Autónoma.
Y hay más, la “resistencia pasiva” también será atentado contra la autoridad, es decir participar en una sentada en la calle y negarse a levantarse pasa a ser delito y no una falta. Un ejemplo, la sentada de los alumnos de secundaria en Valencia podría ser delito.
El ministro afirmó que su deseo es considerar “como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las Fuerzas de Seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas”.
Además Jorge Fernández ha dicho que su Ministerio prepara esta reforma desde hace dos meses en colaboración con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. De prosperar estas “reformas” del PP, Gallardón sumará su nombre al peor retroceso en derechos civiles de la democracia.