El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (i) ,acompañado por el jefe superior de Policía en Murcia, Cirilo Durán (c) y el coronel de la Guardia Civil en Murcia, José Ortega Rodríguez (d), durante el acto central de celebración del Día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios patronos del Cuerpo, en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia.EFE



El exconcejal de Seguridad del Ayuntamiento de Coslada Fernando Atienza ha sido condecorado con una placa conmemorativa por “su inestimable colaboración” durante el tiempo que estuvo al frente de los servicios policiales y de emergencias del municipio.

El reconocimiento fue entregado por los responsables de la Comisaría de Coslada con motivo de la celebración del Día del Policía. Atienza, quien dejó su escaño en el Ayuntamiento tras ir como número ocho en las listas del PP, que obtuvo siete escaños en las últimas elecciones, ha sido imputado por dos causas.

En primer lugar y por lo que se entiende que es conocido, fue por la agresión a un anciano que protestaba por el fraude de las preferentes en la plaza mayor de la localidad, donde se estaban celebrando las fiestas patronales. En ese instante, el edil se acercó por detrás y le soltó una patada en la pierna. Acción que le costó su cargo y una indeminización.

El hecho se desarrolló el 7 de junio de 2013. Un año después de propiciarse la patada se instruyó el caso y el exresponsable de Seguridad fue condenado a pagar una multa de 650 euros por el Juzgado número 2 de Coslada. Tras esta sentencia, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial ratificó la cantidad a abonar por Atienza y le impuso el coste de las tasas judiciales por el proceso tramitado en el Juzgado número 2.

Por otro lado, se encuentra actualmente imputado y procesado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Coslada, que le investiga a él y al exjefe de la Policía Local, Gabriel Ángel Cerrato, por acoso laboral sobre el anterior jefe del cuerpo, Ginés Jiménez Buendía. Es sospechoso de coacción, lesiones, prevaricación y un delito contra la integridad moral, al no delegar las funciones que como oficial le correspondían al jefe del cuerpo, Jiménez Buendía.