En marzo de 1999 se montó en el Congreso un buen lío. Saltó a la luz que Josep Piqué, por entonces ministro portavoz del Gobierno de José María Aznar, tenía una empresa que utilizó, entre otras cosas, para realizar lo que él mismo calificó en pleno debate político como “optimización fiscal”. O sea, que se aprovechaba de la sociedad para pagar menos impuestos por sus propiedades que como persona física.

Empresas en gananciales

La empresa que utilizaba en aquel entonces Piqué se llamaba Loreto Consulting y era una S.L. que poseía en bienes gananciales con su esposa de entonces. En medio del escándalo se escucharon en los escaños y se leyeron en los periódicos frases y titulares como “defraudador tributario”, “Rasputín de mierda” o “actuaciones fraudulentas”.

La situación de Josep Piqué encuentra un paralelismo aparente casi total con la que vive otro ministro. En este caso actual. El de Justicia, Rafael Catalá. En concreto, el ministro posee, según él mismo ha reconocido en su declaración de bienes al Congreso, el 49,7% de una sociedad que se llama Pocat Consultoría and Management S.L., y cuya administradora y propietaria del resto de las participaciones es su esposa, María Ángeles Martínez Esteban.

Declaracion 2014 de Pocat

La empresa, fundada en 2008 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, declaraba al cerrar el año 2014 un activo no corriente de 518.955 euros, de ellos inversiones mobiliarias por valor de 398.348,27 euros. El propio ministro, en su declaración de bienes presentada al Congreso al que nos hemos referido, dice haber adquirido a través de Pocat una vivienda y una plaza de aparcamiento en Alicante, otra en Madrid, y una parcela urbana en Pontevedra.

"Optimización fiscal"

Puestos en contacto con empresas de asesoría fiscal, los expertos han explicado a ELPLURAL.COM que este tipo de empresas se monta con la intención, como en su día apuntó como justificación Josep Piqué, “optimizar fiscalmente” las inversiones. El hecho en sí no es ilegal, nos apuntan, si se realiza conforme a las reglas que impone Hacienda para estos casos.

Pero resulta éticamente debatible en un ministro, puesto que cuando constituyen una sociedad de este tipo, los propietarios pasan a beneficiarse doblemente de lo que en principio está pensado para las actividades empresariales. Esos beneficios son, por un lado, la posible imputación en la declaración de desgravaciones por gastos que un ciudadano no puede aplicar, y por otro, un tipo de imposición menor.

Cambios en el cargo de Administrador de la empresa familiar del ministro Catalá

En el caso de Pocat, creada como hemos dicho en 2008, su capital suscrito es de 183.200 euros, y su objeto social declarado el de “asesoramiento, consultoría y o tramitación documental”. El administrador de Pocat S.L. desde su creación fue Rafael Catalá Polo (como su nombre delata), hasta que el dos de enero de 2012, diez días después de su nombramiento como Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, pasó el cargo a su esposa, María Ángeles Martínez.